Peligros, amenazas y emergencias son identificados y clasificados en orden de importancia y gravedad, tanto que cualquiera que sea su catalogación difícilmente se podría calificar de incompleta o subjetiva. Seguramente, sin embargo, hay que añadir la superpoblación, la subalimentación, la pobreza masiva, el envenenamiento atmosférico, el efecto invernadero, el calentamiento global, los cambios climáticos, la deforestación, la desertificación, la erosión y degradación del suelo, la escasez de agua…

Las causas de tales fenómenos también son distintamente enumeradas y clasificadas. Las referencias más frecuentes son el consumismo, el desigual reparto de la riqueza, el desarrollo económico, la introducción y difusión de nuevas tecnologías.

Por otro lado hay que considerar un factor institucional y típico del capitalismo moderno, cuya relevancia puede, con toda verosimilitud, considerarse preeminente.

El orden institucional del sistema socioeconómico implantado a nivel global atribuye un papel fundamental, y en la práctica dominante, a las empresas y a las clases negociantes y financieras que lo constituyen y gestionan. Estos sujetos y las empresas tienen como objetivo y razón de ser el beneficio, es decir, la consecuencia de una diferencia positiva entre producto y coste, y que sea la máxima posible.

El objetivo de la empresa no es la producción de bienes y servicios, ni el incremento del empleo, ni la modernización de la sociedad, ni el progreso científico y tecnológico, ni mucho menos la resolución de los problemas del planeta o de la humanidad, ni siquiera cuando están estrechamente ligados a la comunidad nacional o local en la que opera.

Efectos colaterales vistos positivamente por las poblaciones implicadas se pueden producir cuando la casualidad hace coincidir el interés del beneficio de la empresa con el de los trabajadores, los consumidores, el progreso, la salud, el medio ambiente, las generaciones futuras, etc. Con mucha frecuencia sucede lo contrario, es decir, que el intento de maximizar los beneficios conduzca a la empresa a trabajar en contraste con el interés general de la comunidad donde opera, de la humanidad entera y del planeta, con frecuencia transgrediendo normas legales promulgadas para tutelar bienes y valores colectivos.

De hecho, no se puede pretender que instituciones como la empresa, encaminada al beneficio, contradigan espontáneamente su razón de ser en interés de otros sujetos o por finalidades que le son ajenas.

La experiencia ha demostrado que quienes adoptasen un comportamiento similar no entrarían en el juego de la competencia de los diversos operadores que, al contrario, continuarían coherentemente aprovechando, sin ningún escrúpulo, cualquier ocasión que les permitiera los mayores beneficios ofrecidos por el sistema, e invariablemente los demás se verían marginados de su sector de actividad.

Obviamente, todo esto no es ignorado por muchos filósofos, sociólogos, politólogos e incluso por algunos economistas, sobre todo los de la escuela institucionalista. Se admite, sin embargo, y a veces explícitamente, que el sistema socioeconómico dominante comporta a menudo el uso ineficaz, el derroche e incluso la destrucción y el deterioro irreversible de recursos irreproducibles indispensables para la vida humana y de los demás seres vivos. Pero se cree que, con todos sus defectos, al menos en teoría más que en la práctica efectiva, en los principios de la libre iniciativa empresarial privada, de la competencia y de la soberanía del mercado, hay que preferirlo a otros sistemas que, por otra parte, parece que han sido definitivamente condenados por la Historia. Por otro lado, los sistemas autodenominados socialistas supervivientes, como la República Popular China, no hacen más que desacreditar o contradecir groseramente los principios que, en teoría, afirman ser su fundamento.

Contemporánea y sucesivamente a la crisis, a la caída y a la consiguiente fragmentación de la URSS y del bloque soviético, se han desencadenado y avanzado, expandiéndose a nivel global, los principios del liberalismo económico y su consiguiente desreglamentación.

Acabada la era de los dos bloques contrapuestos, con la desaparición del enemigo histórico, ya no hay impedimentos para la maximización a cualquier precio del beneficio y la profundización de la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza a favor de las clases negociantes y financieras. Han sido eliminados, o reducidos drásticamente cuando existían, los límites, prohibiciones, reglamentaciones, escalas móviles del impuesto sobre la renta, gasto público a favor de las clases medias-bajas, y todo ello a favor del principio según el cual el Estado es el problema, no la solución. Todo hace pensar que tal tendencia ha agravado notablemente la situación.

En primer lugar, no hay duda de que la crisis iniciada en 2007, y cuyas trazas perduran en 2013, se desencadenó por la praxis anormal consentida y de hecho jaleada por la abolición de gran parte de la normativa que regulaba la actividad financiera.

En segundo lugar, el hecho de que haya sido drásticamente redimensionado el papel del Estado –aunque, a decir verdad, no cuando se trata de la industria militar, de las multinacionales y de la banca de negocios y las grandes sociedades financieras y aseguradoras- no ha eliminado ninguno de los problemas que afligen a la humanidad del siglo XXI.

Las empresas privadas no tienen interés en afrontarlo, porque su solución a largo plazo no permitiría la consecución de beneficios inmediatos, que es lo que les interesa.

No pueden ser sino las comunidades nacionales e internacionales las que desarrollen las necesarias actividades de dirección, coordinación y financiación, puestos a intentar dar con una solución posible.

Francesco Mancini

(Sicilia Libertaria)

Publicado en el número 312 del periódico anarquista Tierra y libertad (julio de 2014)