En la madrugada de este lunes 16/4 fue finalmente liberado el grupo de ocho adolescentes y un menor de edad, que fueron apresados arbitrariamente por fuerzas policiales cubanas el pasado viernes 6 de abril en La Habana.
A pesar de las informaciones que habían ofrecido a los familiares de que serían condenados a prisión por hasta cuatro años, o que se les aplicarían multas de 2.500 pesos (como ha sucedido en otras ocasiones), ahora se les aplicó una Carta de Advertencia a cada uno.
Se trata del típico modus operandi de la policía cubana, que con demasiada frecuencia no ofrece información fidedigna sobre el paradero de detenidos, ni revela los verdaderos cargos o motivos de la detención. En el caso de los punks, se suma la discriminación institucional hacia ese grupo social
Casi no les permitieron visitas a los adolescentes. Después que madres y padres descubrieron por su cuenta dónde estaban sus hijos e hijas injustamente tras las rejas, los guardianes les otorgaron apenas 5 minutos para que los vieran y pudieran comer lo que les llevaban. Muchos no lograron terminar el plato de comida, en tan corto tiempo.
Por supuesto que no me creo ese adagio de que la policía está para hacer cumplir la ley. Hace muchos años que los ejemplos abundan de cómo justamente esas fuerzas represivas violan las legislaciones vigentes, desconocen la letra de la ley, y aplican con total discrecionalidad injustos castigos, a veces obedeciendo a juicios y prejuicios personales.
En este caso, los punks afectados deberían reclamar jurídicamente el Acta Advertencia que les obligaron firmar, pues se trata justamente del tipo de antecedentes penales que justificarán futuras escaramuzas contra ese grupo de adolescentes incómodos, radicales, críticos.
La violación del justo proceso es la norma en esa institución cubana, y las principales víctimas somos los parias de esta sociedad: punks, personas racializadas, gays, trans, “buzos”, disidentes políticos, anarquistas, defensores de derechos humanos, en fin, todo aquel cuya simple existencia ponga en entredicho la imagen idílica de una sociedad harto retrógrada.
Sé que algunas personas en Cuba preferirían que este suceso quedara como anécdota, y que no se hicieran generalizaciones de ese tipo hacia las instituciones. Es ese el modo que, incluso, muchos activistas prefieren: jugar con la cadena, pero no con el mono.
Pero es nuestra responsabilidad cívica denunciar el estado de descomposición que sufre la institucionalidad cubana, la arbitrariedad que mueve las decisiones de todo tipo y a todos los niveles, dado que esa descomposición al final se refleja lamentablemente en nuestras familias, en nuestros barrios.
Entonces que tenemos que soportar esos reportajes baratos en la TV nacional achacando responsabilidades a la indisciplina social (e incluso “popular”), ignorando olímpicamente que el principal infractor de sus normas es el propio Estado, de donde las personas toman ejemplo.
Isbel Díaz T.
Tomado de https://www.havanatimes.org/sp/?p=132150
