«El poder político del Estado […] es la polis, la policía, es decir, la vigilancia».
Paul Virilio, Speed and politics.
La hipótesis en circulación es que los gigantes tecnológicos exigen soberanía. Esta presunción tiene su origen en la proliferación de «ciudades flotantes» y «startup cites»: enclaves con absoluta soberanía empresarial gestionados por tecnolordes de las grandes corporaciones de tecnología financiera (Fintech), criptomonedas y biotecnología, y operadas por sus propios sistemas judiciales, fiscales y de seguridad. Entre las startup cites más destacadas en América Latina están Guadalajara (México)1 y Medellín (Colombia).2 Sin embargo, si bien en estas ciudades existe un crecimiento significativo de empresas en la industria de las tecnologías de la información y startups de robótica y bio y nanotecnología, aún distan mucho de ser «ciudades-empresas soberanas» o «territorios semiautónomos», como sucede en las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). Quizá, el ejemplo más sugerente para ilustrar como operan esas ciudades privadas sea Próspera en la República de Honduras. Esta startup city, desarrollada en la isla de Roatán en el Golfo de Fonseca, está vinculada a Thiel Capital y el ecosistema de inversores Founders Fund de Silicon Valley liderado por Peter Thiel3, con régimen tributario independiente del Estado hondureño y plena soberanía regulatoria.
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