El Ártico ha dejado de ser una periferia congelada del sistema mundial para convertirse en uno de los principales escenarios de la crisis contemporánea. Groenlandia, en particular, se sitúa hoy en el cruce entre colapso climático, extractivismo, militarización y competencia entre grandes potencias. Lo que se presenta en los discursos oficiales como un debate técnico sobre seguridad, desarrollo o soberanía es, en realidad, la actualización de una lógica histórica de dominación estatal y acumulación capitalista.
Entender lo que ocurre en Groenlandia exige ir más allá de los titulares geopolíticos y situar el conflicto en una perspectiva crítica que cuestione no solo quién controla el territorio, sino qué formas de poder, de organización social y de relación con la naturaleza se están imponiendo.
El mito del territorio vacío y la continuidad colonial
Groenlandia es la isla más grande del planeta y está habitada mayoritariamente por población inuit. Aunque históricamente se ha representado como un «espacio vacío», esta narrativa oculta las vidas, saberes y prácticas sociales que han existido por miles de años en su territorio y legitimar su apropiación.
Formalmente integrada en el Reino de Dinamarca, Groenlandia posee un alto grado de autonomía administrativa desde 2009, con control sobre muchos de sus recursos naturales. Sin embargo, esta autonomía está limitada por dependencias económicas estructurales y marcos jurídicos ajenos a las tradiciones comunitarias inuit y por su inserción en alianzas militares y económicas decididas fuera de la isla. La colonización no desaparece con la descentralización administrativa: se reconfigura.
Desde una perspectiva antiautoritaria, el Estado moderno —incluso cuando se presenta como democrático o progresista— actúa como un dispositivo de domesticación: impone categorías legales, económicas y territoriales que subordinan las formas de vida comunitarias a las necesidades del capital y de la geopolítica.
2026: el fin de la “excepción ártica”
Durante décadas, el Ártico fue presentado como una región de cooperación científica y gobernanza compartida. Ese relato se ha derrumbado. El año 2026 marca el cierre definitivo de esa ilusión: la presión explícita de Estados Unidos sobre Groenlandia, incluyendo amenazas económicas y la normalización del uso de la fuerza como posibilidad, señala el paso de la diplomacia encubierta a la coerción abierta.
El interés estadounidense no es nuevo. Ya en 1946 Washington intentó comprar la isla. Lo que ha cambiado es el contexto: la crisis climática acelera el deshielo, abre nuevas rutas marítimas y vuelve accesibles recursos antes inaccesibles. Groenlandia se convierte así en un nodo estratégico de la competencia inter-imperialista, especialmente en el intento de Estados Unidos por reducir su dependencia de China en minerales críticos para la industria tecnológica y militar.
Presentar esta dinámica como una cuestión de “seguridad internacional” es una mistificación. Se trata, en esencia, de asegurar cadenas de valor, controlar chokepoints geoestratégicos y anticiparse a un escenario de escasez global.
Extractivismo y la falacia del capitalismo verde
Bajo el hielo groenlandés se encuentran grandes reservar de tierras raras, uranio, zinc, petróleo y gas, junto a otras materias primas estratégicas que son esenciales para la industria tecnológica y la mal llamada «transición verde» del capitalismo global. El discurso dominante apela a la transición energética, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático para justificar su extracción. Sin embargo, esta narrativa no cuestiona la lógica de fondo: la conversión de la naturaleza en mercancía bajo lógicas de acumulación que no responden a las necesidades de las comunidades locales.
La crisis climática, lejos de frenar el capital, se ha transformado en su nuevo motor de expansión en el Ártico y una oportunidad de negocio y expansión para el capital y los grandes poderes. Las maniobras de militarización de la región, incluyendo la creciente presencia de Estados Unidos y de la OTAN bajo el pretexto de «protección ambiental», obedecen a intereses geoestratégicos que buscan garantizar que, cuando el Ártico quede accesible por el deshielo, las rutas comerciales y los yacimientos estratégicos permanezcan bajo control occidental frente a rivales como China y Rusia, destruyendo ecosistemas locales y modos de vida indígenas para sostener la demanda energética y tecnológica del Norte global y su poder.
Las decisiones sobre minería, infraestructuras o explotación energética no responden a las necesidades de las comunidades inuit, sino a las presiones de potencias extranjeras, grandes corporaciones y alianzas militares. En este contexto, el desarrollo extractivo aparece como una imposición y una trampa: financiar la independencia económica de Groenlandia mediante la explotación salvaje de recursos comprometería de forma irreversible el entorno ecológico y las bases mismas de la supervivencia cultural y material de sus habitantes, quedando atrapados entre la tutela colonial prolongada y una soberanía condicionada por el mercado global.
Militarización y violencia estructural
La presencia de instalaciones militares como la base estadounidense de Pituffik y el despliegue recurrente de fuerzas y ejercicios de la OTAN son síntoma de una integración de Groenlandia en la arquitectura militar global. Esta militarización no solo normaliza la fuerza como lenguaje político, sino que convierte el territorio en un punto de amortiguamiento entre bloques de poder.
Desde una perspectiva crítica, la supuesta «protección» que proveen alianzas como la OTAN es menos una liberación que la manifestación de la disciplina estatal sobre territorios y poblaciones. Las comunidades inuit se convierten así en variables secundarias, cuando no como obstáculos.
Para el pensamiento antiautoritario, esta militarización no es un exceso puntual, sino una expresión coherente del Estado moderno: administrar territorios y poblaciones mediante la amenaza o el uso de la violencia, incluso cuando estas nunca han solicitado tal “protección”.
La trampa de la soberanía estatal
Frente a estas presiones, la independencia estatal suele presentarse como la solución evidente. Sin embargo, este enfoque encierra una trampa. Un Estado groenlandés formalmente soberano, pero dependiente de mercados globales, deuda externa y alianzas militares, reproduciría las mismas estructuras jerárquicas que hoy lo subordinan.
La soberanía estatal no garantiza autodeterminación real; en contextos de competencia entre potencias, los Estados pequeños a menudo se convierten en gestores de intereses ajenos a sus poblaciones. La historia reciente está llena de ejemplos de independencias que derivaron en nuevas formas de dependencia.
Desde una perspectiva libertaria, la autodeterminación no se reduce a cambiar de bandera. Implica que las comunidades decidan directamente sobre sus territorios, economías y formas de vida, sin la mediación coercitiva del Estado ni la imposición del capital.
Hacia una autonomía radical y horizontes de emancipación
Un análisis verdaderamente emancipador debe plantear alternativas que desborden el marco estatal y rompan con la ontología del Estado, inspirándose en las formas de vida que el colonialismo no ha logrado borrar:
- Recuperación de la gestión comunal. En la cosmología inuit, el concepto de Sila une el clima, el cosmos y la inteligencia colectiva. Esta visión es incompatible con la propiedad privada del suelo y el extractivismo. La autonomía radical pasa por restaurar el control colectivo sobre los recursos, donde la tierra no sea un «activo» sino un espacio común de subsistencia, gestionado mediante consejos de ancianos y asambleas locales que ya han demostrado su fuerza al paralizar proyectos como la mina de uranio de Kvanefjeld.
- Desmilitarización y Zonas de Paz. Rechazar la narrativa de la «protección» de la OTAN o de Estados Unidos implica exigir el cierre de infraestructuras como la base de Pituffik y declarar el territorio como zona desmilitarizada. La seguridad no debe medirse en misiles interceptores, sino en soberanía alimentaria y resiliencia climática.
- Redes horizontales de solidaridad ártica. Romper el aislamiento impuesto por las fronteras estatales de Dinamarca o de un futuro Estado groenlandés implica fortalecer alianzas con el pueblo Sámi en el norte de Europa y con las naciones originarias de Canadá y Alaska, creando un bloque de resistencia transártico frente al Consejo del Ártico y las potencias imperialistas.
- Rechazo de la mercantilización de la naturaleza. Redefinir el valor del territorio fuera de la lógica del mercado. Si la “transición verde” del Norte global exige sacrificar el ecosistema ártico, la respuesta debe ser una ecología social que sitúe la reproducción de la vida en el centro y cuestione el metabolismo industrial del capital.
La disputa por Groenlandia no es un episodio excepcional, sino un síntoma avanzado de la crisis del orden global. En un mundo de recursos finitos y colapso climático, los Estados y el capital recurren cada vez más abiertamente a la coerción, el extractivismo y la militarización. El año 2026 nos sitúa ante un espejo: o aceptamos la integración definitiva de Groenlandia en el engranaje de la guerra y el saqueo bajo una nueva bandera, o apoyamos la apertura de grietas autonómicas que desafíen la autoridad centralizada.
La pregunta central no es quién gobernará Groenlandia desde un despacho en Nuuk, Copenhague o Washington, sino si seguiremos aceptando que la autoridad estatal decida sobre territorios y vidas en nombre del progreso. Radicalizar la autodeterminación desde abajo, cuestionar la soberanía estatal y poner la vida en el centro no es solo una opción ética: es una necesidad política urgente frente al asedio del siglo XXI.
