En 1975, la Corte de Justicia Internacional de La Haya reconoció el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, entonces colonia española. Lo hizo semanas antes de que Marruecos ocupara el territorio mediante la Marcha Verde. Pese a que se encuentra bajo control marroquí, oficialmente España se sigue considerando, a día de hoy, la potencia administradora del Sáhara y ésta figura como la última colonia en el continente africano. En 1991 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 690, tras el acuerdo en 1988 entre Marruecos y el Frente Polisario, que incluía un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.
Este referéndum nunca se celebró. El Estado español y la ONU siempre han defendido que se lleve a cabo, hasta que, a principios de marzo de 2022, el Gobierno español (el más progresista de la historia) se desmarcó de Naciones Unidas y apoyó la anexión del Sáhara a Marruecos al considerarla “la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa”. De esta manera, sigue la estela marcada por Estados Unidos hace un año y medio (Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Marruecos normalice sus relaciones con Israel y Biden, que sigue la misma estrategia, le habrá dado instrucciones a Sánchez para que haga lo mismo), da por cerrada la crisis diplomática iniciada con Marruecos en abril de 2021 y cierra jugosas relaciones comerciales con el régimen de Mohamed VI, explotando los ricos recursos naturales saharauis, así como acuerdos para que su policía y su ejército repriman con extrema violencia la llegada de migrantes a España.
En definitiva, el Gobierno español ha traicionado al pueblo saharaui por acuerdos comerciales y control de fronteras.
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