Hace unos meses, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anunció que ordenaría a los inspectores de Educación de la Comunidad de Madrid retirar los libros de texto que contuvieran material “sectario” (porque ella, a diferencia del resto, es objetiva y está por encima del bien y del mal). Más adelante, su consejero de Educación, Enrique Ossorio, profundizó en el mensaje de su khaleesi, aclarando que el Gobierno autonómico no compraría libros que contuvieran expresiones como “emergencia climática”, “resiliencia” o “discriminación por razón de género”[1].
La resistencia de Ayuso al Gobierno de Sánchez en materia de Educación
La censura de libros de texto forma parte de una ofensiva más amplia, que es el boicot que está haciendo la Comunidad de Madrid a la –de por sí deficiente– LOMLOE o Ley de Educación de Celaá[2]. Madrid, de hecho, ha llegado a redactar una Ley de Educación autonómica para contrarrestar a la Ley Celaá.
Otras decisiones en esta línea de oponerse al Gobierno Central y “su adoctrinamiento socialcomunista” incluyen ampliar la vigencia de los conciertos educativos a los diez años, cargarse los centros de educación infantil de 3 a 6 años (remitiendo a las niñas a colegios y restando autonomía a las escuelas infantiles[3]) o no considerar discriminación la segregación por sexos.
La más controvertida de las jugadas de Ayuso puede ser la de aumentar el umbral de ingresos para recibir becas. Esto supone becar a parejas que cobran más de 107.000 euros con un hijo a su cargo o 143.000 con dos, porque hay que “ayudar a las rentas medias”, dijo la presidenta (pese a que la renta media en Madrid es de 37.000 euros anuales). En definitiva, se está regando con dinero público a las familias más pudientes, para que puedan acudir al colegio de su elección.
Muchas de las decisiones de Ayuso han sido cuestionadas frente a los tribunales (por ejemplo, CCOO recurrió algunas de ellas por entender que reinterpretaba la LOMLOE), pero el conservador Poder Judicial ha dado la razón a la presidenta en todo hasta ahora. De esta manera, ha logrado blindar la concertada y paralizar la inclusión de nuevos contenidos en libros de texto como establecía la LOMLOE. Con este espaldarazo de los jueces, Ayuso sabe que puede seguir implementando su programa en materia de Educación.
Los datos del abandono de la Educación en la Comunidad de Madrid
El desinterés del Gobierno de Ayuso en fomentar la educación queda patente en la información que nos brindan los números. Y es que Madrid, a pesar de ser la región más rica del Estado, es la que menos invierte en educación: sólo dedica el 2% del PIB (frente al 5% que establece la Ley Celaá). Esto se traduce, por ejemplo, en que la Comunidad Autónoma de Madrid también es una de las que cuenta con menor ratio profesor-alumno: el número medio de alumnos por profesor es de 13,6 (cifra solo superada por la ciudad autónoma de Melilla) o en que, junto con Asturias, es la única región que aumentó la tasa de abandono escolar el año pasado.
En cuanto a la educación superior, Madrid es la región donde más caro sale estudiar una carrera universitaria: el precio medio del crédito es de unos 23 euros, el más caro de España.
Consecuencia o causa de la desinversión en educación pública, Madrid es la región de España, junto con Euskadi, con más alumnos escolarizados en colegios concertados (un 30% frente al 25% de la media española). Y en la capital este porcentaje llega al 58%. Es decir, 6 de cada 10 alumnas de la ciudad de Madrid estudian en colegios concertados, la mayoría controlados por la Iglesia Católica.
En otras palabras, todas las medidas del PP y Vox en Madrid van dirigidas a degradar la pública y fomentar la privada y concertada a costa del caudal público.
Censura en libros de texto y en el currículo escolar para implantar el léxico y los valores de la derecha
La imagen que pintan los medios de comunicación es que la educación está dominada por la izquierda. Esto es reproducido acríticamente por muchos medios de comunicación[4]. “Madrid revisará el contenido de los libros de texto educativos para evitar el adoctrinamiento”, dijo Telemadrid en un perfecto ejemplo de colaboracionismo con el asalto de la ultraderecha al poder.
Nos hablan de adoctrinamiento de la “izquierda”, pese a que todavía tenemos reciente en la memoria el caso de un libro de Lengua de Anaya, para alumnas de 6 años, que hace unos años acabó siendo retirado porque decía que el exiliado Antonio Machado “se fue a Francia a vivir con su familia” y que Federico García Lorca “murió, cerca de su pueblo, durante la guerra en España”. Sin embargo, todavía sigue en circulación el libro de Filosofía de primero de Bachillerato de la editorial Bruño que define el liberalismo como “la protección de la libertad individual, de modo que proponen una forma de organización política que no interfiera en los intercambios y relaciones entre los individuos. El tipo de sociedad al que se aspira es la meritocrática. El Estado se encarga de garantizar la igualdad de oportunidades, pero a partir de ahí son el trabajo y el talento de los individuos los que le tienen que permitir progresar”. Por lo que respecta al comunismo, establece que “el proyecto político comunista aspira a una sociedad totalmente igualitaria, a costa de acabar con las libertades individuales. Esta pretensión se tradujo en la imposición de una dictadura y en sumir a la pobreza a la mayoría de la población. Se trata de un proyecto fracasado, como dejó constancia la caída del muro de Berlín”. Y ello por no hablar sobre cómo los libros de texto – incluso promovidos por la supuesta izquierda – aceptan la economía de mercado como el orden natural de las cosas. ¿Acaso eso no es ideología también?
Contando con el respaldo judicial y mediático, este verano el Gobierno de Ayuso se ha dedicado a censurar los contenidos de libros de texto. El ex-juez y consejero de Presidencia de Ayuso, Enrique López, anunció tras el Consejo de Gobierno la publicación de los decretos para los currículos de las etapas de secundaria y bachillerato que “se reducen y sustituyen por sinónimos conceptos repletos de carga ideológica”. El consejero de Educación, Ossorio, por su parte amplió esta información, explicando que de “lo que se trata es de eliminar esos conceptos, tales como ecofeminismo resiliente, etcétera. […] y no acudir “a palabras llenas de carga ideológica que tanto les gustan a la izquierda radical y radicalizada que tenemos en España”.
La Abogacía de la Comunidad de Madrid y la Abogacía General del Estado dieron la alarma a finales del mes de julio porque estos currículos contaban con hasta 35 modificaciones de la norma estatal que tienen que ver, principalmente, con contenidos relacionados con la perspectiva de género, la no discriminación, la participación social, la colaboración, el voluntariado, la sostenibilidad, el autocuidado o la identificación de conductas racistas, xenófobas o LGTBIfóbicas. Curiosamente, en el informe de la Abogacía General no figura que la Comunidad haya eliminado de ningún apartado del currículo estatal el mencionado término “ecofeminismo resiliente”, pese a que es el que los consejeros suelen poner como ejemplo y con el que la presidenta Ayuso hace mofa habitual en sus intervenciones públicas.
En total, los cambios que han registrado desde la Abogacía General del Estado afectan a una docena de asignaturas. Desde biología y geología hasta digitalización. Pasando por física y química, educación física, educación plástica y visual y audiovisual, geografía e historia, latín, lengua castellana y literatura y lengua extranjera, entre otras.
En el caso de biología y geología, por ejemplo, la norma estatal recoge que una de las competencias específicas es “cooperar y colaborar en las distintas fases de un proyecto científico para trabajar con mayor eficiencia, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión”. En su transposición al proyecto del decreto, el ejecutivo de Ayuso ha tajado la parte relativa al respeto a la diversidad, la igualdad de género y la inclusión.
En el caso de la asignatura de digitalización, la Consejería de Educación ha suprimido el apartado de “Activismo en línea: plataformas de iniciativa ciudadana, cibervoluntariado y comunidades de software libres”.
En educación física, entre otras cuestiones, la Abogacía General recogía que el texto que la Comunidad de Madrid quería publicar suprimía el apartado referido a la “Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado”.
Son solo algunos ejemplos, pero hay más. Con la excusa de declararle la guerra política al Gobierno de Sánchez, Ayuso y la extrema derecha madrileña dejan de invertir en la pública, protegen la concertada, otorgan becas para que los ricos puedan estudiar donde quieran sin rascarse su bolsillo, eliminan cualquier mención a los valores de la igualdad y el respeto a la diversidad en el currículo escolar e instauran los suyos propios. Porque saben que los niños que vayan a las escuelas de Ayuso hoy, serán los que voten a la derecha y a la extrema derecha mañana.
[1] No se trata del único asalto de la derecha a los libros de texto. Tras el anuncio de Ayuso, la Consejería de Educación de Murcia, en manos de Vox, advirtió que revisaría los libros de texto por no respetar la neutralidad política. Esto recuerda a leyes aprobadas en Hungría y Polonia que restringen o prohíben contenidos LGTBIQ en libros infantiles para “no promover la homosexualidad” o la “desviación respecto a la identidad de género concebida en el nacimiento”. También recuerda a la Ley contra la propaganda homosexual que aprobó Putin en Rusia en 2013, con el propósito de “proteger a los niños de la información que niega los valores familiares tradicionales”.
[2] Analizamos la Ley Celaá en su momento en nuestro artículo “Reforma educativa: ni fú, ni fa” (enero 2021).
[3] Para más información sobre esto, recomendamos la cuenta de Twitter de ZALEO Revuelta.
[4] En la misma línea, Vox se querelló en junio contra la editorial Santillana por situarlo en el espectro de partidos políticos herederos del nazismo.
