Dicen que la historia la escriben los vencedores. Además se modifica con el tiempo para que continúe siendo la verdad oficial. En la España de 1939 el vencedor fue el capital. El golpe de Estado de julio de 1936 y el conflicto que siguió a su derrota eliminó casi por completo cualquier posibilidad de cambio social. Fuera el liberal-burgués republicano o el socialdemócrata socialista. También quedó barrido el proceso revolucionario iniciado como respuesta a la sedición. A la muerte del dictador en 1975 su régimen se transformó en monarquía parlamentaria y la verdad histórica apenas se modificó. Había pasado de presentarse como una cruzada contra la masonería y el comunismo a considerarse una desgracia colectiva en la que “todos fueron culpables”. Como parte del pacto de amnesia, lo ocurrido desde 1936 apenas era referencia a una edad de oro democrática que iba a recuperarse con la reconversión de las estructuras franquistas.

A ello se aprestaron gran parte de los actores políticos y sociales que coincidieron en seguir condenando a la población al estado de dependencia económica y política y mantener el paternalismo desarrollista de la dictadura. Condescendencia franquista que nunca dejó de utilizar las políticas de terror y corrupción que le habían caracterizado desde el verano de 1936. Hoy, superada la primera década del siglo XXI, la Academia mantiene parecida interpretación histórica del golpe de Estado, de la revolución que le siguió y de la guerra en la que finalmente desembocó. Además ha aparecido un fuerte fenómeno revisionista y una esforzada actividad de algunos sectores sociales, que ha contado con cierto apoyo electoralista de socialistas y comunistas, que busca normalizar de una vez la tremenda situación de vergüenza e indefensión de los vencidos setenta y cinco años antes.

Nunca derrotado, el fascismo español ha mantenido la cabeza alta ante cualquier intento de reclamar o practicar políticas de verdad, justicia y reparación. No duda en recordar la culpabilidad colectiva, reclamar el cumplimiento de los pactos de amnesia e impunidad de la Transición y negar los más elementales derechos humanos con el pretexto de que se reabren viejas heridas. Mientras, la administración del Estado no actúa de forma decidida y mantiene viejas políticas subvencionadoras. Las administraciones llamadas de izquierdas se han mostrado dubitativas, cuando no se han opuesto, a la hora de actuar en ese enredado mundo que llamamos de la Memoria Histórica. El resultado ha sido que la mayor parte de la historiografía actual, en especial la del mundo universitario, mantiene intactas las más rancias versiones sobre el conflicto español y no se atreve a hundir el cuchillo de la investigación. En algunos casos bien saben que lo que van a encontrar no sólo es terrible y complejo sino que, además, no es políticamente correcto.

Pero siempre quedan resquicios por donde se introducen otras versiones, incluso la de los perdedores. En esos casos las reacciones suelen ser de indignación, descalificación y, especialmente, de negación de su veracidad. En especial lo referente al anarquismo levanta urticaria. Los intentos de acercarse a él lo menos que se despachan son con la descalificación indulgente del “claro cómo es, o está cercano, al mundo ácrata… pues ya se sabe”. Como si los historiadores, incluyendo los académicos, no tuvieran su visión del mundo. Por supuesto los “comprensivos” con el anarquismo no tienen ni idea de los instrumentos historiográficos, ni honestidad investigadora.

Ya se ha señalado que, a diferencia de otros regímenes europeos totalitarios, el fascismo español nunca ha sido derrotado. Articulado en torno a un Ejército cuya única victoria en los últimos ciento cincuenta años ha sido la que una parte de él obtuvo tras insubordinarse contra sus mandos, logró sortear los escollos durante casi cuarenta años hasta llegar al bonancible puerto de la conversión del régimen en una monarquía parlamentaria cuya cabeza ocupó Juan Carlos de Borbón tal como había sido previsto por el dictador. Esta situación de impunidad ha originado que los sectores políticos y sociológicos ligados a la dictadura mantengan una actitud altanera y se consideren todavía los únicos legitimados para decidir sobre determinadas situaciones.

¿Se atrevería alguien a decir públicamente que en la guerra entre italianos o franceses con sus regímenes fascistas de Mussolini y Petain, todos fueron igualmente responsables de los hechos sangrientos que se desarrollaron? ¿Mantendrían cualesquiera de esas administraciones la actitud vergonzante que las españolas tienen, en diferente grado formal pero coincidentes en el fondo, respecto a la actuación de los sediciosos de 1936 y del régimen que construyeron por la razón de la fuerza? Piense el lector en los miles de desaparecidos físicos y legales todavía hoy existentes; la oposición, cuando no destrucción, a la exhumación de los restos de muchos de esos miles de asesinados que siguen orlando carreteras, campos y fosas comunes de cementerios de este país; el no reconocimiento del trabajo esclavo que durante años sufrieron decenas de miles de presos o las trabas judiciales a la inscripción en los registros civiles de las víctimas del holocausto español por utilizar el título del nada sospechoso de extremismo hispanista inglés Paul Preston 1.

En 1936 la finalidad última de los golpistas era evitar que avanzara el proceso transformador y revolucionario en marcha desde hacía décadas en España que se aceleró durante la Segunda República. No se trataba, como difundieron los golpistas, de que existiera otro golpe de Estado, de carácter “comunista”, que hundía sus raíces en la revolución popular de Octubre de 1934 en Asturias. Una teoría muy querida a autores tipo Pío Moa o César Vidal, que pretenden justificar la sedición. Aunque lo que está suficientemente demostrado es que la única conspiración, permanente desde 1931 por cierto, fue la que los diversos sectores reaccionarios emprendieron contra el régimen republicano y sus reformas; la de quienes caracterizaron como revolucionarias cualquier reivindicación social; la de quienes participaron en la sublevación del general Sanjurjo en agosto de 1932; la de quienes, perdidas las esperanzas de alterar la propia naturaleza del régimen, organizaron la matanza que comenzó la tarde del 17 de julio de 1936.

El reformismo democrático republicano no era la única aspiración de la población española. También existía un mundo alternativo, una cultura radical, cuyo objetivo último era la transformación completa de las relaciones sociales basándose, en muchos aspectos, en planteamientos anarquistas. La sedición fue la que catalizó las energías para que el proceso revolucionario se desencadenara. No era esa la situación de la España surgida de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Tras más de dos años de práctica desaparición orgánica la CNT –la organización que mayoritariamente vehiculaba ese mundo alternativo- volvía a resurgir entre debates sobre las tácticas utilizadas, la aparición de nuevos problemas, como el desarrollo del comunismo estatalista desde octubre de 1934, o la necesidad de plantear nuevas propuestas a la sociedad española.

No era una situación nueva. Como ha escrito el historiador Graham Kelsey, las crisis cenetistas eran oceánicas desde su origen 2. Pero más allá de ellas, de su falta de homogeneidad geográfica y de sus diferentes corrientes, la CNT acogía a la gran mayoría de quienes se sentían radicales, revolucionarios. En 1936 el anarcosindicalismo rehizo sus filas y propuso a la UGT una “Alianza Obrera Revolucionaria” que no sólo le devolvía la iniciativa social sino que recogía el sentir mayoritario del mundo popular. Así se demostró en las jornadas de julio.

Durante la primavera de 1936 existía la decisión de llevar a cabo las reformas esperadas en 1931 y cuyo incumplimiento tantos problemas habían originado. Aunque el contexto no era el mismo ni los protagonistas tampoco lo serían. El golpismo provocaría, con su plan de exterminio de cualquier opción reformista, una brecha en la sociedad española por la que entró a raudales el caudal acumulado durante décadas. Hasta entonces quien había ocupado el papel de “malo de la película”, de protagonista de la violencia, había sido el anarquismo y, por extensión, el anarcosindicalismo de la CNT.

La imagen de un anarquismo amenazante y violento forma parte de otra más general que asocia proceso revolucionario con caos y violencia 3. Una idea que se mantiene hoy cuando se analiza lo ocurrido a partir del golpe de julio de 1936. El planteamiento, aplicado de forma general, es lo que sustenta la vieja idea franquista del “todos fuimos responsables” para justificar la matanza social que cometieron durante el conflicto y perpetuaron en la dictadura. Un hecho asumido por los defensores de la “reconciliación nacional” que han procurado reforzar la idea de violencia igual a revolución protagonizada por los cenetistas. Son los casos, por ejemplo, de Álvarez Junco o Martínez Reverte.

El primero, autor de una tesis doctoral en 1973 convertida en manual de indispensable consulta 4, dispara ahora sus dardos sobre esa ideología “rica y compleja aunque no muy original” y que tiene la “ingenua premisa de la armonía natural de la relaciones humanas” 5. El segundo se afana ardorosamente en encontrar las responsabilidades anarquistas en uno de los iconos de la violencia de 1936, la matanza de Paracuellos, en la que hasta ahora el foco había apuntado hacia el PCE. La Transición española también difundió esa imagen de un violento anarquismo. Diversos autores han estudiado la relación del mundo libertario con la violencia. Tenemos los trabajos de Rafael Núñez Florencio, Julián Casanova y Eduardo González Calleja 6 en los que se concede un papel preponderante a la violencia en las prácticas anarquistas españolas. Así cobran protagonismo montajes policiales como el de la inexistente “Mano Negra” sobre la represión del obrerismo de tendencia antiautoritaria; la figura del Mateo Morral lanzador de bombas sobre su compromiso con el mundo de la Escuela Moderna y la introducción del neomaltusianismo o la acción de los grupos confederales frente al matonismo patronal antes que a la introducción del sindicalismo de masas por la CNT. Ni siquiera la certificación de defunción acordada por la Academia durante el centenario de la fundación de sindicato cenetista ha permitido una imagen más indulgente con un fenómeno que no deja de preocupar 7.

No resulta extraño, por tanto, que los golpistas de 1936 utilizaran esta imagen de incendiarios y terroristas para llevar a cabo la doble labor de desprestigio social y aniquilación de las organizaciones y los hombres y mujeres libertarias. Un estereotipo que llegaba a identificar al jornalero, tanto urbano como rural, andaluz con las tribus rifeñas, considerándolos una raza inferior, una especie de salvajes. De ahí a considerar que, para restablecer la disciplina rota por los procesos democráticos y la expansión revolucionaria, era necesario utilizar los mismos métodos que se empleaban en Marruecos apenas había un paso. Un paso que se dio de forma masiva el verano de 1936 con el empleo de unidades coloniales como fuerzas de choque 8. En el punto de mira estuvieron los anarcosindicalistas, las personas y organizaciones que más en riesgo habían puesto tanto la existencia de la inmutable sociedad tradicional española como trabajado por otra sociedad diferente a la capitalista.

La crítica al poder del anarquismo le diferencia de los restantes “ismos” decimonónicos. De ahí que burguesía democrática, fascismo español e izquierdas socialdemócrata o comunista hayan coincidido en sus ataques contra el anarquismo, en su displicencia ante su presencia y su identificación con el terrorismo o, al menos, con el caos y la ineficacia. Además de atribuirle, en exclusiva, la responsabilidad de todos los excesos cometidos en el verano de 1936.

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El domingo 18 de julio del 2004 Diario de Cádiz insertó un artículo titulado “La historia de Antonio ‘El Malagueño’, una víctima del 18 de julio”. Su autor es Miguel García Díaz, historiador del mundo militar y colaborador habitual en las páginas de ese periódico con artículos en torno a esa fecha. El texto es un ejemplo de la pervivencia de la vieja historiografía franquista, apenas remozada con el uso de algunos términos y una frase final sobre las barbaridades compartidas por los dos bandos en esa “desgraciada contienda civil”, que continúa manteniendo la idea de que la sedición fue necesaria y estuvo justificada. Mientras que la defensa del orden constitucional por el capitán de la Guardia de Asalto Luis Yáñez, jefe de las fuerzas en la ciudad, no dejó de ser “una particular guerra contra el ejército”. Mucho más inconcebible, textualmente, “aunque parezca mentira”, por ser Yáñez militar de carrera.

Miguel García, aunque no lo cite, ha utilizado la instrucción del consejo de guerra que los sediciosos, ya expulsados del Ejército por el gobierno legal, realizaron en marzo de 1937. La número 14 de las sumarias abiertas a raíz de la orden de 3 de marzo que el jefe del llamado Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, dictó para que la política de desinfección social que los golpistas llevaban a cabo desde el verano anterior adquiriera una apariencia de “legalidad” 9. Hasta entonces, salvo en contadas ocasiones, especialmente contra autoridades civiles y militares y cuando quisieron dar un carácter de ejemplaridad pública, habían predominado los asesinatos sin ningún tipo de instrucción. Crímenes que, en su práctica totalidad, habían contado con el conocimiento y la anuencia de los antiguos jefes militares, los auténticos amos de la situación.

El artículo de García Díaz también se hace eco de otras instrucciones sumariales golpistas. En especial de la abierta contra las autoridades de la ciudad que se opusieron al golpe de Estado y se defendieron en diversos edificios de la ciudad 10. Uno de ellos el Gobierno Civil, que se convirtió en el centro neurálgico de la defensa de la legalidad. Una conducta sobre la que el autor hace suyos los planteamientos golpistas. Tilda la llegada de dos concejales a las dependencias de Radio Cádiz como de entrada “pistola en mano” y su alocución llamando a la defensa del régimen y a la resistencia contra los sediciosos como una incitación a “saquear e incendiar el centro de la población y asesinar todos los militares que encontrasen”. Acusaciones que proceden de los testigos de cargo.

De la misma manera son calificados los enfrentamientos que se produjeron las horas siguientes a la sublevación y durante los que se incendiaron una veintena de comercios y casas del centro, algunos edificios religiosos, se destruyó parcialmente la documentación de la Audiencia Provincial, se registraron en busca de armas algunos domicilios particulares y se desarmaron y detuvieron grupos de oficiales del ejército y carabineros. Ninguno de los cuales, fueran apresados por los defensores del gobierno civil o en las calles por “incontrolados”, sufrió el menor daño salvo ser desarmados.

Por contra, para el autor no es condenable en la misma medida la violencia ejercida por unos jefes y oficiales insubordinados, que habían sacado tropas armadas a las calles, sitiado edificios oficiales, disparado contra ellos y la población civil, armado a grupos paramilitares y que aguardaban la llegada de nuevas fuerzas insubordinadas para terminar de hacerse dueños de la población y comenzar el sistemático extermino de quienes consideraban sus adversarios.

No se trata de justificar ninguna violencia pero sí de establecer grados de responsabilidades en que se desatara y en su ejecución. Durante las apenas 24 horas en que la suerte de la ciudad estuvo indecisa la única víctima de los defensores de la legalidad y de los llamados incontrolados fue un corneta que participaba en el sitio del Gobierno Civil 11. La represión de los sediciosos se cobró vidas en sus intentos de despejar las calles 12. En cualquier caso en Cádiz no existieron auténticas operaciones militares. El desequilibrio era tal que no hubo posibilidad de que la balanza cambiara de posición. Mucho menos tras la llegada las unidades mercenarias. De todas formas, antes y ahora, se le atribuye una voluntad criminal, de “delito común”, a los actos violentos protagonizados por la población la tarde noche del 18 de julio. Rara vez se señala que fue la respuesta a un acto de fuerza, un ejercicio de resistencia frente a la violencia de los golpistas, que parecen tener patente de corso, aunque pudiera ser aprovechada para otras acciones. La represión de la resistencia fue inmediata y no cejó durante los meses siguientes. Las numerosas diligencias previas abiertas por el juzgado de Instrucción de San Antonio, bajo autorización militar, contienen de un lado las peticiones de declaraciones de daños de los propietarios con vista a los seguros y, de otro, la detención y, en muchos casos enjuiciamiento, de acusados cuyas autorías no han sido comprobadas más allá de denuncias y delaciones de dudosa credibilidad 13.

“Afortunadamente para medio Cádiz [escribe Miguel García] no se pudo hacer realidad las palabras que pronunció [se refiere al telegrafista Luis Parrilla] en un determinado momento del asedio: “Mañana hemos de formar un Tribunal Popular y fusilar a medio Cádiz”. En caso de que Parrilla formulase tal deseo, bastante dudoso en quien no tiene que pensar en crear ningún tribunal puesto que defiende a los legalmente existentes, lo cierto es que todo quedó en un futurible. Sin embargo sí conocemos cada vez mejor la matanza realizada por los sediciosos para alcanzar la “pacificación de la ciudad”, tal como escribe García, y que continuó durante los años siguientes. Cientos de asesinatos para los que no necesitaron ninguna excusa, y mucho menos la de que se hubieran cometidos “desmanes”, es decir resistir al golpe. Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Algeciras, Tarifa, Chiclana, Paterna, Medina Sidonia, Arcos y un largo etcétera de poblaciones lo testimonian.

Para justificar su política exterminadora, los sediciosos lanzaron todo tipo de acusaciones contra sus enemigos. A las autoridades republicanas se les atribuyeron intenciones y actos vesánicos. Al gobernador civil, militar también, Mariano Zapico le atribuyeron ordenar “toda clase de barbaridades”. Una política denigratoria de sus personas que ha llegado hasta hoy. No hay problemas para dar por válidas las acusaciones, enjuiciar cualidades profesionales y actitudes personales que aparecen en las delaciones e informes de las autoridades golpistas. Los vencidos no tienen derecho al honor. Ese honor tan recurrente, entonces y ahora, para quienes claman contra las pretensiones de restituir los hechos. Así Miguel García Díaz no duda en considerar cierta la denuncia, de seis meses más tarde, contra Antonio Martín, citado como “individuo” y por su apodo “El Malagueño”, de mandar al grupo que asaltó, saqueó e incendió los almacenes de La Innovación en la céntrica plaza de Topete.

Desposeer a sus enemigos de cualquier connotación de cualidad humana, dignidad profesional y virtudes éticas fue una constante de los golpistas. Las sumarias de los consejos de guerra están llenas de esas descalificaciones que, en el caso de las mujeres tienen además unos insultos específicos. Antonio Martín fue calificado de vago, simpatizante de las políticas de extrema izquierda, amigo íntimo de Vicente Ballester 14 e, indirectamente, de estafador al asegurar un informe de la Brigada de Información que pertenecía al Comité Pro-Presos de la CNT de cuya recaudación también se beneficiaba 15. Miguel García no se hace eco de estas descalificaciones pero sí le identifica como una persona inculta que, en un momento determinado, quiso “ser alguien y pasó de ser un honrado y pacífico obrero a improvisado líder de un grupo de incendiarios”. Como, en tantas otras ocasiones, se quiere descargar la máxima responsabilidad de lo ocurrido en las autoridades republicanas que, aunque en teoría no son los protagonistas del artículo sí ocupan gran parte de él 16. Martín no deja de ser más que otra “víctima” del 18 de julio. Un hecho producto de no se sabe qué causa que originó una contienda civil.

Sin embargo el pudor del autor es extremo a la hora de identificar al autor de la denuncia. Tanto que se refiere a él con sus iniciales “Antonio G. G.” ¿Por qué? Quizás porque la denuncia siempre está mal vista aunque se le quiera recubrir de una capa de dignidad. Así es como el industrial Antonio García García queda difuminado en el destino de Antonio Martín que entró en la rueda de la justicia golpista el viernes 22 de enero de 1937 cuando, al parecer, se cruzaron por el Campo del Sur. García creyó reconocer a Martín como la persona a la que vio romper los cristales de la tienda de tejidos La Innovación la tarde del 18 de julio y, después, capitanear su asalto. Sin dudarlo, según el parte adjunto en la sumaria, buscó el auxilio de unos carabineros que detuvieron al albañil. Una versión que veremos puede ser matizada. En cualquier caso la maquinaria represiva se puso en marcha.

Como solía ser habitual, los jefes militares pidieron a la Brigada de Información de la ciudad el informe sobre Martín ya citado, que lo remitió a la Delegación de Orden Público la que, a su vez, pidió nuevos informes a la Falange, el Requeté y la Guardia Civil. El procedimiento era el utilizado desde el verano de 1936 con aquellas personas detenidas por sus concomitancias izquierdistas y a las que se les buscaba por haber participado en la resistencia al golpe. Las autoridades golpistas contaban con los archivos de las organizaciones políticas y sindicales incautados, los propios de los cuerpos de seguridad y los creados por las organizaciones que, como la Falange y el Requeté, colaboraban estrechamente en la política de desinfección social de la que hablaba el comandante militar de El Puerto de Santa María 17.

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Abramos un inciso en la historia de Antonio Martín para volver al papel de enemigo público que para los golpistas tenía el anarcosindicalismo. Se trataba no sólo del principal enemigo a batir por su hegemonía en el obrerismo gaditano sino también por considerársele especialmente peligroso dado su infiltración cultural y arrojo combativo. En Cádiz, seguramente los golpistas sabían que, aunque acusaran a las autoridades republicanas de organizar la resistencia, el modelo de actuación con el que se había intentado resistir, correspondía a los planteamientos insurreccionales anarquistas. Conocemos la existencia de reuniones de destacados militantes cenetistas con las autoridades gubernativas y de las demás organizaciones obreras de la ciudad la tarde-noche del 17 de julio. Una vez iniciado el golpe, en el Gobierno Civil, Ayuntamiento y casa de Correos se encontraban algunos de sus más experimentados afiliados.

El Gobierno Civil se convirtió en el centro neurálgico de la resistencia al golpe. Allí, junto a las principales autoridades gubernativas estaba, entre otros, Manuel López Moreno, uno de los “hombres de acción” cenetistas más destacados. La declaración de huelga general, que conllevó los asaltos e incendios de establecimientos y fincas del centro de la ciudad, fue un intento desesperado de equilibrar una balanza claramente inclinada al lado de los golpistas. La otra tentativa, que tampoco cuajó, fue que los pueblos mandaran hacia la capital columnas en su auxilio. En diferentes sumarios ha quedado rastro de las órdenes que en ese sentido se dieron desde el Gobierno Civil a las alcaldías para que se incautaran de las armas depositadas en los cuarteles de la Guardia Civil y su entrega a la población que debería formar columnas para dirigirse a la ciudad 18. Otro movimiento largamente discutido en los medios anarcosindicalistas españoles desde la proclamación de la República en el caso de ir a una insurrección general. Las columnas de las poblaciones más pequeñas, una vez controladas, debían ir a los centros comarcales para, desde ellos, acudir a la capital provincial en donde contarían con el apoyo de una huelga general revolucionaria 19.

Sin embargo, frente a la mitología de golpes de audacia, improvisaciones y actitudes heroicas, la verdad fue que en Cádiz, como en otras ciudades, los sediciosos contaron con una buena preparación y una completa superioridad de elementos de combate, hombres y armas. En las localidades de la provincia la actitud indefinida, cuando no claramente golpista, de los puestos de la Guardia Civil y el inestable control de ellas por las autoridades no terminaron de concretar la formación de ninguna columna. Salvo en el caso de Chipiona 20.

Conocemos ya lo suficiente de la preparación del golpe en Cádiz para asegurar que el general José López-Pinto estuvo implicado desde los pocos días de su llegada. Se entrevistó con Gonzalo Queipo de Llano y le aseguró de que si se trataba de “una cosa seria, cuente usted conmigo” 21. Después fue el capitán Juan María Muro Marcos el encargado de establecer los contactos entre los principales mandos de la ciudad, el gobernador militar y los coroneles de los regimientos de Artillería de Costa e Infantería, Pedro Jevenois La Bernarde y Juan Herrera Malaguilla, respectivamente, con el carlista Enrique Varela que, ya implicado en la sublevación de Sanjurjo en 1932, había sido enviado a Cádiz y era vigilado por las autoridades 22.

Cuando la sedición se puso en marcha contaba con una completa superioridad. Frente a ella parte de los guardias de asalto y de los carabineros y los civiles que fueron armados, o se armaron por iniciativa propia, no suponían ninguna amenaza real. Aun así prefirieron esperar a las fuerzas africanas para tomar el control efectivo de la ciudad. Los movimientos de tropas ordenados por el gobernador Zapico también quedaron rápidamente neutralizados. Uno fue la solicitud del gobernador del castillo de Santa Catalina, en principio aceptada, del envío de un pelotón de guarnición para atacar a los sitiadores. Otro, combinado con el primero, la salida de una compañía de carabineros de su cuartel en el Campo del Sur, que se presentó en el Parque de Artillería para apoyar la operación y que, tras parlamentar sus jefes, volvió sobre sus pasos 23.

Además de la declaración de huelga general, del levantamiento de barricadas en diversos puntos de la ciudad y de los desórdenes en las calles, los resistentes intentaron armarse. En el Gobierno Civil se repartieron algunas pistolas a sus defensores, los cenetistas tenían algunas decenas de pistolas y buscaron afanosamente un alijo que se decía había llegado a la ciudad destinado a las milicias derechistas. En las calles, la primera acción que conocemos tuvo lugar en una armería de la calle San Francisco 24. Después fueron desarmados algunos militares y carabineros y registradas casas 25.

Para los amotinados el control de las costas gaditanas resultaba vital. Por ellas llegarían las tropas africanas que despejarían el camino para alcanzar Madrid. Además sabían que sus comarcas albergaban a un importante sector anarcosindicalista que era preciso eliminar. Así que las instrucciones de Emilio Mola, de actuar con energía, fueron cumplidas de forma estricta. El citado Pedro Jevenois redactó a fines de noviembre de 1937 un informe 26 en el que aseguraba que el control de la provincia había sido difícil. No por sus dificultades operativas –bien sabía que su superioridad había sido absoluta- sino por la imposibilidad de eliminar físicamente a todos sus adversarios. Acción que, además, resultaba contraproducente económicamente. Así que describió cómo habían organizado una escala represiva en la que se eliminaban a los considerados más peligrosos, se encarcelaba a los considerados no integrables y se buscaba paralizar mediante el terror o la convicción, bajo la vigilancia de milicias locales, a los que se pensaban eran “más tibios”. Así desde anarcosindicalistas a burgueses liberales que formaban la “otra” España fueron asesinados, encarcelados, depurados y reeducados en los valores de la España imperial de Isabel y Fernando, la revolución fascista de Falange Española, la monarquía tradicional carlista y el control moral y educativo de la Iglesia católica.

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Retomemos el relato del destino del albañil cenetista Antonio Martín Román. Había logrado, escondiéndose, escapar a la oleada de asesinatos del verano y el otoño de 1936. Durante esos meses sólo algunos militares y personas consideradas de la suficiente importancia para ser utilizadas como castigos ejemplares ante la población pasaron por ficciones judiciales carentes de cualquier legitimidad y que no contaban con mayores garantías. Espinosa y Romero 27 han estudiado cómo se desarrolló en Cádiz la primera etapa de la que conocemos como “justicia al revés” de los golpistas. En ella se mezclaron componentes del ejercicio de la fuerza –el triunfo golpista- con los psicológicos al considerarse poseedores por naturaleza de las funciones que ejercían por delegación de las autoridades legítimas en ese momento 28.

Pero salvo estas primeras excepciones de “justicia al revés”, la primera matanza se efectuó, en el mejor de los casos, bajo la cobertura de los diversos bandos de guerra proclamados por los sediciosos. Bandos que carecían de cualquier legitimidad más allá que la que de hecho le proporcionaba ser un ejército de ocupación. En muchas ocasiones los ejecutores directos de los asesinatos fueron sujetos pertenecientes a las milicias de los grupos golpistas, como la Falange, la carlista Comunión Tradicionalista o las que bajo su mando organizaron como señores de la guerra algunos grandes propietarios o comerciantes. Pero, además de la limpieza social, tampoco hay que descartar venganzas personales o ruptura de los diques civilizatorios.

Quienes controlaron siempre la situación fueron las autoridades armadas sediciosas. Fueron ellas quienes dirigieron, contabilizaron y autorizaron, de forma pasiva o activa, las desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Tanto en estos primeros meses como después, a partir de marzo de 1937, cuando ordenaron que todas las personas detenidas o volvieran de la que llamaban “zona roja” fueran puestas a disposición de la estructura judicial golpista.

Como se ha dicho en Cádiz, desde el mismo 19 de julio, los militares rebeldes habían tomado el control de la situación y puesto a su disposición a las autoridades civiles. Entre ella a las judiciales. De las numerosas diligencias informativas abiertas durante el verano por los juzgados civiles, la práctica totalidad lo fue en virtud de la delegación de la judicatura golpista. Igualmente ocurrió con los consejos de guerra abiertos en esas fechas y no substanciados que fueron revisados en 1937. Entonces se encontraron con que muchos de los encausados habían pasado a mejor vida. Así pasó con los detenidos en el interior y alrededores del Ayuntamiento la mañana del 19 de julio tras su ocupación. Una treintena de ellos fueron procesados. A mediados de agosto ya habían sido asesinados algunos. Como los miembros del Partido Sindicalista José Miranda de Sardi y Rogelio Millán de Río. Desaparecieron más de la mitad de los apresados.

En la primera oleada exterminadora habían caído un gran número de anarquistas y anarcosindicalistas gaditanos. Entre ellos algunos de sus militantes más destacados como Vicente Ballester, Manuel Moreno López, José Bonat, Clemente Galé, Celestino Alvarado y un largo etcétera. En la que comenzó a desarrollarse en la primavera de 1937 lo fueron otros muchos. Fueron casi quinientos los juicios sumarísimos que abrió la justicia golpista hasta finales de año. Ante uno de ellos compareció Antonio Martín.

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Dejamos la instrucción del sumario contra Martín en el momento en el que el juez instructor José Antonio Tabernilla Oliver, un fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz habilitado por los sediciosos para ejercer de juez 29, recibía los informes de las instancias de información golpistas de la ciudad. También lo caracterizaban de mal trabajador, extremista y dirigente del asalto y saqueo de un comercio en base al reconocimiento que de él había hecho el industrial García.

Sabedora de que estaba en juego su vida, la mujer de Martín, Carmen Rodríguez Macías, dirigió una instancia al delegado de Orden Público, el comisario de policía Adolfo de la Calle, en la que afirmaba que la detención de su marido se había producido por meras sospechas y porque pertenecía a la CNT 30. Después intentaba apelar a sus buenos sentimientos exponiendo su situación: tenía dos niños de cuatro y dos años, estaba a punto de dar a luz al tercero y sufría una más que precaria situación económica. Su petición nunca tuvo respuesta. De la Calle la remitió al juez instructor que la adjuntó al sumario. En el escrito señalaba que quienes habían detenido a su marido habían sido guardias municipales. Veremos el por qué de su interés.

Mientras que su esposa remitía la instancia, Tabernilla Oliver tomaba declaración indagatoria a Antonio en la prisión de la ciudad. Por ella conocemos que su detención no fue tan fruto de la casualidad como se había dicho hasta entonces: lo había sido a la puerta de su domicilio, una calle cercana al Campo del Sur. Uniendo lo que decían Carmen y Antonio parece que fue, una vez efectuada la detención, cuando lo entregaron a los carabineros. ¿Por qué ese interés en borrar la huella de la intervención de los guardias municipales que participaban habitualmente en ellas y firmaban los partes?

La respuesta quizás la encontremos en una pregunta que el juez hizo a Martín y para la que, hasta ese momento, en la documentación no figuraba ningún antecedente. Tras interrogarle sobre su participación en el asalto a La Innovación, hecho que negó, le pidió que confirmara o negara si, la víspera del triunfo del Frente Popular, estando en el bar El Escorial había señalado a unos extremistas el lugar donde se reunía un grupo fascista. También negó que lo hubiera hecho alegando que, precisamente, esos días permaneció en su casa enfermo.

El siguiente documento de la sumaria es un informe de Luis Machuca, jefe de la Guardia Municipal informando de que dicho cuerpo no disponía de ninguna referencia sobre la pertenencia del acusado a algún partido político. Machuca había tenido, la víspera de las elecciones de febrero de 1936, un enfrentamiento con un grupo de izquierdistas precisamente por la zona donde se encontraban reunidos los fascistas. Unos incidentes confusos que, según la prensa, tuvieron lugar en las cercanías de la iglesia del antiguo convento de Capuchinos. Parece que Machuca se enfrentó a tiros con quienes insultaban y agredían a un sacerdote. Hubo uno o dos heridos, según las fuentes, y él fue detenido. Según el informe de Falange ambos hechos estuvieron relacionados: la información que proporcionó Martín y el enfrentamiento de Machuca. Algún falangista no olvidó lo ocurrido y lo recordó ahora echando más leña al fuego.

Después, el juez Tabernilla dio por concluida la instrucción y redactó el auto-resumen que elevó al presidente del Consejo de Guerra de Cádiz. En él declaraba a Antonio Martín procesado por considerar que existían elementos suficientes para acusarle de haber participado en el asalto y dictaba su prisión incondicional por un supuesto delito de rebelión militar previsto y sancionado en el bando de guerra del 18 de julio y en el código de justicia militar. Como agravantes señalaba su militancia activa en la CNT y que tenía ideas avanzadas. Hechos que lo convertían en participante del “movimiento subversivo marxista desencadenado en España”.

Un ejemplo más de la justicia al revés sediciosa con la que los golpistas buscaban legitimarse. Al resistente se le transformaba en golpista y quienes habían sido expulsados del ejército continuaban considerándose con capacidad de actuar aplicando los códigos militares. Una parafernalia que no podía ocultar no ya su ilegalidad sino también su ilegitimidad. Además estaba la chapuza. Sin que apareciera en la instrucción ninguna referencia también sw le acusaba de otros asaltos. Ese día Martín nombró defensor que, más tarde, tuvo que cambiar por Manuel Lora Torres. El círculo se había terminado de cerrar. Ahora sólo faltaba que se abriera el segundo acto de tan trágica representación. Antes hagamos otro inciso.

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Ya he escrito que a partir de marzo de 1937 comenzó una nueva fase de la represión golpista en la que sus fuerzas armadas tomaron el control completo y buscaron un barniz de legalidad. No dejaba de ser una continuación de las prácticas exterminadoras de todos aquellos que por clase social o ideología política eran considerados enemigos, como el anarcosindicalismo. Durante su primer mes de actividad fueron 88 los consejos de guerra que se substanciaron. Conocemos 51 ante los que comparecieron 60 personas. Prácticamente todos, salvo cuatro, tenían militancia sindical o política. De ellos 24, el 47 por 100, eran militantes libertarios, bien de la CNT, de la FAI o miembros del Ateneo Libertario. Un tercio fueron asesinados, otro encarcelados con diversas penas desde 6 a 30 años y el último vio sobreseído el sumario o resultó absuelto.

Seguramente sería casualidad, pero la “justicia al revés” comenzaba a funcionar en Cádiz con el enjuiciamiento de un cenetista: el carpintero José Díaz Mariscal 31. Catalogado como destacado extremista, huelguista y pistolero, con antecedentes por detenciones por conflictos sociales, fue acusado de ser uno de los participantes en el asalto de la Audiencia Provincial la tarde del 18 de julio y de levantar barricadas en las calles cercanas. Su consejo de guerra no se celebró hasta el 19 de abril y, condenado a muerte, fue asesinado diez días más tarde en los fosos de la Puerta de Tierra. Uno de los mataderos ya habituales.

De los otros seis libertarios pasados por las armas dos eran de la capital, dos de Jerez y otros dos de Arcos. Los primeros se llamaban Francisco Vega González y Miguel García Tejero y lo fueron en abril y mayo. Los jerezanos, Francisco Menacho Jiménez y Francisco Pérez Barranco, aunque juzgados en Cádiz, fueron trasladados a Jerez y allí ejecutados en los alrededores de la Plaza de Toros el 17 de mayo. Finalmente, los arcenses Francisco Ordóñez Medina y José Rodríguez Arcila fueron también trasladados a Arcos y asesinados el 13 de agosto 32. Todos fueron acusados de ser extremistas, haber participado en la resistencia y, en el caso de los huidos y regresados, de haber intervenido en asesinatos de derechistas ocurridos en la zona gubernamental.

La eliminación de aquellos que se habían atrevido a “perder el respeto”, que habían osado pensar que construir un mundo diferente, un mundo nuevo, continuaba de forma implacable. No sólo se trataba de mantener privilegios económicos y desigualdades insoportables, sino también de dejar claro de una vez por todas que eran radicalmente diferentes: que campesinos y trabajadores pertenecían a una especie diferente, evidentemente inferior, cuyos desvaríos debían ser castigados ejemplarmente 33. No se trataba tanto de buscar sancionar determinadas conductas sino de aplicar una pena colectiva. En el caso de los anarcosindicalistas que fueran o no “culpables” era lo de menos, era su actitud lo que había que reprender. ¿Cómo permitir que se dudara de la organización social? ¿Cómo que hubieran resistido a la agresión de la sedición? ¿Cómo que se hubieran  atrevido a “levantar la mano”?

Con las instrucciones del 3 de marzo, el Consejo Permanente de Cádiz, presidido por Rafael López Alba, se puso en funcionamiento el día 8 con el sumario ya indicado contra Díaz Mariscal. Quienes se encargaron de la mayoría de las sumarias contra los cenetistas durante las primeras semanas de la “justicia al revés” fueron Alfonso Moreno Gallardo y José Antonio Tabernilla Oliver 34. Ambos terminarían ocupando importantes cargos en la administración de la dictadura. El primero fiscal y juez municipal de San Fernando en 19366, tras su actuación en la justicia militar fue nombrado en febrero de 1942 alcalde de Cádiz y procurador de las primeras Cortes de la Dictadura. El segundo, fiscal de la Audiencia de Cádiz desde 1933, recaló en la fiscalía del Tribunal Supremo en la década de los sesenta y fue nombrado fiscal general de dicho organismo en 1975. Uno y otro alternarían sus funciones de jueces instructores con las de fiscal. Ambos intervinieron en el juicio contra Martín. Volvamos a él.

El telón se alzó de nuevo a las cuatro y media de la tarde del 28 de marzo, la hora fijada para la vista del consejo. Esa mañana el defensor de Martín tuvo en sus manos la instrucción durante tres horas. Si ya se ha dicho que la sumaria del caso presenta algunas rarezas, como no estar foliado, ahora llama la atención que no figure la composición del consejo de guerra. No ya su nombramiento, sino ni siquiera en la sentencia. Que lo presidió López Alba lo sabemos por la firma que figura al pie del fallo.

De la lectura del acta de la vista, que apenas ocupa un folio, se deduce que todo transcurrió muy rápido. Antonio Martín estuvo presente y fue interrogado por el presidente, el fiscal, Moreno Gallardo, y el ponente, Marcelino Rancaño Gómez 35. Después compareció, a petición del fiscal, el testigo de cargo García García que se ratificó en su denuncia. Finalmente el fiscal mantuvo su petición de pena de muerte mientras que el defensor pidió clemencia al tribunal. La última palabra la tuvo Martín, que insistió en su inocencia.

La sentencia, dictada esa misma tarde, cerró el ejercicio de la justicia al revés. Antonio Martín fue considerado capitán de una “partida de insurrectos” integrante de un “movimiento subversivo y antiespañol”. Considerando que entraba en flagrante contradicción con un anterior resultando que afirmaba que Martín era un militante de la CNT que “apenas iniciado el Glorioso Resurgimiento (sic) Nacional, el día 18 de julio último, oponiéndose al mismo, se puso al frente de un grupo de revoltosos”. Su actuación constituía un delito de rebelión ya que había sido jefe de una patrulla que, como otras en el resto del territorio nacional, se proponía por cualquier medio, en este caso el terrorismo, derrocar al Estado y destruir la sociedad organizada. Además concurrían una serie de agravantes como su militancia cenetista y los estragos que había causado. Hechos tipificados en los artículos citados por el fiscal y que hacía suyos el consejo.

La sentencia fue remitida a Sevilla para que los servicios de justicia del jefe del Ejército Sur la confirmaran o disintieran. El telón del segundo acto se echaba. Poco tardaron en la capital hispalense en aprobarla. El 1 de abril ya estaba el oficio en Cádiz con la conformidad de que Martín fuera pasado por las armas. Pero todavía pasarían dieciocho días para que eso ocurriera.

Al amanecer del 19 de abril, Antonio Martín no estuvo sólo ante el piquete de guardias civiles que le mataría. Le acompañarían otras tres personas que los sediciosos habían considerado que tampoco tenían lugar en la nueva España: Miguel García Tejero, otro albañil cenetista de 39 años; José Ruiz Gallardo, un dependiente de comercio de la UGT de 22 y Carmen Mora Marín, una joven socialista tarifeña, hija del alcalde de esa población, también asesinado, de 22 años 36.

Tanto García Tejero como Ruiz Gallardo fueron acusados de participar en la resistencia al golpe. En realidad su peligrosidad provenía de su activismo sindical anterior. La joven Carmen Mora el delito que había cometido era ser militante de las Juventudes Socialistas, participar en sus actividades públicas y, en última instancia, ser hija de Amador Mora Rojas el maestro que había sido alcalde socialista de Tarifa. Fue detenida por “estar en relación con elementos extremistas” cuando ya habían sido asesinados sus padres y un hermano 37.

Los cuatro fueron trasladados de la cercana cárcel provincial al cuartel del Regimiento de Infantería nº 33, Cádiz. Serían las cinco de la mañana. Les notificaron la sentencia y su inmediato cumplimiento. Antonio Martín se negó a firmarla. Después fueron trasladados a los fosos de la Puerta de Tierra. Eran las 6,30 y les esperaba un piquete de la Guardia Civil golpista al mando de Francisco Vera López. El médico Augusto Ruiz de Bustamante certificó su muerte. Su cadáver fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Cádiz en la sepultura temporal nº 1, fila 3ª del patio 6ª de la línea Este en el lugar 4º.

Así entró a formar parte Antonio Martín Román de la lista de las al menos más de 1.300 personas que los sediciosos asesinaron en Cádiz entre julio de 1936 y diciembre de 1945 38. No lo mató la mala suerte, ni el vivir en un mundo de miseria, de incultura y de injusticia social. Tampoco que quisiera ser “alguien”, ni que liderara un grupo de incendiarios. Su delito fue ser un sindicalista, pensar en que era posible otro mundo, oponerse a una sedición y, quizás, estar en el punto de mira de alguien, que nunca conoceremos, que no olvidaba unos incidentes ocurridos un año antes.

José Luis Gutiérrez Molina

Publicado en Germinal. Revista de Estudios Libertarios núm.9 (enero-junio de 2012)

Fuentes documentales:

-Archivo Histórico Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla. Juicio Sumarísimo 14/37 contra Antonio Martín Román, legajo 1175/30161.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 86/36 contra Mariano Zapico Menéndez-Valdés, Leoncio Jaso Paz, Tomás Azcárate García de Loma, Antonio Yáñez Barnuevo, Francisco Cossi Ochoa, Antonio Macalio Carisomo y Luis Parrilla Asencio por el delito de rebelión militar. Legajo 1/16.

-Diligencias Previas sn/36, legajo 108/3071.

-Causa 203/36 contra Agustín Macías Macías y José Barberi Ropide, legajo 123/4027.

-Información contra el teniente coronel de Infantería don Cecilio Belda y López de Salinas para averiguar la actuación y concomitancias con elementos del Frente Popular antes del 18 de julio pasado, legajo 124/4117.

-Juicio Sumarísimo 91/36 contra Milagros Rendón Martell, Julián Pinto Uriarte, Antonio Delgado Martínez y Manuel López Moreno, legajo 183/3225.

-Causa 311/36 por sustracción de pistola al comandante de Infantería retirado Miguel Díaz Olavarría, legajo 106/3002.

-Causa 338/36 por robo de armamento al administrativo del Hospital Militar Ramón Jiménez Alonso, legajo 106/3005.

-Causa 350/36, instruida por el supuesto delito de excitación a la rebelión militar contra Juan Maldonado Santos, penado de la Prisión Central del Puerto de Santa María, legajo 100/2662.

-Juicio Sumarísimo 108/36 contra el telegrafista de Bornos, Miguel Macías Ruiz, legajo 116/35536.

-Juicio Sumarísimo 248/37 contra Mariano López Muñoz, legajo 1190/30508.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 1/37 contra José Díaz Mariscal, legajo 1174/30146.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 12/37 contra Fernando Otero Montesinos, legajo 1191/39541.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 25/37 contra Enrique Quintero Macías, legajo 1191/39541.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 37/37 contra Francisco Vega González, legajo 12011/30746.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 79/37 contra Miguel García Tejero, legajo 12011/30755.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 7/37 contra Francisco Menacho Jiménez, legajo 1178/30278.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 8/37 contra Francisco Pérez Barranco, legajo 1178/30278.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 54/37 contra Francisco Ordóñez Medina y José Rodríguez Arcila, legajo 1201/30744.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 18/37 contra Miguel García Tejero y José Ruiz Gallardo, legajo 12011/30755.

-Consejo de Guerra Sumarísimo 29/37 contra Carmen Mora Marín, legajo 1181/30286.

Notas:

1.- Paul Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, Debate, Barcelona 2011.

2.- Graham Kelsey, “El movimiento libertario español en vísperas de la sublevación fascio-militar de julio de 1936”: Historia Actual Online 21 (2010) http://historia-actual.org/publicaciones

3.- Sobre la relación entre anarquismo y violencia y su papel en el conflicto político español desde el siglo XIX se puede citar a Eduardo González Calleja, “La violencia política en la España del siglo XX: un balance historiográfico”: Mélanges de la Casa Velázquez 38-2 (2008). Sobre recientes polémicas sobre el anarquismo y determinadas actuaciones durante 1936-1939, Mauricio Basterra, “La mala utilización historiográfica del anarquismo”: ww.alasbarricadas.org/noticias (2010).

4.- José Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español (1880-1910), Siglo XXI, Madrid 1976.

5.- Diario del Altoaragón, Huesca, 19 octubre 2010.

6.- Rafael Núñez Florencio, El terrorismo anarquista (1888-1909), Siglo XXI, Madrid 1983; Julián Casanova, Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX, IFC, Zaragoza 2007; Eduardo González Calleja, “La razón de la fuerza. Una perspectiva de la violencia política en la España de la Restauración”: Ayer 13 (1994). Para una reciente contextualización de la violencia como respuesta al golpe de Estado de 1936, José Luis Ledesma Vera, “Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana”, en: Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia roja y azul. España 1936-1950, Crítica, Barcelona 2010.

7.- Me refiero a la exposición montada en Zaragoza y al congreso celebrado en Huesca del 18 al 21 de octubre del 2010. En él su coordinador, Julián Casanova, y algún participante, como Álvarez Junco, certificaron la desaparición actual del anarquismo en España e insistieron en la conexión anarquismo-violencia como eje fundamental de su existencia.

8.- Unas páginas recientes sobre esta cuestión en P. Preston, op. cit., p.53-54.

9.- Sumarísimo 14/37, Archivo Histórico Tribunal Territorial Militar Segundo [en adelante AHTTMS], Sevilla, legajo 1175/30161. Sobre la justicia de los sediciosos se pueden tener una visión de conjunto en Mónica Lanero Táboas, Una milicia de justicia: el Ministerio de Justicia en el franquismo (1936-1945), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1996; y Pablo Gil Vico, “Derecho y ficción: la represión militar judicial”, en: Francisco Espinosa Maestre (ed.), op. cit., p.241-368.

10.- Sumarísimo 86/36, AHTTMS, legajo 1/16. Este sumario ha sido utilizado en diversas ocasiones por autores como Jesús Núñez, "Tomás de Azcárate García de Lomas. La verdad acerca del fusilamiento de un marino de la República": Diario de Cádiz, 16 agosto 1999; Ídem, "Me han condenado a muerte y la sentencia se va a cumplir. El fusilamiento del teniente coronel Jaso", Diario de Cádiz, 20 julio 2002; Francisco Espinosa, La justicia de Queipo, Crítica, Barcelona 2005; Francisco Espinosa y Fernando Romero, “Justicia militar y represión fascista en Cádiz”: Historia 16 297 (2001).

11.- Además, en el sitio al Gobierno Civil, resultaron heridos un teniente y dos cabos. También dos artilleros que acompañaban al capitán que declaró el Estado de Guerra resultaron alcanzados durante el tiroteo que se declaró a continuación. Sumarísimo 86/36, AHTTMS, legajo 1/16, folios 4 y 48 v., y Miguel García Díaz, “El Regimiento de Artillería de Costa nº 1 de Cádiz el 18 de julio de 1936”: Diario de Cádiz, 18 julio 2005.

12.- No existe un trabajo sobre las víctimas cometidas por los sublevados entre el 18 de julio y los días durante los que una resistencia esporádica continuó. Alicia Domínguez Pérez, El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945), Quorum, Cádiz 2004, cita que hasta el 31 de julio fueron 26 los cadáveres enterrados. De ellos 15 entre el 21 y el 23. En mis investigaciones en el AHTTMS de Sevilla he recogido información de hasta 14 Diligencias Previas y Causas donde constan informaciones de 21 personas heridas de las que 4 de ellas fallecieron. La primera con motivo del hallazgo de un cuerpo calcinado en los escombros de un comercio. En AHTTMS DP sn/36 legajo 108/3071. Posiblemente su muerte ocurrió la tarde del 18 de julio durante los enfrentamientos que relata el falangista José de Mora-Figueroa, Datos para la historia de la Falange gaditana (1934-1939), edición del autor, Jerez de la Frontera 1974, p.32.

13.- Además de las diligencias abiertas individualmente por las denuncias presentadas por los comerciantes y propietarios se instruyó una general. La sumaria, numerada 131/366 se encuentra en AHTTMS, ha sido utilizada profusamente por Joaquín Gil Honduvilla, Desde la proclamación de la República al 18 de julio de 1936: el cambio del rumbo político de la II División Orgánica, tesis doctoral codirigida por Encarnación Lemus López y José María Marín Arce, presentada en Huelva el 20 octubre 2009, p.660-663.

14.- Vicente Ballester Tinoco era uno de los más destacados anarcosindicalistas de la ciudad. Fue secretario de la CNT andaluza y su prestigio era nacional. Fue asesinado el 29 de septiembre de 1936. Sobre su personalidad, se puede consultar mi libro Se nace hombre libre. La obra literaria de Vicente Ballester, Diputación, Cádiz 1997.

15.- Sumarísimo 14/37. AHTTMS, legajo 1175/30161. El informe sobre Antonio Martín lo redactaron los agentes Gregorio ¿Bernal?, Enrique López y Antonio Rodríguez el 5 de febrero de 1937 para su jefe, el teniente de la Brigada de Información Juan Martín. En contra de lo que suele ser habitual, la sumaria de este Consejo de Guerra está sin foliar. También lo calificaban de vago el informe del Requeté, redactado por Alejandrino L. Marín Jiménez el 18 de febrero, y el de la Falange, sin firmar, de 23 de febrero.

16.- La mayor parte de las informaciones sobre lo ocurrido en el gobierno civil gaditano, desde el mediodía del 18 de julio hasta su rendición a las 7 de la mañana a la fuerza mercenaria transportada desde Ceuta, procede de los diferentes sumarios abiertos contra quienes permanecieron en su interior y fueron apresados. En especial la sumaria del Consejo de Guerra abierta el 21 de julio contra las autoridades. Tras una rápida instrucción los acusados fueron pasados por las armas el 6 de agosto. Dicho sumario es un estremecedor ejemplo de la dignidad de unas autoridades que se negaron en todo momento a reconocer la justicia del revés de los sediciosos y los intentos desesperados de éstos por dotarse de la legitimidad de la que carecían. En Sumarísimo 86/36, AHTTMS, legajo 1/16.

17.- El documento al que me refiero está firmado el 20 de diciembre de 1936 y es una respuesta al Consejo de Guerra de Cádiz sobre la situación del recluso del penal Juan Maldonado Santos. En él se informa de que le había sido aplicada “la ley de Guerra” por considerársele peligroso y a los efectos de limpieza social. En Causa 350/36, AHTTMS, legajo 100/2662.

19.- Entre ellos los de los Sumarísimos 86/36, AHTTMS, legajo 1/16, folios 70 y 71; 108/36, AHTTMS, legajo 116/35536, folio 5.

20.- La concepción estratégica insurreccional del anarcosindicalismo español, y andaluz en particular, está desarrollada en mi obra Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz durante la Segunda República, Madre Tierra-FAL, Madrid 1994, p.247.

20.- La referencia se encuentra en el sumario contra Mariano López Muñoz, un empleado municipal de El Puerto de Santa María. El camión con los anarquistas chipioneros llegó la madrugada del 18. Al no encontrar ni armas ni ambiente regresó a su población. En Sumarísimo 248/37, AHTTMS legajo 1190/30508, folio 28v.

21.- J. Gil Honduvilla, op. cit., p.259, 286, 299, 597, 602-604, 606, 607, 608, 611 y 621. La respuesta de López Pinto a Queipo en Ibídem, p.286, citando a Antonio Olmedo Delgado y José Cuesta Monereo, General Queipo de Llano (aventura y audacia), AHR, Barcelona 1975, p.86.

22.- La estructura conspirativa en la ciudad la encabezó el capitán de Estado Mayor Jaime Puig Guardiola. Sobre sus actividades, J. Gil Honduvilla, op. cit., p.608-611, 625-629 y 635.

23.- Sobre lo ocurrido en la prisión del castillo de Santa Catalina se puede consultar la tesis de J. Gil Honduvilla, op. cit., p.653- 655. La salida de la unidad de carabineros hacia el Parque de Artillería en Causa 203/36, AHTTMS legajo 123/4027, folios 57 a 59v. El jefe del castillo era el teniente coronel Cecilio Belda López Silanes, que no se opuso a la liberación de Valera pero titubeó cuando los sediciosos le ordenaron que liberara a los demás presos. Sobre su actuación los sediciosos abrieron una investigación (Información, AHTTMS legajo 124/4117).

24.- Un relato de lo ocurrido en Causa 91/36, AHTTMS, legajo 183/3225 y J. Gil Honduvilla, op. cit., p.633.

25.- Por ejemplo las Causas 311/36, AHTTMS, legajo 106/3002; 338/36, AHTTMS, legajo 106/3005. Sobre el desarme de militares se puede destacar el de un grupo de oficiales que se dirigían a incorporarse a los sediciosos y el de siete carabineros. Respectivamente Sumario 86/36, AHTTMS legajo 1/16 y Causa 203/36, AHTTMS, Legajo 123/4027.

26.- El texto de Jevenois en la Causa General dedicada a la provincia de Cádiz. Centro Nacional de la Memoria Histórica, Salamanca, Causa General caja 1.061, 2ª pieza.

27.- F. Espinosa y F. Romero, op. cit., p.74-91.

28.- Cipriano Briz González era juez militar en 1931, continuó ejerciendo sus labores en la estructura judicial sediciosa. Caso muy diferente fue el del capitán Julio Ramos Hermoso. Se negó a secundarla y por ello fue detenido y condenado a seis años de prisión. También su figura ha sido difamada. En el blog “Pepe el Cizaña” (http://www.zizania.blogcindario.com) el viernes 27 de agosto de 2010 apareció un texto que le tildaba de “capitán cobarde”.

29.- De las primeras instrucciones realizadas al amparo de la orden de 3 de marzo, la número 14, comenzó a realizarse el 9 marzo. José Antonio Tabernilla Oliver era fiscal de la Audiencia de Cádiz desde julio de 1933. Tuvo una larga carrera en el poder judicial franquista. En 1975 fue nombrado fiscal general de dicho tribunal. Falleció en 1979.

30.- No fue la única gestión que realizaron para buscar avales. Entregaron un certificado de buena conducta y un aval profesional. También fueron adjuntados a la instruccción sin que se practicara ninguna otra diligencia posterior, ni fueran tenidos en cuenta.

31.- Sumarísimo 1/37, AHTTMS legajo 1174/30146.

32.- Sumarísimos 37/37, AHTTMS legajo 12011/30746; 79/37, AHTTMS legajo 12011/30755; 7/37, AHTTMS legajo 1178/30278; 8/37, AHTTMS legajo 1178/30278; 54/37, AHTTMS legajo 1201/30744.

33.- Sobre la inferioridad “racial” de la “anti-España”, ver P. Preston, op. cit., p.71-92.

34.- De los 24 Consejos localizados contra libertarios de marzo de 1937, 12 los instruyó Alfonso Moreno Gallardo y 9 José Antonio Tabernilla Oliver. En los restantes intervinieron José Sotillo, José Luis Molina y Antonio Martínez de Salazar Moyano.

35.- Rancaño también pertenecía a la carrera judicial. Después fue Jefe de los Servicios de Justicia Militar en Cádiz. Se jubiló en 1968 en la Audiencia Provincial de Santander.

36.- Sumarísimos 18/37, AHMTTS legajo 12011/30755; 29/37, AHMTTS legajo 1181/30286.

37.- Amador Mora murió en marzo de 1937 en Pozoblanco. Su esposa, Antonia Marín Muñoz, había sido asesinada en Facinas en septiembre de 1936, y Miguel Mora Marín lo fue en Cádiz en agosto de dicho año. Una semblanza de Amador Rojas en Wenceslao Segura González, “Amador Mora Rojas y la Segunda República”: Aljaranda 36 y 37 (2000).

38.- Este es el número, exactamente 1.332, que da A. Domínguez Pérez, op. cit, primer volumen, p.79.