En tan solo ocho días, Grecia vivió, durante la primera quincena del pasado mes de marzo, dos huelgas generales. ¿El motivo? El martes 28 de febrero dos trenes chocaron en Tempe, provocando 57 muertes. Se trata de la mayor tragedia ferroviaria de la historia del país y ha puesto de relieve el precario estado de los servicios públicos helenos. Pese a que el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis (de Nueva Democracia) achaca la causa a “patologías crónicas”, los sindicatos del país aseguran que el deterioro se debe a más de una década de políticas de austeridad.
Las políticas de austeridad griegas (2010-2022)
En 2009 las principales agencias de calificación degradaron la nota de solvencia de la deuda helena y la Bolsa de Atenas cayó en picado. En 2010, al borde de la quiebra, el país aceptó un préstamo de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de que el Gobierno griego aplicara una dura política de austeridad y grandes recortes al gasto público. Para supervisar los ajustes, se creó el grupo conocido como la Troika, formado por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo.
Estas medidas – unidas a numerosos episodios de represión policial y de corrupción política – dieron lugar a uno de los ciclos de movilización social más combativos del presente siglo en Europa(1), en el que el anarquismo tuvo un peso importantísimo. Infinidad de huelgas generales y plazas ocupadas contestaron todos los recortes que, a pesar de su dureza, no conseguían aliviar la deuda. En 2012 el Gobierno pactó con la Troika despedir a 15.000 funcionarias para poder acceder al segundo rescate financiero. Pese a ello, la deuda continuó creciendo.
El descontento social condujo en enero de 2015 a la victoria de la formación de izquierdas Syriza, que prometió terminar con las políticas de austeridad y revertir la privatización de empresas públicas(2). La promesa electoral no solo no se cumplió, sino que solo seis meses después de ganar las elecciones, el partido firmó el tercer rescate. En virtud del mismo, el Ejecutivo continuó recortando salarios y pensiones y concluyó procesos de privatización como el del puerto de El Pireo, el más importante del país, o la compañía pública de ferrocarriles TrainOSE, actual Hellenic Train (proceso que se inició antes de la llegada de la coalición de izquierdas al Gobierno y que finalizó bajo su supervisión). Los rescates concluyeron en 2018, pero hasta el mes de agosto de 2022 Grecia estuvo sometida a la “vigilancia reforzada” de la Comisión Europea.
En enero de 2019, poco antes de la victoria de Mitsotakis frente a Syriza, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció que habían aplicado en Grecia “una austeridad irreflexiva. No fuimos suficientemente solidarios con Grecia, incluso llegamos a insultarla. Lamento que hayamos dado tanto peso al FMI”. Pero para entonces ya se había desarticulado por completo el sector público griego.
El deterioro del sector del ferrocarril en Grecia
Después de la tragedia ferroviaria de Tempe del pasado 28 de febrero, los sindicatos del sector han publicado numerosas comunicaciones internas en las que habían alertado de que el mal estado de la infraestructura comprometía la seguridad de trabajadores y viajeros. Por ejemplo, el 31 de octubre de 2022, este sindicato había instado un procedimiento extrajudicial para exigir a la dirección de la empresa “el restablecimiento inmediato de la infraestructura ferroviaria, los sistemas de control remoto, las señales luminosas y la seguridad de la red que se ha deteriorado durante años” para que dichas medidas garantizaran la “salud y seguridad” de las trabajadoras.
El Gobierno ha respondido organizando una comisión de investigación liderada por el ingeniero Athanasios Ziliaskopoulos, quien fue consejero delegado de TrainOSE en 2010-2015 (es decir, cuando la empresa comenzó su proceso de privatización con la venta del 49% de sus activos) y posteriormente presidió el Taiped (el organismo que gestiona el programa de privatizaciones en Grecia). Es evidente que sus conclusiones serán parciales y no apuntarán a la privatización del servicio que supervisó como la causa del accidente.
Los sindicatos ferroviarios han protestado la decisión, explicando que, bajo el mandato de Ziliaskopoulos, en la compañía de trenes se dio la orden de no construir un “centro de control remoto”; es decir, una oficina de supervisión del tráfico ferroviario que incorporara la tecnología ETCS (European Traffic Control System), un sistema automatizado que tiene por objetivo proteger la circulación de posibles errores humanos. Como consecuencia, los jefes de estación se veían obligados a trabajar manualmente, con radio, papel y manivela, en el llamado “punto cero”, donde se cruzan las líneas ferroviarias de larga distancia con los trenes de cercanías.
Las protestas contra los recortes en el sector
Lo que comenzó como una protesta de la comunidad estudiantil de luto tras el choque de trenes del martes 28 de febrero, es ya el mayor ciclo de movilización en Grecia desde las protestas contra las políticas de austeridad en 2015. El 8 de marzo se celebró la primera huelga general y el día 16, la segunda.
El 8 de marzo, el periodista Hibai Arbide escribía en El País que “en Atenas, decenas de miles de personas —40.000 según la policía, 60.000 según la prensa local— han tardado casi cuatro horas en completar un recorrido que en convocatorias pasadas, también masivas, no suele tomar más de una o dos horas. En Tesalónica, segunda ciudad del país y destino del tren de pasajeros que chocó contra el de mercancías en Tempe, la movilización ha sido histórica. Unas 20.000 personas han marchado por el centro. En todas las ciudades ha sido notorio un protagonismo juvenil poco habitual en convocatorias sindicales. La gran mayoría de los muertos en Tempe eran jóvenes.
[…] La convocatoria fue lanzada por la Confederación de los Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY), que agrupa a los trabajadores del sector público. Su llamamiento rezaba: “Fin a la política de privatización y que se deriven las verdaderas responsabilidades por el crimen homicida de Tempe”, en referencia a la región donde se produjo el accidente. La huelga fue secundada por todos los sindicatos de clase o sectoriales, con una notable excepción: la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE)3, socia de ADEDY en el sector privado, no se ha sumado.
El seguimiento de la huelga ha sido mayoritario en el sector público e importante en el sector privado, si bien, como de costumbre, ha sido escaso en la hostelería. La mayoría de las escuelas han cerrado y los hospitales públicos solo han prestado servicios de urgencias”.
La huelga del 16 de marzo, por su parte, sí fue secundada por GSEE, que fue consciente del tremendo ridículo que hizo la jornada anterior, no solo por no sumarse a la movilización, sino por celebrar su congreso ese mismo día mientras las calles estaban a rebosar de manifestantes. Si bien la participación fue menor en la segunda jornada de huelga, se lograron paralizar sectores estratégicos muy importantes – aeropuertos, ferris, trenes, juzgados, etc –. “La movilización de la semana pasada fue la más numerosa en casi una década y concluyó con fuertes disturbios en Atenas y Tesalónica”, relata Hibai en un artículo publicado ese mismo día, también en El País. “Si bien las manifestaciones de hoy han sido multitudinarias, los convocantes no han conseguido reunir tanta gente como la semana pasada. Al igual que en aquella jornada del 8 de marzo, esta vez la policía cargó contra cientos de manifestantes alrededor de la céntrica plaza ateniense de Syntagma. Los sindicatos convocantes han denunciado el uso intensivo de gas lacrimógeno por parte de la policía “contra miles de manifestantes pacíficos”.
En Tesalónica, segunda ciudad más poblada de Grecia, con 325.182 habitantes censados, decenas de miles de personas se han congregado en el centro y no ha habido disturbios. Varias decenas de activistas han aprovechado la protesta para reocupar el centro social Mundo Nuevo, casa okupa que había sido desalojada por la policía el pasado diciembre. También ha habido marchas en decenas de ciudades pequeñas. En Quíos, ciudad situada en la isla del mismo nombre, tradicionalmente de derechas con poca tradición en lo que respecta a secundar huelgas, han salido a las calles unas 1.500 personas, en su mayoría estudiantes.
En Mitilene, capital de la isla de Lesbos, la manifestación se ha dividido en dos. Mientras las organizaciones izquierdistas han recorrido la calle Ermou, arteria comercial, el sector anarquista se ha dirigido a las oficinas de Nueva Democracia, donde han lanzado pintura y entonado el eslogan “Ellos hablan de beneficios empresariales, nosotros hablamos de vidas dignas”. En Heraclión, capital de la isla de Creta, se han congregado miles de personas, en un número similar a la semana pasada. En Patras, la tercera ciudad más importante y poblada del país, con 250.000 habitantes, los convocantes se han mostrado muy satisfechos por el número de manifestantes; allí también ha habido algunos incidentes al terminar la manifestación”.
El deterioro del sector ferroviario, también en Ohio
No podemos evitar terminar esta noticia recordando que el pasado 3 de febrero un tren de la empresa Norfolk Southern descarriló en East Palestine, en el estado de Ohio (EEUU). El accidente provocó que se derramaran químicos tóxicos – como cloruro de vinilo y fosforo – y que una veintena de vagones ardieran durante tres días. Los daños ambientales causados todavía no han sido calculados, pero podrían ser altísimos.
La causa del accidente se debe a la desregulación del sector, la cual se disparó durante el Gobierno de Donald Trump. En concreto, Trump derogó una norma aprobada por Obama que obligaba a los trenes que transportaban elementos peligrosos a usar un sistema de frenado moderno. Al no existir esta regulación, el tren que descarriló portando esos químicos en Ohio usaba un sistema de frenado implementado en la década de 1860 (durante la Guerra Civil norteamericana).
Por su parte, Joe Biden, que lleva más de dos años en el cargo, no sólo no recuperó la obligación de implementar un sistema de frenado eficaz, sino que en diciembre de 2022 prohibió por ley las huelgas que se estaban dando en el sector ferroviario contra el endurecimiento de las condiciones laborales – sobre todo el aumento de horas – y la gran cantidad de despidos que se estaban produciendo, como medidas para reducir costes en un mercado cada vez más competitivo y libre de restricciones.
No es casualidad que la empresa Norfolk Southern se haya gastado más de 80 millones de dólares en donaciones a políticos – tanto republicanos, como demócratas – desde 1998(4). La mitad de los miembros de las Comisiones de Comercio y Transporte del Congreso y el Senado de EEUU han recibido donaciones millonarias de esta empresa y el 75% de los lobbistas de esta empresa habían ocupado con anterioridad puestos gubernamentales. Todo esto nos muestra que la privatización no beneficia a nadie, salvo a quienes se llenan los bolsillos a expensas de la vida de otras.
El 16 de marzo, mientras el pueblo griego se encontraba tomando las calles, otro tren portando sustancias peligrosas descarriló en Arizona. Por suerte, esta vez no se produjo un derramamiento de químicos.
Todo por hacer
1.-Más información en nuestro artículo sobre la Revuelta Griega.
2.-Más información en “Syriza a las puertas”.
3.-Este sindicato cuenta con medio millón de afiliadas, lo cual lo convierte en el más grande del país.
4.-La industria del ferrocarril, en su conjunto, ha invertido 756 millones de dólares en lobbies a favor de la desregulación del sector en este periodo.
