Hace escasos días, en el madrileño barrio de Lavapiés se produjeron unos hechos, que muestran la inmundicia del sistema «democrático» y «liberal» que sufrimos. Una grabación, por parte de un vecino, nos muestra a, al menos, una decena de policías deteniendo violentamente a dos personas de piel oscura. Todo ello, claro, llama la atención de un nutrido grupo de viandantes, algunos de la cuales increpan a la pasma por sus excesos cercanos a la brutalidad. Se ve a un hombre de sienes plateadas, más tarde sabremos que de la edad de 75 años, se acerca a la policía, presumiblemente para interesarse por los detenidos, ya que uno de ellos está aplastado contra el suelo con varios uniformados conteniendo su cuerpo. Sin que se sepa exactamente qué ocurre a continuación, ya que existe una pequeña laguna en la grabación, lo que se ve en el siguiente tramo es que tres tipos armados, jóvenes y fornidos, empujan a un anciano hasta tumbarle sobre el asfalto para acabar, exactamente, reducido como el otro detenido. Es posible que las imágenes puedan impresionar e indignar al más pintado, pensando que son más propias de Estados Unidos que del inefable Reino de España, pero conviene mantener la mente fría; aunque pueda hablarse de brutalidad policial, creo que es en realidad un ejemplo del día a día de la fuerzas armadas del Estado. Al contrario de lo que suele pensarse, la policía no está principalmente para combatir el crimen (habría que preguntarse entonces qué delitos y de qué clase social), sino para mantener el orden; un orden estatal y capitalista, por supuesto, por muy «liberal» y «democrático» que se presente, vertical, jerarquizado, clasista y con evidentes privilegios para una minoría.
El pasado 21 de febrero, el presidente tunecino Kaïs Saied colocó en la diana a las comunidades subsaharianas con un relato basado en la teoría racista del gran reemplazo, planteamiento nacido en el seno de la extrema derecha europea que defiende la existencia de un plan de las élites globales para sustituir a la población blanca y cristiana y destruir la cultura occidental. En esta misma línea, en su discurso, el presidente tunecino señaló a las personas migrantes provenientes, principalmente, del África occidental, “hordas de inmigrantes ilegales del África subsahariana”, como parte de una “empresa criminal […] dirigida a cambiar la composición demográfica de Túnez”, para convertirlo en un país “solo africano” que pierda su identidad árabe-musulmana. Además, acusó a dichas comunidades de ser responsables de “violencias, crímenes y actos inaceptables”.
De esta forma, cuando es el mismo Presidente del Gobierno el que erige un discurso racista que ataca frontalmente a las personas migrantes, se está implantando un escenario de impunidad que, de forma inevitable, ha derivado en continuos ataques por parte de las fuerzas de seguridad estatales, pero también por población tunecina civil, contra las personas negras. Se han producido desalojos por la fuerza de viviendas, incendios de casas, arrestos arbitrarios, robos, despidos, agresiones físicas y verbales, prohibición del uso de determinados servicios públicos como el transporte o la sanidad, etc. Pero también han tenido lugar diferentes muestras de solidaridad, desarrollándose estructuras autoorganizadas que han posibilitado la visibilización y denuncia de dicha oleada de violencia racista amparada e impulsada por el actual Gobierno, y el apoyo económico y material a aquellas personas que han sido víctimas de las razzias nocturnas, y diurnas, ofreciendo desde atención médica a alojamiento o alimentos, etc. Además, han tenido lugar manifestaciones que han servido también como altavoces contra el régimen en su totalidad.
Pero, para entender el porqué de dichas declaraciones justo en este momento, es preciso explicar la actual situación del país. Kaïs Saied, académico y jurista, ganó las elecciones de 2019 presentándose como un tecnócrata independiente, como un candidato alternativo sin vínculo con el escenario político previo surgido tras la Revolución de 2011, que ha derivado en una clase política profundamente desprestigiada por la corrupción, por las esperanzas de cambio insatisfechas y por la inalterable y precaria situación de las clases populares tras la sucesión de unos y otros gobiernos. Sin embargo, rápidamente, la imagen del candidato modernizador cuidadosamente diseñada y construida ha dado paso a la realidad que escondía dicho sujeto, junto al giro autoritario materializado en la detención de opositores, en el bloqueo de derechos y libertades políticas y en la aprobación y desarrollo de importantes cambios normativos sin el trámite parlamentario tras la suspensión de la Cámara, hay que sumar su ataque a cualquier avance en materia de igualdad, su discurso abiertamente homófobo, y la difícil situación económica agravada por una elevada inflación sobre productos básicos como los alimentos que complica aún más la realidad de las clases trabajadoras.
Por ello, sobre todo en relación a este último hecho, la estrategia puesta en marcha es la que ya se ha descrito, responsabilizar a las personas migrantes, criminalizarlas, fijarlas en el foco como chivo expiatorio, generar odio y, por tanto, división entre las propias clases populares.
Por otro lado, aunque guardando una evidente relación, las otras noticias relacionadas con Túnez que podemos leer en la prensa mayoritaria española hacen referencia a los trágicos naufragios que están teniendo lugar frente a sus costas. Si, en 2022, 580 personas fallecieron tras zarpar del país, en 2023, las cifras también resultan ser alarmantes. El 26 de marzo, la agencia EFE informaba de la muerte de 19 migrantes, el tercer naufragio mortal en 72 horas, al que habría que sumar 24 fallecidos y 62 personas en paradero desconocido. El aumento del número de naufragios no es casualidad, es fruto de la conjunción de diversas decisiones políticas. La violencia sobre las personas negras en suelo tunecino y la alianza antimigratoria sellada con el gobierno ultraderechista italiano encabezado por Meloni han tenido un efecto directo, agravando los peligros y riesgos del trayecto.
Pero, como se ha descrito, la movilización social sigue presente en Túnez, si bien el régimen pretendía usar las últimas elecciones como instrumento de legitimación, la jugada les ha salido realmente mal. Una muy elevada abstención, impulsada por grupos feministas, sindicales, rivales políticos, etc., que ha dejado las cifras de participación en números completamente ridículos, así como la movilización en la calle contra la carestía de la vida, que acabó materializada en una jornada de huelga general, contra las reformas autoritarias, contra la represión, contra los pogromos racistas, etc., esperemos que sirvan para dotar a las clases trabajadoras tunecinas y migrantes de estructuras propias y nuevas dinámicas de lucha que impulsen el cambio social pretendido por la histórica Revolución del Jazmín, responsable de alterar por completo el panorama político del Magreb a Asia Occidental.
En tan solo ocho días, Grecia vivió, durante la primera quincena del pasado mes de marzo, dos huelgas generales. ¿El motivo? El martes 28 de febrero dos trenes chocaron en Tempe, provocando 57 muertes. Se trata de la mayor tragedia ferroviaria de la historia del país y ha puesto de relieve el precario estado de los servicios públicos helenos. Pese a que el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis (de Nueva Democracia) achaca la causa a “patologías crónicas”, los sindicatos del país aseguran que el deterioro se debe a más de una década de políticas de austeridad.
El sábado 26 de marzo en Sainte-Soline, nuestro camarada S. fue alcanzado en la cabeza por una granada explosiva durante la manifestación contra los embalases. A pesar de su estado de urgencia absoluta, la prefectura impidió a sabiendas que los servicios de urgencia intervinieran en primer lugar y que le trasladaran a una unidad de cuidados adecuada en segundo lugar. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos de neurocirugía. Su pronóstico vital sigue siendo reservado.
Llevo años escuchando, por parte de vulgo, toda suerte de santas estupideces sobre los nacidos en tierras francesas. Así, «los gabachos esto…», «los gabachos lo otro…» y, especialmente en el terreno deportivo, hay quien se suele relamer patéticamente de gusto cuando algún fulano o grupo hispano derrota a otro del país vecino. Cuando escucho semejante argumentación, no puedo evitar torcer el gesto, maldecir sobre lo más sagrado, lamentarme del género humano y rememorar una vez más la deseada fraternidad que atraviese cualquier frontera artificial creada por el homo llamado sapiens. Cierto es que el llamado chovinismo parece tener un origen francés, y no dudo que haya no pocos galos que crean que ellos han aportado más luz al mundo, algo tan repulsivo en Franciacomo, sin ir más lejos, en este inefable país, llamado Reino de España, donde tanto reaccionario pretende hacernos creer que la tradición imperial hispana fue de lo más benévola. Lo cierto es que esa especie de patriotismo exacerbado (algo que, por otra parte considero un pleonasmo) me parece común a todo lugar que haya generado ese horror llamado nación-Estado, mistificación que somete a las personas en un territorio, concentrando las instituciones coercitivas en pocas y privilegiadas manos, y que impide la fraternidad universal. Pero, vayamos con lo que está ocurriendo ahora mismo en el país vecino.
Pues sí, está en boca de todos que se ha cumplido un año de una guerra iniciada, no lo olvidemos, con la agresión militar del ejecutivo ruso sobre el territorio de Ucrania. Con todos los matices que se quiera sobre el conflicto, que los hay y por supuesto que hay que insistir en ellos, resulta peculiar que haya quien siga insistiendo en la criminalización del régimen ucraniano y únicamente en el imperialismo de la OTAN y, aunque no se diga de esta manera, en que Putin y su gobierno no habrían tenido así más remedio que iniciar la ofensiva militar. En el otro extremo, como relato oficial de los países atlantistas, estaría que el ejecutivo ruso es el único culpable de la guerra, que no quiere en absoluto negociar, y sí una victoria militar en toda regla, y que el pueblo ucraniano necesita defenderse, por lo que tenemos que ofrecerle toda nuestra solidaridad. Ambas lecturas son un insulto a la inteligencia y un atentado contra la moral, lo cual por supuesto no me sitúa en equidistancia alguna. Tampoco me coloca en una abstración pacifista, ni me hace lavarme las manos sobre cualquier conflicto donde, como siempre, quien está sufriendo es el pueblo llano e incontables jóvenes que, en nombre de toda suerte de ficciones inicuas, son empujados a ponerse un uniforme y portar un arma para morir o matar. Resulta indignante que esta guerra, como tantas otras en activo, no provoque nuestras protestas masivas como así ha sido cuando el culpable claro son los Estados Unidos.
Hace pocos días, un terremoto terrible afectó a los países de Turquía, donde se produjo el epicentro, y Siria; los muertos se han contado por miles, que, con seguridad, serían muchos menos con unas condiciones de vida dignas. La solidaridad internacional se ha disparado pero la atención sanitaria de urgencia se dificulta en un territorio, el sirio, que lleva nada menos que doce años de conflicto armado con diversos facciones en litigio, gubernamentales, el Estado islámico o los kurdos, cada una de ellas con sus correspondientes aliados internacionales. Hace tiempo que esta guerra, como tantas otras, no ocupa sitio en los medios generalistas primando la invasión de Ucrania, por motivos obvios, ya que las emergencias humanitarias lo son más si afectan a los países desarrollados. Infinidad de personas, ahora afectadas por el terremoto, ya convivían con el horror al escapar de los ataques armados. ¿Qué sabemos sobre el conflicto civil sirio, con seguridad, alimentado por diversos intereses en juego? Al parecer, la zona siria devastada por el seísmo está dividida entre territorio controlado por las fuerzas del presidente Bashar al-Asad, mientras que la zona más al noroeste se encuentra dominada por los que resisten frente al régimen. Los refugiados, que huyeron de la guerra, se dice que al menos millón y medio, se han visto ahora afectados por la catástrofe natural en territorios como Alepo o Idlib; si hablamos ya del paso a Turquía, se baraja la cifra de tres millones y medio, que buscan refugio en ese país.
En el momento de escribir estas líneas, Alfredo Cospito cumple 80 días en huelga de hambre, iniciada el 19 de octubre de 2022, en protesta por su situación en prisión.
Alfredo es un anarquista insurreccionalista de Torino (norte de Italia), con décadas de militancia a sus espaldas, lo que le ha ocasionado sufrir la represión del Estado italiano desde muy joven, pasando por prisión en los ochenta cuando estuvo preso por declararse insumiso al servicio militar.
Tanto la Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022 como la precedente Ley de Memoria Histórica (LMH) de 2007 se han publicitado desde sus ángulos más optimistas, enfatizando aspectos como la eliminación de los símbolos de la dictadura y el apoyo de la Administración a la exhumación de las víctimas. Pero bajo ese rosario procedimental, el tándem normativo esconde en la práctica una flagrante discriminación en el apartado de la compensación económica a las víctimas, según los hechos dimanantes hayan acaecido antes o después de 1968 (9.616,18 euros para las primeras y 135.000 euros para las segundas).
Al comienzo de la agresión militar del ejecutivo ruso sobre la población ucraniana, a finales de febrero del pasado 2022, uno de los reporteros trasladados a aquella región fue Pablo González, politólogo afincado en Polonia especializado en Europa del Este con doble nacionalidad, rusa y española. Este hombre ya había cubierto el conflicto armado en la misma región en 2014 o el de Nagorno Karabaj, guerra entre fuerzas armenias y azerbaiyanas en 2020 que se remonta a la caída del bloque soviético y cuya tensión no se ha dejado de producir hasta hoy (esos conflictos de los que apenas informan). Pablo González informó, al comienzo de la invasión de Ucrania, de la huida masiva de civiles con artículos en diversos medios, conexiones televisivas y actualización constante en la redes. Todo eso terminó con su detención el 28 de febrero por parte de las autoridades polacas sin que estuviera muy claro de qué diablos le acusaban; después de unos días, el gobierno de aquel país informó acerca del deternido y los cargos que tenían contra él sin mostrar prueba alguna: se le acusaba de ser miembro de la la inteligencia militar de Rusia y de actuar en contra de los intereses de Polonia. No era la primera vez que el reportero se enfrentaba a los servicios secretos de un Estado, ya que unas semanas antes fue retenido por espías ucranianos, mientras que en España sus familares y allegados en el País Vasco recibieron la visita de agentes del CNI para interrogarles sobre un periodista acusado de ser prorruso y haber colaborado nada menos que con el periódico Gara. Todo, tal y como contaron aquellas personas, muy surrealista. Poco después de aquellas acusaciones disparatadas, González fue detenido, algo que llega hasta el día de hoy, más de 10 meses después, sin que haya evidencia alguna de las acusaciones que le hacen.
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