Ahora que acaba de ganar las elecciones en Italia una admiradora confesa de Mussolini, y espero que una vez más no le echen la culpa a la abstención, conviene lanzar unas reflexiones sobre las huellas del fascismo en este inefable país. No, no voy a resucitar el estéril debate sobre si Vox es o no abiertamente fascista, me basta con tildarlos de peligrosos bodoques ultrarreaccionarios; claro que no reivindican abiertamente a Franco, cuyo condición fascista ya es muy cuestionable, ya que saben que eso resulta inconveniente y necesitan un discurso adaptado a los nuevos tiempos, pero en esa línea política inicua podemos situarles. Es un lugar común decir que el verdadero fascismo en España lo constituyó la fusión en 1934 de Falange, partido admirador de Mussolini, y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, que podríamos emparentar más con los nazis alemanes. Como también es (o debería ser sabido), el genocida Franco tuvo la habilidad de aunar en su bando el fascismo con el carlismo junto a otras corrientes tradicionalistas; los fascistas más puros, que se pretendían revolucionarios, tuvieron que tragar en aquel engendro llamado Movimiento Nacional con la Iglesia y con los monárquicos. De ahí que la cruel dictadura franquista fuera definida como un régimen nacional-católico; Franco solo extendió el brazo hasta que el eje fascista fue derrotado y en el franquismo se nutrió algo de los rasgos fascistas más genuinos a través del llamado sindicato vertical.
Recientemente, mi sobrino, desde su mentalidad adolescente, no ensuciada por repulsivas mistificaciones nacional-patrióticas, se preguntaba cómo era posible que no dejaran pasar a un país a personas que, sencillamente, vienen en busca de una vida mejor. Todavía, no se sabían las cifras de fallecidos en la frontera de Melilla, donde organizaciones gubernamentales, frente a las cifras oficiales, hablan ya de cerca de 40 muertos en el contexto de una violenta actuación policial. El presidente del gobierno, dentro de este Estado llamado Reino de España, al frente de la autoproclamada coalición más progresista de la historia, ha restado importancia a la masacre y ha defendido el empleo de la fuerza de gendarmería marroquí en connivencia, como no puede ser de otro modo, con los cuerpos armados de represión hispanos; si acaso, el inefable Pedro Sánchez ha culpado de esos muertos de tercera a eso tan ignoto que llaman «mafias que trafican con seres humanos». No creo que la derecha, ni la ultraderecha, que viene a ser algo muy parecido, lo hubiera expresado mejor. Mientras tanto, Unidas Podemos, socio de gobierno, protesta, pero sin elevar demasiado la voz.
Una reflexión sobre el Reino en que vivimos. En 1995 se reformó el Código Penal, para –en resumen– endurecer las penas alargando más la permanencia en prisión (1). Fue durante el Gobierno de José María Aznar que se llevó a cabo el cambio legislativo, en medio de una histeria de tertulianos y periodistas que vendían este país de bendiciones, como el lugar en el que los delincuentes comunes y los terroristas mataban a una vieja, se la comían, entraban en comisaría y salían al cabo de un minuto. Así la derecha fomentó la prisión como alternativa necesaria y de ahí se pasó de la cifra de 18.000 presos de 1980, a la de 76.000 en 2009. Los problemas que generó esta locura presidiaria hicieron que el legislador optase en 2010 por ablandar un poquitín el castigo, y al rebajar las penas por delitos como el tráfico de drogas, la población reclusa es en la actualidad –más o menos– de 42.741 hombres y 3.312 mujeres. 46.000 personas encerradas en un confinamiento que ríete del COVID…
En 1975, la Corte de Justicia Internacional de La Haya reconoció el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, entonces colonia española. Lo hizo semanas antes de que Marruecos ocupara el territorio mediante la Marcha Verde. Pese a que se encuentra bajo control marroquí, oficialmente España se sigue considerando, a día de hoy, la potencia administradora del Sáhara y ésta figura como la última colonia en el continente africano. En 1991 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 690, tras el acuerdo en 1988 entre Marruecos y el Frente Polisario, que incluía un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.
Así que el gasoil y la gasolina han subido a los dos euros el litro, y eso a pesar de que los depósitos de reserva están llenos, y que la gasolina dura años y años sin caducar como demuestran las películas de zombis y apocalipsis, que los supervivientes siguen sacándola de vehículos y gasolineras. ¿Que solo digo tonterías? Sin duda. Además lo que pasa es que tenéis menos memoria que Dory buscando a Nemo… Caramba, la simpática pececita con amnesia retrógrada. Os lo explico.
Vaya por delante aclarar que el que suscribe no está del todo seguro si el gilipollas es él, al señalar que la corrupción es algo sistémico en este inefable país, o tal vez gran parte del material humano que le rodea. Uno es así de generoso en su análisis de la realidad. El caso es que esta guerra desatada entre facciones del Partido Popular, esa indescriptible derecha de este inenarrable país, además de ser un esperpento vergonzante, invita a unas pocas reflexiones a poco que profundicemos. Pablo Iglesias, que ahora tiene un podcast en el que pretende aportar sesuda información veraz y alternativa, instaba recientemente a que la izquierda parlamentaria se ponga las pilas y denuncie ante la fiscalía los presuntos casos de corrupción en el PP madrileño. Vamos a ver. En primer lugar, amiguito, ¿la izquierda parlamentaria no eras tú hasta anteayer? ¿Acaso los numerosos contratos, adjudicados a dedo por la Administración presidida por Ayuso, son algo que se sepa ahora? ¿Acaso no había ya indicios hace tiempo de que la Comunidad de Madrid había favorecido notablemente a familiares y amigos? ¿Por qué diablos no se puso, ni se termina de poner en la actualidad, todo ello en manos de la justicia? Sí, la justicia puede estar plagada de fachas y estar igualmente corrompida, y puede que luego haya multitud de cretinos que avalen a los corruptos en las urnas, pero al menos la contundencia en la denuncia moral y mediática puede y debe hacer un ruido estruendoso. A pesar del discurso epidérmico de algunos, y con gloriosas excepciones reales, no parece que sea así en este impronunciable país.
Por lo visto la inflación de fin de año es del 6,5% (1). Por lo que sea a los del BCE se les ha ido la cosa de las manos, fracaso absoluto sin dimisiones y, cómo no, las patronales y los bancos señalan que subir los salarios al nivel de inflación generaría una mayor inflación. Los políticos cabecean en éxtasis, como si rezaran. Me maravilla ese argumento que afirma que si un patrón gana muchísimo, es un buen patrón. Pero si un trabajador gana un poquito, genera inflación.
Son ya dos años de gobierno de la, llamada, coalición del gobierno más progresista de la historia de este inefable país. Tal vez, eso no sea decir mucho. El caso es que, ¿puede decirse que ha habido una verdadera transformación respecto a cuando gobierna la derecha? Veamos. Una de las promesas de los que gobiernan fue la derogación de la reforma laboral, «recuperaremos los derechos laborales arrebatados», aseguraron; incluso, en pleno estado de alarma tras estallar la pandemia del coronavirus, se reafirmaron en ello. Muy pronto, el Partido Socialista se desdijo de aquello, es cierto que sus socios de gobierno clamaron al cielo en alguna ocasión, pero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, acabó declarando que en realidad aquello era inderogable por no sé muy bien qué cuestiones técnicas. Hay quien asegura que lo que dijo Díaz, militante del Partido Comunista, era más falso que Judas, pero a estas alturas ya parece dar un poco igual. A finales del año pasado, llegaron una serie de reformas laborales, pero hay que recordar que prometieron, e incluso firmaron, derogar la reforma laboral del PP en 2012. Sí, son anatema las políticas del PP, pero hay que echar para atrás, hacer un poco de eso tan necesario en este bentido país que es la memoria, y comprobar lo que los gobiernos socialistas de González y Zapataro hicieron con las leyes laborales; todo atado y bien atado para una paulatina precarización del mercado de trabajo, gobiernen unos u otros.
En noviembre del pasado año, el Estado marroquí rompió un alto el fuego con el Frente Polisario, de casi tres décadas, y desde entonces los conflictos se han sucedido sin que tengamos noticias en la mayoría de los medios. Para mayor vergüenza, el gobierno español, supuesta coalición de «progreso», y la comunidad internacional han mirado hacia otro lado mientras Marruecos ha violado continuamente los derechos humanos en una escalada represiva. Para quien no lo sepa, la ONU sigue considerando que España es la administradora del Sahara Occidental. Casi medio siglo ha pasado desde que a la agonizante dictadura franquista parecía sobrarle la colonia, en una mezquina e hipócrita estrategia, y la llamada Marcha Verde dos años después impuso la soberanía de Marruecos sobre el territorio. El papel de la administración franquista tuvo un doble juego, por un lado afirmó comprometerse con la autodeterminación saharahui, con la supuesta convocatoria de un referéndum, y por otro inició conversaciones secretas con Rabat para acordar la estrategia que culminó en la conquista marroquí de la región. La estrategia del Estado español, ya con el infame Juan Carlos I como sustituto de Franco, supuso no entrar en un conflicto con Marruecos.
Luis García Berlanga, otro de los nombres claves de la cultura contemporánea, falleción en 2020; este año 2021, se cumple su centenario y bien merece un nuevo reconocimiento. Un cineasta, tantas veces, genial, aunque algunos proyectos no tuvieran el resultado que merecían. Un anarquista burgués, oxímoron recurrente en su biógrafos, y producto tal vez de su no subordinación a filiación política alguna (en el sentido de militancia en un partido) y de su reiterada negativa a poner su firma en manifiestos colectivos.
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