Se habla ya de fallecidos en la Cañada Real, en la que millares de personas se ven en una situación dramática, con el suministro de luz y de calefacción cortado desde hace más de tres meses. A lo largo de más de 15 kilómetros, en el sureste de la capital de este insufrible país, en este asentamiento ilegal hay tráfico de droga, sí, pero sobre todo actividades de todo tipo y viviendas de gente vulnerable, que han visto durante años cómo ningún gobierno ha mejorado su situación. El nombre de Cañada es un vestigio del pasado, de la antigua transhumancia ganadera, algo ya en desuso desde hace décadas, mientras que las personas más humildes se han ido incrementando en la zona al menos desde mediados de la década de los 70 del turbulento siglo XX. Solo periódicamente, durante todos estos años, tras algún hecho puntual, se ha publicado alguna cosa sobre uno de esos barrios precarios, que muchos madrileños desconocen a pesar de vivir a escasos kilómetros. Hay que decir que, en origen al menos, la Comunidad de Madrid era la titular del terreno, mientras que los municipios por los que discurre la Cañada, Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid solo tenían competencias residuales. El gobierno central se encargaba de la cuestión de la seguridad ciudadana. Las diversas legislaciones posteriores han envuelto en un halo de ambigüedad legal la situación.
Durante décadas, los planes urganísticos y las reformas barriales pasaban de largo sin prestar atención a la Cañada. A finales de los años 90, cuando el país esta sumido en ese boom inmobiliario que condujo a una grave crisis económica, algo similar se produjo en la zona. Nuevos vecinos compraron viviendas a antiguos propietarios, tal vez sin registros ni notarías, pero con la permisividad del sistema y con el enorme esfuerzo que tiene que hacer para ello la gente más humilde. También, en ese tiempo, algunos clanes de droga se hacen con parcelas. Si durante años, las autoridades no impidieron el asentamiento y la construcción de viviendas, eso comienza a cambiar ya entrado el siglo XXI con la apertura de expedientes de demolición debido, muy probablemente, a planes de expansión municipales, así como a esos eventos deportivos insufribles, frustrados tempranamente de forma afortunada, que se planeaban para Madrid a partir de 2012. Diversas leyes y expedientes, con la connivencia de las diversas administraciones en juego, incluida la izquierdista de Rivas, han sacudido la zona durante años. Se habla de un Pacto reciente, anterior a las actuales administraciones, para realojar dignamente a las familias, frustrado con la llegada al poder de la inicua e irrisoria Ayuso. Es posible que haya buenas intenciones en algunas personas que acaban detentando poder, pero la realidad es que no se producen auténticas soluciones sociales.
Ya en 2011, con el movimiento 15M, tuvo también la Cañada su propio activismo social, que canalizaba el descontento a través de asambleas y reuniones reivindicativas, con la autoorganización de los de abajo y la solidaridad por bandera. Desgraciadamente, como en el resto de la sociedad, toda ese energía se va aminorando con la presión del sistema y de las circuntancias vitales, terribles en muchos casos. Ahora, a principios de octubre de 2020, se produce el mencionado corte de suministro, mientras que la compañía eléctrica Naturgy, junto a los gobiernos de Ayuntamiento y Comunidad, han echado la culpa de la sobrecarga al uso intensivo de lámparas para el cultivo marihuana. No es la primera vez que se pone esta excusa en otros poblados chabolistas y, de nuevo, resulta algo totalmente infundado y ridículo. La producción y tráfico de droga existe, claro, de un modo minoritario y desde hace bastante tiempo. Si, además, de expulsar a los pobres, podemos estigmatizarles, mucho mejor. En los últimos días, parece que la verdad se está abriendo paso sobre la Cañada, intereses económicos puros y duros, aliados con las administraciones políticas. Los terrenos alrededor del barrio fueron adquiridos, por supuesto, por consorcios urbanísticos en los que participan las principales compañías constructoras de este indescriptible país. Por supuesto, para hacer viviendas dignas vendibles hay que echar antes a los pobres, a esa chusma molesta que nada significa para un sistema implacable. Las administraciones principales en la región de Madrid son de la derecha pura y dura, tan despreciable en este inefable país. Sin embargo, la coalición de progreso en el gobierno central nada ha hecho para remediar la situación de millares de personas, a pesar de las advertencias de diversos organismos internacionales en nombre de eso que sigue tan maltratado, en el mundo económico y político, que son los derechos humanos. Va a ser el sistema.
