Nigra Fenikso
El 19 de julio, fecha en la que Nicaragua celebró el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega subió al escenario en Managua para anunciar que el país ya no celebrará elecciones. Al día siguiente, afirmó que nuevas leyes impedirán la actuación de los partidos de la oposición que pretendan disputarle el poder. La declaración no surgió de forma repentina. En febrero de 2025, una reforma constitucional ya había alterado profundamente la estructura política del país: redujo la autonomía entre los poderes del Estado, creó la figura de la copresidencia para incluir a Rosario Murillo, su esposa, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y consolidó cambios ampliamente criticados por organismos internacionales. Hay una ironía histórica difícil de ignorar. La revolución que derrocó a la dinastía Somoza en nombre de la libertad termina, décadas después, concentrando el poder en torno a una única familia y eliminando el principal mecanismo mediante el cual una sociedad puede sustituir a sus gobernantes.
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