¿Os acordáis del asunto de la burbuja inmobiliaria, que a principios del siglo XXI empezó a crecer y crecer hasta que estalló en 2008 dando lugar a una crisis financiera morrocotuda? Bueno, la fiebre constructora de esos primeros años hizo que se edificaran montones de pisos, y que el sector público levantara aeropuertos, autopistas, puertos, rotondas, ciudades de la justicia, infraestructuras variadas, estatuas pavorosas, eventos y cosas así, que a día de hoy no valen para nada. Uno de los múltiples negocios que se llevaron a cabo para forrarse y llenarse los bolsillos de dinero público, tanto políticos como intermediarios y empresarios del ladrillo, fue el de la construcción de cárceles.
Desde el año 2000 al 2010, se crearon 32.000 plazas en las prisiones, y como ya he comentado en otros articulillos, las reformas del Código Penal de 1995 y sucesivas establecieron una «política carcelaria y punitiva». Se eliminó la redención por trabajo (dos día de trabajo carcelario eliminaban un día de pena), y se endurecieron las penas para delitos de tráfico de drogas, y delitos contra el patrimonio (robo, hurto, estafa, incendio, vandalismo, etc.). Y todo ello se aderezó gracias a una campaña publicitaria en la que se repetía constantemente por políticos y periodistas una consigna: cumplimiento íntegro de las penas y cadena perpetua.
Estos deseos, lejos de ser inocentes proclamas de personas temerosas de Dios y amantes de la Justicia, eran lanzados por personajes siniestros, miserables, ruines, (banqueros, especuladores, financieros, políticos, contratistas, intermediarios, directivos de iglesias, jefes de ongs, periodistas…) que calculaban perfectamente lo que iban a ganar gracias a las políticas punitivas. Más gente en la cárcel y mayor masificación, harían necesaria la creación de macroprisiones. Y eso implicaba concursos públicos, especulación de terrenos, préstamos bancarios, dietas, comisiones… Millones de euros en juego que irían a parar a bolsillos de élite.
Por supuesto se incrementó la población reclusa al endurecerse las penas de los delitos de poca monta y al meterse con penas de cárcel nuevos delitos de opinión, violencia de género, tráfico… Y aumenta la población carcelaria hasta 76.000-78.000 presos en 2009-2010. A partir de de ese año el gobierno del PSOE, dado el gasto que supone mantener a esa cantidad de personas en la trena, y los problemas sanitarios, de convivencia y económicos que generan, y ante la baja criminalidad española (de las más bajas del mundo, excluidos claro está, los delitos no perseguibles de reyes, banqueros, empresarios, políticos, princesas, curas, torturadores, etc.), decide incrementar el régimen abierto para los pequeños delitos y de este modo se llega a los 46.000 presos y presas actuales, que es más o menos el mismo número que había en el año 2000.
Todo esto que no me canso de repetir, es el prólogo de a donde quiero llegar. Una de las maneras que ha tenido el Gobierno de aligerar las cárceles, ha sido la expulsión de extranjeros. Con la Ley de Extranjería en la mano, si la policía detiene a un extranjero por un supuesto delito, y la pena que acarrea el supuesto delito es menor de cinco años (por resumirlo muchísimo), se opta por expulsar a esa persona a su lugar de origen sin someterlo a juicio. Esto de expulsión y ley de extranjería, lleva a la criminalización de un colectivo, al que se estigmatiza como propenso al crimen, cuando en realidad de lo que se trata es de un grupo marginado y situado en posición de inferioridad, que se ve obligado a buscarse la vida como puede y al que se puede vapulear en la plaza pública sin riesgo. Pero hay un detalle que quería señalar en esto de las expulsiones a través de la Ley de Extranjería.
El detalle es que se está llevando a cabo una barbaridad jurídica, pues se supone, se afirma, se sostiene por los ideólogos del Estado, que por Ley cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo, a garantías procesales, a la presunción de inocencia, a ser escuchada su versión, a declararse inocente, a tener un abogado, y en caso de condena, tiene derecho a aceptar y cumplir la pena, a beneficiarse de los recursos disponibles para reinsertarse, redimirse, compensar el daño y reintegrarse en la sociedad como miembro de pleno derecho. Con la expulsión, que no deja de ser un acto gubernamental y administrativo (no judicial), se priva al detenido de todos esos derechos, demostrándose una vez más que toda esa demagogia, no dejan de ser un sarcasmo, una suprema mentira en boca de jueces, fiscales y políticos adosados a la nómina, al cargo, y a dar clases en la Universidad firmando papers, publicando tesis, y llevando al crimen legal a la más alta expresión del absurdo, para devorar chavales y chavalas, que salen en buen número de la cárcel, gobierne quien gobierne, con los pies por delante.
A eso se refieren los ideólogos del Estado de Derecho, con lo de cumplir íntegras las penas, y que en realidad lo que oculta, es una pestilente burbuja carcelaria.
Acratosaurio rex
