Texto colectivo de grupos de Red Antipunitivista / La Campana

Frente a la autoridad y la cultura del castigo, crear espacios de reflexión y acción

A principios del 2025 diversos colectivos se reunieron en Iruña/Pamplona para dar los primeros pasos hacia la constitución en el ámbito del Estado español de un espacio de diálogo, reflexión y lucha contra la cultura del castigo.

Esas jornadas, representaron el primer contacto físico y presencial de lo que se da a conocer como la Red Antipunitivista, en las que estuvieron presentes Traba (Valencia), Tapa (Madrid), Aukeraz (Iruña), Asamblea Popular de Carabanchel (Madrid), CAMPA (Zaragoza), Salhaketa Nafarroa y Salhaketa Araba, Txago (Donosti), Fábrica de lo social (Zaragoza), Sin Poli (Madrid-Euskadi-Santander).

En el encuentro participaron colectivos enfocados en el abolicionismo carcelario, penal y de la cultura del castigo, conscientes de que, hoy por hoy, “el Estado, con su aparato policial y judicial, se ha convertido en el actor principal de la gestión de los conflictos sociales. Las consecuencias de esto son profundamente destructivas: la lógica del castigo, inherente a su estructura, impide cualquier abordaje real de las desigualdades estructurales que están en la base de buena parte de esos conflictos”.

Uno de los ejes centrales de los debates giró, como era de esperar, en torno al propio concepto de ‘punitivismo’ y su crítica, dado que en “nuestras sociedades se ha naturalizado el castigo como respuesta casi automática ante cualquier comportamiento que se salga de la norma”.

Castigo que, casi siempre, se traduce en control, represión y criminalización ejercidos por las instituciones del Estado: la policía, los tribunales, las cárceles, pero no únicamente por ellas, sino también, con grave frecuencia, a través de la familia, el sistema educativo, el sistema mediático, la institucionalidad cultural,

Con todo, en el sistema punitivo estatal, ocupan un lugar preminente, tanto el Derecho Penal legislado por el parlamento, como su aplicación monopolística por el sistema judicial y las instituciones gubernamentales asociadas al llamado Ministerio del Interior (policía, agentes armados, instituciones penitenciarias, etc), así como el adoctrinamiento global de la ciudadanía para que participe o al menos se aquiete ante tal estado de cosas. “Lo que se traduce en un consenso securitario, vigilante y policial. Un consenso que promete soluciones rápidas y eficaces a problemas profundamente complejos”, creados por la desigualdad económica, política y social que el Estado ampara.

En esta situación, la Red Antipunitiva no puede limitarse en su acción a realizar una crítica puntual, cultural o académica, más o menos restringida a los aspectos más dolorosos y apremiantes causados por las intervenciones policiales, los encarcelamientos o las múltiples fórmulas que adopta la aplicación de leyes y normativas mordaza. Se trata más bien de “una apuesta política y vital de largo aliento, una herramienta de lucha contra el sistema de clases, patriarcal y colonial que atraviesa nuestros vínculos y nuestras vidas.”

Durante las jornadas, se puso en evidencia “la necesidad de asumir la responsabilidad colectiva, de visibilizar las causas estructurales de los conflictos y de salir de las lógicas individualizantes basadas en la culpa y el castigo. Frente a una lógica punitiva que busca respuestas inmediatas, visibles y centralizadas, se propusieron otras formas de hacer que ponen en el centro los tiempos largos, los ritmos comunitarios, los procesos sostenibles.” De este modo, “la estrategia antipunitiva, entonces, se despliega en dos planos inseparables: por un lado, como confrontación directa con el aparato punitivo del Estado, y, por otro, como construcción cotidiana de herramientas para sostener procesos de acompañamiento, participación y reparación desde nuestras propias redes … que nos permitan hacernos cargo colectivamente de los conflictos, sin delegar su resolución en las instituciones de orden y represivas.”

La necesidad de crear la Red Antipunitivista deriva del saber colectivo de que “ninguna estrategia funciona si no existen previamente redes comunitarias fuertes, con recursos, legitimidad y confianza. Es en esas redes donde se pueden activar procesos de acompañamiento y de responsabilización” personal y grupal.

Bajo estos presupuestos, “las jornadas han querido ser un primer paso en la construcción de esa red colectiva que permita imaginar y sostener horizontes antipunitivistas. Los debates sirvieron para acordar un marco común, compartir trayectorias, miradas y contextos, y empezar a construir complicidades entre personas de distintos territorios.”

Pero esto no ha hecho más que empezar. “De cara al futuro, muchas expresamos la necesidad de aterrizar en debates más concretos sobre las prácticas antipunitivas, así como la urgencia de ampliar esta reflexión colectiva, haciéndola más diversa y más transversal. Con ese horizonte, ya estamos trabajando para que en 2026 puedan celebrarse las segundas jornadas de la red antipunitivista.