Ante la crisis económica, social, política y moral que hoy afecta a Venezuela, dejamos asentada la opinión y propuesta de quienes participamos en El Libertario:
1) Rechazamos la pretensión que existe, tanto en sectores del chavismo como de la oposición, en cuanto a que los militares sean los actores resolutorios de la crisis, o en confiar para ello en un líder mesiánico surgido de las filas castrenses. Los anarquistas, como antimilitaristas consecuentes, hemos condenado y condenaremos todo cuartelazo, sea con el tradicional despliegue de tanques en la calle y obesos uniformados en el palacio presidencial, o con el estilo siglo XXI que se disimula tras subterfugios constitucionales y renuncias “sin querer queriendo”. Es una ficción que los cuadros militares altos y medios, hoy oportunistamente “socialistas”, garantes del contrabando de gasolina y alimentos a gran escala, beneficiarios del acceso a dólares a precios preferenciales y del tráfico de minerales estratégicos y drogas, tengan alguna virtud para conducir el país, vía autogolpe, a mejores situaciones para las mayorías. Sería como el “fujimorazo” peruano, una asonada tipo Bordaberry en Uruguay o la deposición de Isabelita y López Rega en la Argentina de los 70, que en nada cambiaría la situación del país.
2) Repudiamos el paquetazo económico en marcha promovido por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, el cual descarga el coste de la crisis en las costillas de la colectividad. Mientras hay impunidad para los traficantes de la boliburguesía que recibieron más de 20.000 millones de dólares para empresas fantasma, los asalariados somos castigados con escasez e hiperinflación en alimentos y medicinas, el deterioro brutal de los servicios básicos y la imposición de tributos neoliberales como el Impuesto al Valor Agregado.
3) Condenamos con energía que hoy padezcamos la creación de un Estado policial, sustentado en un entramado jurídico autoritario, con la excusa de la guerra económica y mediática, pero que a corto, mediano y largo plazo será usado para reprimir las luchas y protestas colectivas. Este Estado policial se expresa en el Sistema Popular de Protección para la Paz, una ley que fuerza a la ciudadanía a convertirse en “patriotas cooperantes” (eufemismo para denominar a soplones y delatores); en las zonas de seguridad donde se prohíbe el derecho a huelga y a manifestación; en los “cuerpos de combatientes”; en los Batallones Hugo Chávez; en la Resolución número 8.610 de Min-Defensa; y en el uso de grupos paramilitares contra la población. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que la posibilidad de manifestarse públicamente depende de la autorización gubernamental y no se concibe como derecho.
4) Reprobamos absolutamente los negocios de la jerarquía “bolivariana” con el capital transnacional mediante la creación de empresas mixtas y la aprobación de las llamadas Zonas Económicas Especiales, territorios colonizados para las maquilas e inversión de los imperialismos ruso y chino con todas las garantías. Así mismo señalamos el proceso de legitimación de capitales de la boliburguesía que, ante la posibilidad de perder la hegemonía política, hoy realiza fabulosas inversiones secretas, como la adquisición de medios de difusión masiva, bienes raíces y equipos deportivos, por no hablar de sus escondrijos en paraísos financieros como Suiza, Panamá y algunas islas del Caribe.
5) Denunciamos la existencia de la hegemonía comunicacional estatal tras la adquisición de medios de comunicación privados por parte de testaferros anónimos que actúan como emisarios de boliburgueses y militares en el poder. Los principales afectados no son la oposición político-partidista, que cuenta con acceso a Internet y a medios internacionales, sino los sectores populares en lucha.
6) Calificamos a la oposición político-partidista del país como falsa alternativa, herederos de las exclusiones e injusticias del pasado, negociadores de los principios que dicen defender y portadores de un proyecto populista y desarrollista petrolero que poco se diferencia del chavo-madurismo. Basta con revisar el programa petrolero de Leopoldo López para entenderlo como el mismo rentismo y extractivismo. En cuanto a la MUD, su casi total silencio sobre estos temas es elocuente, en cuanto a que no pretenden nada muy distinto a lo que hay. En este año electoral, prometerán villas y castillas, ante lo cual insistimos en que solo merecen desprecio y abstención.
Como activistas antiautoritarios trabajaremos por la profundización de la crisis de representatividad de los diferentes partidos políticos, tanto el PSUV como la MUD y sus derivados, abordando las luchas de calle como vía para la recuperación del espacio público, la autonomía y acción directa, impulsando la expansión de todas las prácticas de solidaridad y apoyo mutuo fuera y en contra del control de los políticos. Promoveremos iniciativas de economía cooperativa y autogestión como respuesta inmediata a la crisis, así como experimentos para el ejercicio de la democracia directa y asamblearia. Participaremos en plataformas colaborativas de comunicación y en redes sociales donde se ejerza la libertad de opinión e información, respaldando las luchas de la gente contra los poderes autoritarios establecidos.
Finalmente, llamamos a luchar en contra de este modelo político y económico, enfermo en todos sus recovecos de corrupción, autoritarismo y militarismo.
Publicado en el periódico Tierra y libertad núm.320 (marzo 2015).
