El estado actual de la situación social en Perú es el perfecto ejemplo de lo que genera el neoliberalismo en latitudes como América Latina. Un extractivismo de recursos y explotación humana asentado sobre las bases ideológicas del colonialismo de hace siglos, gobiernos parlamentarios inestables y autoritarios, y represión, mucha represión y matanzas contra las comunidades sociales. Desde 2016 se han sucedido hasta siete gobiernos en Perú, un país heredero del fujimorismo más autoritario, que organizó un genocidio en los años 90. Desde el 2021 venía gobernando Pedro Castillo, inepto progresista que nunca se sintió cómodo con la etiqueta de izquierda, vapuleado por una oposición derechista furibunda. Receloso de parecer más izquierdista de lo que es, a nivel internacional Castillo se acercó a la Organización de Estados Americanos y al Brasil de Bolsonaro, mientras marcaba distancias con Venezuela. Esto tuvo dos consecuencias: por un lado, provocar que las élites derechistas demandaran más concesiones y, por otro, minar los apoyos de la propia base social de Castillo.
Mientras tanto, todo el discurso mediático internacional trabaja a diario para reforzar la idea de la ingobernabilidad en América Latina, un continente donde retiemblan las consecuencias de un capitalismo extremo. Lo que hace ingobernable el continente americano es precisamente ese neocolonialismo que sitúa en el poder a una clase dirigente personalista con un perfil más moderado o conservador según los intereses particulares en cada contexto. Mientras tanto las clases populares sufren la responsabilidad directa de ese sistema de juego.
El escritor uruguayo Raúl Zibechi apuntaba este pasado año algunas claves de la nueva ola progresista latinoamericana, entre la moderación y una derecha intolerante:
«La primera limitación es la crisis global y de la globalización, así como la crisis civilizatoria en curso. El creciente enfrentamiento entre EE UU y la UE con Rusia y China, configura un escenario complejo ante el cual los gobiernos progresistas no parecen sentirse cómodos […] El segundo problema que enfrenta la nueva ola progresista es el crecimiento y la movilización de las nuevas derechas. Con la relativa excepción de México, en el resto de los países está tallando una nueva derecha que no tiene el menor empacho en mostrarse como racista y antifeminista […] La historia reciente dice que los gobiernos progresistas dilapidaron el entusiasmo popular que tuvieron al comienzo del ciclo, hace ya 20 años. El apoyo que están recibiendo ahora se debe más al rechazo a las ultraderechas […]
[…] La conversión de los progresismos en conservadurismos está arrastrando a buena parte de los movimientos sociales, en particular los más visibles e institucionalizados. Lo más grave, empero, es que tendrá consecuencias nefastas en el espíritu colectivo emancipatorio en el largo plazo, aislando a los sectores más consecuentes y más firmes que, en América Latina, son a su vez los más castigados por el modelo extractivista, como los pueblos originarios y negros, los campesinos y los pobres de la ciudad y del campo«.
Se derrumba el gobierno peruano, comienzan las protestas populares en las calles
El pasado 7 de diciembre un pulso de acciones gubernativas llevaban al presidente Pedro Castillo a decretar el estado de emergencia, disolver la cámara legislativa e impedir una tercera votación de moción de censura, estableciendo un toque de queda. Una acción desesperada tras un año de acusaciones de corrupción, una derecha que llevaba intentando sacarle de la presidencia desde el primer momento y con todas sus propuestas siendo bloqueadas por el Parlamento (pues la Constitución peruana otorga más competencias al Poder Legislativo que cualquier otra de su entorno y apenas le deja espacio a maniobrar al Poder Ejecutivo si éste no cuenta con la mayoría parlamentaria) y el Poder Judicial (que no le permitió iniciar un nuevo proceso constituyente). En definitiva, Castillo se vio sin saber cómo enfrentar a una clase empresarial oligarca, contra la que hace falta algo más que simples buenas intenciones de reformismo moderado. Pero existe una diferencia muy importante entre el castillazo de 2022 y el fujimorazo o autogolpe de 1992 y es que Castillo anunció que se celebrarían elecciones constituyentes en unos meses, mientras que Fujimori gobernó y permaneció en su puesto con los poderes excepcionales hasta el año 2000. Castillo confiaba en que, con el estado de emergencia decretado, podría por fin gobernar en el país y avanzar en su agenda progresista durante algunos meses hasta la convocatoria de nuevas elecciones que acabaran en una nueva Constitución. Seguramente su seguridad se debía a que todo apuntaba que la moción de censura que se iba a celebrar contra él y que bloqueó no iba a prosperar, por carecer del apoyo suficiente. Sin embargo, el parlamento peruano actuó inmediatamente, destituyendo a Castillo por «incapacidad moral» (la misma fórmula con la que se derrocó a Fujimori) con 101 abrumadores votos a favor de un total de 130, siendo detenido por la policía poco después.
Castillo se había fraguado en la política desde el sindicato de maestros, siendo uno de los dirigentes destacados de la huelga magisterial de 2017. En las urnas debió enfrentarse a la lideresa de la derecha, Keiko Fujimori, empresaria e hija del expresidente genocida. El voto a Castillo fue abrumador en regiones andinas donde la mayoría de la población es campesina y pobre como Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, donde obtuvo más del 50% de los votos. Y también en su región natal, la norteña Cajamarca, donde Castillo fue el más votado con alrededor del 40% de los votos. Esta fragmentación de apoyos entre el rural y lo urbano, se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Como hemos dicho, desde el primer minuto de la presidencia de Castillo la derecha peruana lanzó proclamas de fraude electoral y ha tratado de obstaculizar política y socialmente el país, con una beligerante propaganda de periodistas mercenarios desde la derecha. Con ese contexto en contra, Pedro Castillo, no ha jugado ni siquiera el rol del arquetipo de presidente socialdemócrata peruano. Y los apoyos populares que tenía se fueron desvaneciendo frente a la cavernaria burguesía.
La confianza del pueblo peruano en la clase política lleva años en absoluta quiebra, de hecho esos caminos son los que llevan a abrazar muchas veces propuestas políticas autoritarias y conservadoras, y a sufrir una represión brutal. Sacar la política de nuestras vidas, y regalársela a los regímenes que impone este sistema capitalista, generan este tipo de dinámicas. Al frente del nuevo gobierno se ha situado a Dina Boluarte (la opción respaldada por EEUU y la Organización de los Estados Americanos, ésa que avaló el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia), vicepresidenta peruana anteriormente y ministra de Desarrollo e Inclusión Social que, si bien representaba al mismo brazo político progresista de Castillo, no le ha temblado el pulso a la hora de reprimir duramente las primeras protestas populares que se desarrollaron en Lima y otras ciudades. Las Fuerzas Armadas peruanas y la policía lanzaron un comunicado oficial manifestando su adhesión al orden constitucional, o lo que de otra manera se traduce en reprimir fuertemente a lo que se les mande.
No se puede afirmar que estas protestas tengan un objetivo concreto, un frente común y unas propuestas tibiamente revolucionarias, salvo pequeños colectivos organizados. Aparte de Lima, en algunas ciudades como Cuzco o Arequipa la principal reivindicación era la puesta en libertad de Pedro Castillo y el cierre del Congreso. La salida a las calles del pueblo peruano es un síntoma, una consecuencia de recibir palos desde hace décadas y vivir en severa pobreza gran parte de la población, y toda acción de protesta en ese sentido merece una legitimidad. De hecho, precisamente en estas pulsiones de revuelta es donde pueden surgir situaciones de avance en la organización popular y la concienciación política. También, por desgracia son momentos de grave represión, muertos y tensiones insostenibles sin una preparación previa.
Decenas de muertos y centenares de heridos, asesinatos y racismo en la era Boluarte
En las dos primeras semanas del gobierno ha habido al menos 27 personas asesinadas a lo largo del país debido a la represión policial, más de 300 personas heridas, y al menos 36 hospitalizadas de gravedad. Los medios y voceros derechistas rápidamente lanzaron proclamas contra los manifestantes, calificando sus actos de terrorismo, y el gobierno de Boluarte aceptó ese escenario, sin crítica, resolviendo atacar las protestas populares. Se han convocado elecciones para el año 2024, no antes, lo que hizo aumentar las protestas ante este nuevo régimen de autoritarismo y anormalidad constitucional. Si bien en las fechas de finales de diciembre se llegó a una tregua entre los actores en la lucha: la clase política represora peruana y diversas organizaciones sociales; esta tregua finaliza en principio el 4 de enero, por lo que habrá que seguir atentas a la situación en Perú.
La dinámica habitual estas semanas fue de detenciones arbitrarias, allanamientos, disparos a quemarropa y discursos negacionistas por parte de la presidenta Dina Boluarte en relación a civiles asesinados. Esta violencia contra el pueblo ha sido mayormente difundida en el contexto urbano, pero también se ha dado en espacios rurales con un furibundo racismo hacia las comunidades campesinas. Algunos ejemplos de esta represión es el asesinato de cinco jovenes en Andahuaylas, que provocó el incendio de una comisaría local y que la población campesina se sumase a las movilizaciones con cortes de carreteras. Se exige la anulación de proyectos alineados al neocolonialismo y atender inmediatamente la crisis agrícola consecuencia del cambio climático.
Esta idea nos indica que realmente sí que existen propuestas concretas, pero que estas no vienen de Lima y las grandes ciudades, sino del ámbito rural, que es mayoritario en Perú, invisibilizado y sin altavoces oficiales, pero donde retumban propuestas de autonomía, más allá de los ecos de una nueva constitución. El balance general desde distintas perspectivas es que más de 7 mil mujeres han sido desaparecidas solo este año en Perú por el patriarcado criminal, ha habido incendios forestales provocados y una fuerte sequía agrícola, la herencia de una crisis pandémica, el gran derrame de petróleo de Repsol por el que los pescadores no han sido indemnizados y una institución que pisotea la diversidad cultural y lingüística de pueblos originarios. Empresarios y autoridades regionales mantienen este statu quo de opresión y es contra lo que el pueblo se levanta, con toda la fuerza y las herramientas de lucha a su alcance.
Una fuerte crisis política que viene de lejos y la necesidad de una lucha autónoma
No es la primera vez en estos últimos años que en Perú salta una chispa de revuelta popular, pero se acalla con una dosis de burocracia progresista o con la más criminal de las represiones. Si el pueblo sale a las calles es porque sienten en su piel esa continuada explotación. La sociedad urbana peruana es profundamente racista y conservadora debido a la cultura política de los los años previos bajo influencia del fujimorismo. Una sociedad burguesa en la capital con unos privilegios que defienden a sangre y fuego frente a la población rural. Perú es un país inmenso con una extensión de territorio rural y de selva abrumador frente a las ciudades, y esa dicotomía es una realidad visibilizada ya desde los años de la guerrilla de Sendero Luminoso.
Las alternativas de izquierda revolucionaria han acabado asfixiadas también por esa guerrilla que hemos mencionado, que a diferencia de otros movimientos latinoamericanos, alejaron el siglo pasado a los campesinos con acciones en su contra estratégicamente muy mal planificadas, y debido al fuego cruzado de la represión estatal. Todo el mundo detesta a los campesinos pobres, desde las instituciones peruanas que les estorban en sus intereses neoliberales, hasta guerrillas marxistas que les ven como infantiles contrarrevolucionarios. Y la fuerza popular de una trasformación revolucionaria en Perú, sin embargo, sí reside en estas comunidades campesinas, junto con el empuje de la juventud en el ámbito urbano. Habrá quienes verán en un proceso constitucional una salida al desbloqueo institucional, pero la experiencia latinoamericana ya marca el fracaso a la larga de estos escenarios, solamente mediante la organización de una fuerza autónoma anticolonial, feminista y antirracista se sentarán bases más razonables para una verdadera emancipación lejos de los límites del capitalismo y de un Estado peruano brutal y fallido.
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