Es muy posible que ustedes, que leen estas líneas, conozcan ya la historia de Murtaja Qureiris. Este joven saudí, hoy ya en edad adulta, cuando tenía diez años, en plena primavera árabe en 2011, participó en una manifestación junto a otros niños. Megáfono en mano, pidió derechos humanos y democracia en el repulsivo régimen de Arabia Saudita. Tres años después, en 2014, el joven fue detenido con la acusación de arrojar un cóctel molotov a una comisaría de policía, algo negado por el chaval. Hay que decir que su hermano, otro joven activista, murió en 2012 a manos de la policía. Murtaja se enfrenta a varios cargos, entre los que se encuentran los supuestos gritos en contra del gobierno en el funeral de su hermano. Hoy, tras años de prisión preventiva, el joven se enfrenta a la pena de muerte, acusado de pertenecer a un grupo terrorista extremista. Si las acusaciones de «terrorismo» a activistas sociales se producen en ocasiones en Estados que se llaman democráticos, podemos imaginarnos lo que puede ser enfrentarse a eso en un régimen teocrático como el saudí, donde el monarca concentra el poder absoluto. Valga como ejemplo que la Fiscalía quiere, después de asesinar a Murtaja, imponer un castigo ejemplar con lo que ellos denominan «crucifixión». Eso es, el desmembramiento del cuerpo del ejecutado. Sigue leyendo
