“Asumimos que las prisiones son inevitables, pero a menudo tenemos miedo de enfrentarnos a las realidades que producen. Éste es el papel ideológico que juega la prisión; nos exime de la responsabilidad de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente con aquellos producidos por el racismo y, de manera creciente, por el capitalismo global” – Angela Davis.
Pareciera consabido que en Estados Unidos las cárceles son un gran negocio, una cuestión que al preguntarnos (cosa que prácticamente no ocurre) sobre la situación de las cárceles españolas, se asume de inmediato, es que de ninguna manera las instituciones penitenciarias del Estado español vehiculizan el mal. Se piensa, y se asume, que la institución penitenciaria está ahí para ejercer una labor civilizatoria, y para otorgar a los “criminales” la posibilidad de una reinserción favorable, eficaz y auténtica tanto para la persona apresada como para la sociedad civil. Nada más lejos de la realidad. La reflexión que nos ofrece la activista abolicionista Angela Davis interpela a cualquier lugar del mundo donde impere la democracia y el estado de derecho.
Así, en el Estado español las cárceles también juegan un sucio papel en lo que al trabajo esclavo se refiere, entre tantas otras cosas aberrantes que ya hemos ido denunciando en este mismo proyecto editorial, como lo son el régimen FIES, el alejamiento a presos, el aislamiento y un largo etcétera.
En las cárceles españolas existe el trabajo esclavo. Hay que aclarar que el apelativo esclavo no es ningún capricho, puesto que no se aplica el Estatuto de los Trabajadores, sino por el contrario un llamado Real Decreto (Real Decreto 782/2001) que está carente de todo rigor legal. El trabajo esclavo que realizan las personas apresadas se considera como una “relación especial” de éstas en los centros penitenciarios. No existe sin embargo contratación reglada, el único contrato al que tiene acceso una persona en prisión es del tipo de Obra y Servicio y por lo general suelen ser a tiempo parcial. Tampoco existe el derecho a negociar por el horario y aun menos por el tipo de sueldo a percibir. Es el director de prisión, y por lo tanto queda sujeto al criterio de cada director en cada centro penitenciario, el que determina el horario laboral, pudiendo estos modificar la jornada o el horario a su antojo y necesidad, como denunciaron en su día la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
En total existen en todo el Estado Español 120 empresas y ayuntamientos que mantienen una relación interesada con los centros penitenciarios para la adquisición de mano de obra esclava. Asombra ver cómo van desde las más grandes y conocidas, como pueden ser Telefónica, el Banco Santander o El Corte Inglés, así como la familia Pujol (de la que llama bastante la atención el hecho de que después del escándalo en torno a sus turbios negocios, no apareciera entre ellos su lucrativa relación con la cárcel); hasta las más pequeñas y desconocidas y que se dedican entre tantas otras cosas a la industria textil y calzado, papelera y plástico, aluminio, persianas, cableado, cerámica, maderería, automoción, teleoperadores, iluminación, embalajes, puertas, pelado de ajos, saneamiento, lavandería y, entre otras cientos, paradójicamente, la confección de jaulas y comederos para pájaros, conejos y otras mascotas, una terrible retórica para cualquier preso/a. En el caso de las empresas privadas, a diferencia de los ayuntamientos, la ventaja es mayor si observamos que la propia cárcel sirve con sus instalaciones, habiéndose ahorrado con ello el gasto de luz, agua, alquiler, etcétera.
En un principio estas empresas juegan con el así llamado ”programa de reinserción”, que oculta e invisibiliza una verdad mucho más cruel: el lucrativo negocio de la mano de obra esclava en las cárceles españolas. Sin ir más lejos, “en la memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones”, según palabras del periodista Fernando Romero que fue el primero en destapar tales hechos. El número de mano de obra esclava en las cárceles va en aumento año tras año, llegando a multiplicarse por tres en la última década. El año pasado, 2018, cerraba con un índice de población presidiaria de 64.012 en total. El 92% están encerrados en prisiones de hombres mientras que el 8% están encerradas en prisiones de mujeres. Del total de la población presidiaria, 12.404 constan como “trabajadores”.
Para que esto sea realmente un negocio rentable, a la situación del desfase de horarios con jornadas laborables nada claras hay que añadir la cuestión salarial. Juntas, jornada laboral y salario, es lo que demuestran la verdadera posición de esclavitud a la que están sometidas las presas y presos. Si el salario mínimo interprofesional se sitúa a día de hoy en 900€ mes, el de una persona presa se encuentra muy, muy por debajo, en torno a unos 200€ mensuales.
Así lo denunciaba en 2017 un colectivo anónimo con el hashtag #Esclavasenprisión colocando pegatinas en las etiquetas de ropa del El Corte Inglés y de Zara Home, con el mensaje “Esta etiqueta ha sido colocada por una mujer presa cobrando por ello 0.75€/hora”. De esta forma queda demostrado que el salario de una mujer presidiaria, tras haber realizado una jornada de 9 horas al día durante un mes, se queda en la irrisoria y paupérrima cifra de 121,53€ mes. Este es para muchas presas y presos el único ingreso económico que tienen.
Enfrentarnos y responsabilizarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, implica en este caso no asumir lo inasumible. Estamos ante un claro ejemplo de competencia desleal donde el empresario quiere sacar el máximo beneficio posible de la plusvalía de la población presidiaria y convertir la prisión en una mina de oro para las empresas y la propia Entidad de Derecho Público. Y eso tiene nombre: sobre-explotación.
