Más de 1000 personas han sido ejecutadas en Irán en lo que va de año, han denunciado expertos de las Naciones Unidas.  Según Iran Human Rights, es la cifra más alta en los últimos 30 años. IHR, con sede en Noruega, contabiliza y verifica las ejecuciones en Irán a diario. La organización se queja de la ausencia de reacciones internacionales ante esta barbarie.

IHR ha afirmado que sus cifras son “un mínimo absoluto”, y que la cifra real probablemente sea mayor “debido a la falta de transparencia y las restricciones a la información”.  En Irán, las ejecuciones se llevan a cabo actualmente mediante ahorcamiento, aunque en el pasado se emplearon otros métodos. La mayoría se llevan a cabo en prisión, aunque ocasionalmente se realizan ahorcamientos públicos. Según las organizaciones de derechos humanos, Irán es el segundo país con mayor número de ejecuciones del mundo, después de China, donde se cree que se ejecutan miles de personas al año, aunque no se dispone de cifras precisas.

El número de personas ejecutadas por las autoridades iraníes en los nueve primeros meses de este año ya ha superado la cifra de 972 ejecuciones del año pasado. IHR ha informado que la mayoría de los ahorcamientos se debían a delitos no letales, y que el 50 % de las ejecuciones se debían a casos relacionados con drogas. Al menos 499 personas fueron ejecutadas por este motivo, un aumento brutal respecto a las entre 24 y 30 ejecuciones anuales registradas entre 2018 y 2020

 Del total ejecuciones en lo que va de 2025, 28 ha sido de mujeres, muchas de las cuales fueron condenadas tras matar a un marido por sufrir violencia de género.

Desde las protestas Mujer, Vida, Libertad de 2022, las autoridades iraníes han aumentado el uso de la pena de muerte como herramienta de represión estatal y, así, aplastar la disidencia. Tras la escalada de hostilidades entre Israel e Irán en junio de 2025, las autoridades también han intensificado el uso de la pena de muerte so pretexto de la seguridad nacional. Desde el 13 de junio de 2025, al menos diez hombres han sido ejecutados por cargos con motivación política, ocho de los cuales habían sido acusados de espiar para Israel.

Es muy común, que las personas en situación de riesgo de ser condenadas a muerte lo sean por acusaciones excesivamente amplias y poco definidas, como “enemistad contra Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi).

Las investigaciones de Amnistía Internacional han demostrado que los tribunales revolucionarios, que ejercen jurisdicción sobre delitos relacionados con la seguridad nacional y las drogas, carecen de independencia e imponen condenas severas, incluida la pena de muerte, tras juicios manifiestamente injustos, y que a las personas juzgadas ante dichos tribunales se les niega sistemáticamente su derecho a un juicio justo.

La aplicación de la pena de muerte ha tenido un impacto desproporcionado sobre las minorías marginadas, especialmente las pertenecientes a las comunidades afgana, baluchi y kurda. Al menos dos mujeres kurdas, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi, están condenadas a muerte y corren el riesgo de ser ejecutadas.

El número de personas afganas ejecutadas por las autoridades iraníes se triplicó con creces, pasando de 25 en 2023 a 80 en 2024. Esta tendencia alarmante coincide con una proliferación de los discursos racistas y xenófobos por parte de las autoridades iraníes y se produce en medio de una oleada sin precedentes de expulsiones masivas forzadas de personas de nacionalidad afgana que afecta incluso a las nacidas en Irán.

Redes Libertarias
https://redeslibertarias.com/2025/10/13/iran-mas-de-mil-personas-ejecutadas-en-lo-que-va-de-ano/