Se habla ya de fallecidos en la Cañada Real, en la que millares de personas se ven en una situación dramática, con el suministro de luz y de calefacción cortado desde hace más de tres meses. A lo largo de más de 15 kilómetros, en el sureste de la capital de este insufrible país, en este asentamiento ilegal hay tráfico de droga, sí, pero sobre todo actividades de todo tipo y viviendas de gente vulnerable, que han visto durante años cómo ningún gobierno ha mejorado su situación. El nombre de Cañada es un vestigio del pasado, de la antigua transhumancia ganadera, algo ya en desuso desde hace décadas, mientras que las personas más humildes se han ido incrementando en la zona al menos desde mediados de la década de los 70 del turbulento siglo XX. Solo periódicamente, durante todos estos años, tras algún hecho puntual, se ha publicado alguna cosa sobre uno de esos barrios precarios, que muchos madrileños desconocen a pesar de vivir a escasos kilómetros. Hay que decir que, en origen al menos, la Comunidad de Madrid era la titular del terreno, mientras que los municipios por los que discurre la Cañada, Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid solo tenían competencias residuales. El gobierno central se encargaba de la cuestión de la seguridad ciudadana. Las diversas legislaciones posteriores han envuelto en un halo de ambigüedad legal la situación.

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