Lo que se dio en llamar memoria histórica en este inefable país, para tratar de paliar la profunda injusticia que supuso la victoria del fascismo, ha sufrido numerosas carencias y no pocas mutaciones. Así, hoy se alude a la «memoria democrática» y mañana no sabemos muy bien cómo se dará en denominar. La distorsión es tal que lo que nació, más por impulso de la sociedad civil que por iniciativa institucional, para hacer justicia sobre el golpe de Estado del 36, la represión consecuente y la cruenta dictadura posterior, ahora se ha querido extender en algunos casos unos cuantos años atrás e incluir los episodios represivos producidos también en la Segunda República. No seré yo quien se oponga a recordar los desmanes de cualquier forma de Estado, pero la llamada memoria histórica era un concepto mucho más concreto y todo esto solo recubre el problema de ambigüedad moral y sirve para que inicuos reaccionarios se aprovechen de ello para seguir arrojando su inmundicia sobre lo ocurrido en el pasado. Desgraciadamente, la propaganda masiva durante tantas décadas ha ido calando en gran parte de la sociedad y, los que no abrazan directamente el discurso reaccionario, ignoran sin más la historia o, directamente, de la manera más botarate y moralmente perezosa, equiparan a unos y otros.
Aunque algunas voces, y de manera muy matizada, quieren ahora ser críticas en los medios generalistas con la llamada Transición española a la democracia, es necesaria una profundización mayor recordando la visión anarquista también en la memoria histórica. Sin perder la autocrítica, siempre necesaria, hay que recordar los factores de silenciamiento y criminalización que llevaron al declive del único movimiento que no quiso participar en el domesticamiento político y sindical.
A lo largo de los últimos dos meses, cientos de miles de personas en el Reino Unido y Francia se han unido a las huelgas convocadas, han paralizado la economía y han tomado las calles. Lo hacen para protestar contra la carestía de la vida, para mostrar su rechazo al retraso de la edad de jubilación y reivindicar subidas salariales. Y con ello nos han mostrado que, ante los recortes en derechos laborales, debemos plantar cara y pararlo todo o, de lo contrario, nadie nos escuchará. Y es que la huelga y la movilización son las herramientas de las que dispone la clase obrera. Prueba de ello son todos los derechos sociales y laborales que poseemos, los cuales son el fruto de la lucha y la autoorganización.
Ahora que acaba de ganar las elecciones en Italia una admiradora confesa de Mussolini, y espero que una vez más no le echen la culpa a la abstención, conviene lanzar unas reflexiones sobre las huellas del fascismo en este inefable país. No, no voy a resucitar el estéril debate sobre si Vox es o no abiertamente fascista, me basta con tildarlos de peligrosos bodoques ultrarreaccionarios; claro que no reivindican abiertamente a Franco, cuyo condición fascista ya es muy cuestionable, ya que saben que eso resulta inconveniente y necesitan un discurso adaptado a los nuevos tiempos, pero en esa línea política inicua podemos situarles. Es un lugar común decir que el verdadero fascismo en España lo constituyó la fusión en 1934 de Falange, partido admirador de Mussolini, y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, que podríamos emparentar más con los nazis alemanes. Como también es (o debería ser sabido), el genocida Franco tuvo la habilidad de aunar en su bando el fascismo con el carlismo junto a otras corrientes tradicionalistas; los fascistas más puros, que se pretendían revolucionarios, tuvieron que tragar en aquel engendro llamado Movimiento Nacional con la Iglesia y con los monárquicos. De ahí que la cruel dictadura franquista fuera definida como un régimen nacional-católico; Franco solo extendió el brazo hasta que el eje fascista fue derrotado y en el franquismo se nutrió algo de los rasgos fascistas más genuinos a través del llamado sindicato vertical.
Recientemente, mi sobrino, desde su mentalidad adolescente, no ensuciada por repulsivas mistificaciones nacional-patrióticas, se preguntaba cómo era posible que no dejaran pasar a un país a personas que, sencillamente, vienen en busca de una vida mejor. Todavía, no se sabían las cifras de fallecidos en la frontera de Melilla, donde organizaciones gubernamentales, frente a las cifras oficiales, hablan ya de cerca de 40 muertos en el contexto de una violenta actuación policial. El presidente del gobierno, dentro de este Estado llamado Reino de España, al frente de la autoproclamada coalición más progresista de la historia, ha restado importancia a la masacre y ha defendido el empleo de la fuerza de gendarmería marroquí en connivencia, como no puede ser de otro modo, con los cuerpos armados de represión hispanos; si acaso, el inefable Pedro Sánchez ha culpado de esos muertos de tercera a eso tan ignoto que llaman «mafias que trafican con seres humanos». No creo que la derecha, ni la ultraderecha, que viene a ser algo muy parecido, lo hubiera expresado mejor. Mientras tanto, Unidas Podemos, socio de gobierno, protesta, pero sin elevar demasiado la voz.
Una reflexión sobre el Reino en que vivimos. En 1995 se reformó el Código Penal, para –en resumen– endurecer las penas alargando más la permanencia en prisión (1). Fue durante el Gobierno de José María Aznar que se llevó a cabo el cambio legislativo, en medio de una histeria de tertulianos y periodistas que vendían este país de bendiciones, como el lugar en el que los delincuentes comunes y los terroristas mataban a una vieja, se la comían, entraban en comisaría y salían al cabo de un minuto. Así la derecha fomentó la prisión como alternativa necesaria y de ahí se pasó de la cifra de 18.000 presos de 1980, a la de 76.000 en 2009. Los problemas que generó esta locura presidiaria hicieron que el legislador optase en 2010 por ablandar un poquitín el castigo, y al rebajar las penas por delitos como el tráfico de drogas, la población reclusa es en la actualidad –más o menos– de 42.741 hombres y 3.312 mujeres. 46.000 personas encerradas en un confinamiento que ríete del COVID…
En 1975, la Corte de Justicia Internacional de La Haya reconoció el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, entonces colonia española. Lo hizo semanas antes de que Marruecos ocupara el territorio mediante la Marcha Verde. Pese a que se encuentra bajo control marroquí, oficialmente España se sigue considerando, a día de hoy, la potencia administradora del Sáhara y ésta figura como la última colonia en el continente africano. En 1991 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 690, tras el acuerdo en 1988 entre Marruecos y el Frente Polisario, que incluía un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.
Así que el gasoil y la gasolina han subido a los dos euros el litro, y eso a pesar de que los depósitos de reserva están llenos, y que la gasolina dura años y años sin caducar como demuestran las películas de zombis y apocalipsis, que los supervivientes siguen sacándola de vehículos y gasolineras. ¿Que solo digo tonterías? Sin duda. Además lo que pasa es que tenéis menos memoria que Dory buscando a Nemo… Caramba, la simpática pececita con amnesia retrógrada. Os lo explico.
Vaya por delante aclarar que el que suscribe no está del todo seguro si el gilipollas es él, al señalar que la corrupción es algo sistémico en este inefable país, o tal vez gran parte del material humano que le rodea. Uno es así de generoso en su análisis de la realidad. El caso es que esta guerra desatada entre facciones del Partido Popular, esa indescriptible derecha de este inenarrable país, además de ser un esperpento vergonzante, invita a unas pocas reflexiones a poco que profundicemos. Pablo Iglesias, que ahora tiene un podcast en el que pretende aportar sesuda información veraz y alternativa, instaba recientemente a que la izquierda parlamentaria se ponga las pilas y denuncie ante la fiscalía los presuntos casos de corrupción en el PP madrileño. Vamos a ver. En primer lugar, amiguito, ¿la izquierda parlamentaria no eras tú hasta anteayer? ¿Acaso los numerosos contratos, adjudicados a dedo por la Administración presidida por Ayuso, son algo que se sepa ahora? ¿Acaso no había ya indicios hace tiempo de que la Comunidad de Madrid había favorecido notablemente a familiares y amigos? ¿Por qué diablos no se puso, ni se termina de poner en la actualidad, todo ello en manos de la justicia? Sí, la justicia puede estar plagada de fachas y estar igualmente corrompida, y puede que luego haya multitud de cretinos que avalen a los corruptos en las urnas, pero al menos la contundencia en la denuncia moral y mediática puede y debe hacer un ruido estruendoso. A pesar del discurso epidérmico de algunos, y con gloriosas excepciones reales, no parece que sea así en este impronunciable país.
Por lo visto la inflación de fin de año es del 6,5% (1). Por lo que sea a los del BCE se les ha ido la cosa de las manos, fracaso absoluto sin dimisiones y, cómo no, las patronales y los bancos señalan que subir los salarios al nivel de inflación generaría una mayor inflación. Los políticos cabecean en éxtasis, como si rezaran. Me maravilla ese argumento que afirma que si un patrón gana muchísimo, es un buen patrón. Pero si un trabajador gana un poquito, genera inflación.
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