Vicent Almela / Directa

El 31 de marzo, Ana recibía una llamada telefónica informándole que su marido había muerto de sobredosis en la prisión onubense. Cuando llegó al centro penitenciario, la dirección apenas le dijo nada, así que se puso en contacto con el compañero de celda de su marido. El preso le comentó que la noche anterior, al ver que su marido se encontraba mal, había estado llamando de forma reiterada al interfono durante más de media hora hasta que un funcionario fue a socorrerlo. Ya era demasiado tarde, Juan había muerto. La represalia por recriminar a los funcionarios su tardanza fue el régimen de aislamiento. Un día después de la muerte, varios medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, pero ninguno puso sobre la mesa una posible negligencia. En lugar de investigar las causas de la defunción o hablar con Ana, los medios resaltaban la peligrosa entrada de “papelitos”, una nueva droga casi imposible de detectar que alteraba la actitud de los presos y suponía un “grave riesgo” para los funcionarios. A pesar de que todavía no había resultados de la autopsia y su muerte no había significado ningún riesgo para la seguridad de la plantilla, los sindicatos exigían más medios coercitivos, así como la incorporación de pistolas Taser para controlar a la población penitenciaria. Una posible muerte por negligencia, según el testigo presencial, se había convertido en una campaña sindical para pedir más medios coercitivos.

Comparte