Es muy posible que ustedes, que leen estas líneas, conozcan ya la historia de Murtaja Qureiris. Este joven saudí, hoy ya en edad adulta, cuando tenía diez años, en plena primavera árabe en 2011, participó en una manifestación junto a otros niños. Megáfono en mano, pidió derechos humanos y democracia en el repulsivo régimen de Arabia Saudita. Tres años después, en 2014, el joven fue detenido con la acusación de arrojar un cóctel molotov a una comisaría de policía, algo negado por el chaval. Hay que decir que su hermano, otro joven activista, murió en 2012 a manos de la policía. Murtaja se enfrenta a varios cargos, entre los que se encuentran los supuestos gritos en contra del gobierno en el funeral de su hermano. Hoy, tras años de prisión preventiva, el joven se enfrenta a la pena de muerte, acusado de pertenecer a un grupo terrorista extremista. Si las acusaciones de «terrorismo» a activistas sociales se producen en ocasiones en Estados que se llaman democráticos, podemos imaginarnos lo que puede ser enfrentarse a eso en un régimen teocrático como el saudí, donde el monarca concentra el poder absoluto. Valga como ejemplo que la Fiscalía quiere, después de asesinar a Murtaja, imponer un castigo ejemplar con lo que ellos denominan «crucifixión». Eso es, el desmembramiento del cuerpo del ejecutado.
El asunto es espeluznante, incluso para este mundo en el que vivimos plagado de continuas violaciones a los derechos humanos. Es así hasta el el punto, que insistir en lo atroz de ejecutar a un niño, en las irregularidades de su detención o en su inocencia respecto a los cargos que se le imputan resulta casi obsceno. Obviamente, para salvar la vida del joven Murtaja, es lógico que se presenten argumentos jurídicos encabezados por la barbaridad de juzgar a un adulto por lo que hizo cuando tenía diez años. Sin embargo, el régimen saudita, recordemos que un poderoso aliado comercial de los muy democráticos Estados Unidos, con este tipo de hechos solo está demostrando su impunidad ante el mundo.Tan solo hay que conocer que, recientemente, en el mes de abril, Arabia Saudita ha ejecutado a 47 personas, la mayoría pertenecientes, como la familia de Murtaja, a la perseguida minoría chiita. Se sospecha que, entre ellos, pudiera haber menores. El historial del régimen saudi de aplicación de la pena de muerte a disidentes, por lo general por decapitación, es extenso y escalofriante. La monarquía saudita, desde hace mucho tiempo y a pesar de que no encontraran demasiada información al respecto en los muy democráticos diarios occidentales, ha defendido su uso de la pena capital con una repugnante soberbia.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan mucho tiempo denunciando estos asesinatos de la disidencia en el régimen saudí. A pesar de ello, no esperen encontrar demasiada insistencia en ello en nuestra muy democrática sociedad mediática. Tal vez, ustedes desconozcan igualmente que hace cuatro años existe una devastadora guerra en Yemen, país en el que la hambruna está afectando a millones de personas. El origen de este conflicto se encuentra en la esperanzadora, aunque finalmente un espejismo más, Primavera Árabe de 2011. En aquel momento, se produjo un levantamiento contra el muy autoritario presidente del país. Lejos de encontrar estabilidad un nuevo gobierno, un golpe de Estado en 2014 desembocó en una guerra civil con diversas partes en liza, cuya naturaleza e intenciones solo pueden entenderse en el contexto de la región. Una coalición de países árabes entró en el conflicto en 2015, con una campaña aérea y terrestre en Yemen, donde se habla que la mayor parte de las vícitmas son civiles. La guerra yemení, que hoy continúa mientras leen estas líneas, está considerada uno de los mayores desastres humanitarios ocasionados por el hombre. Sí, la coalición árabe, que ha producido decenas de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles, está encabezada por la monarquía saudí. Por supuesto, el desprecio a la vida de civiles no se produce únicamente en un bando, aunque determinadas bombas que han caído en las zonas más pobladas han sido fabricadas en los muy democráticos Estados Unidos. Cómo es posible que no se publique y se denuncien todas estas atrocidades contra los derechos humanos en unos medios que ponen el foco de manera reiterada allá donde les interesa. Obtengan ustedes la respuesta y concluyan en consecuencia sobre el mundo en que vivimos.
