Al comienzo de la agresión militar del ejecutivo ruso sobre la población ucraniana, a finales de febrero del pasado 2022, uno de los reporteros trasladados a aquella región fue Pablo González, politólogo afincado en Polonia especializado en Europa del Este con doble nacionalidad, rusa y española. Este hombre ya había cubierto el conflicto armado en la misma región en 2014 o el de Nagorno Karabaj, guerra entre fuerzas armenias y azerbaiyanas en 2020 que se remonta a la caída del bloque soviético y cuya tensión no se ha dejado de producir hasta hoy (esos conflictos de los que apenas informan). Pablo González informó, al comienzo de la invasión de Ucrania, de la huida masiva de civiles con artículos en diversos medios, conexiones televisivas y actualización constante en la redes. Todo eso terminó con su detención el 28 de febrero por parte de las autoridades polacas sin que estuviera muy claro de qué diablos le acusaban; después de unos días, el gobierno de aquel país informó acerca del deternido y los cargos que tenían contra él sin mostrar prueba alguna: se le acusaba de ser miembro de la la inteligencia militar de Rusia y de actuar en contra de los intereses de Polonia. No era la primera vez que el reportero se enfrentaba a los servicios secretos de un Estado, ya que unas semanas antes fue retenido por espías ucranianos, mientras que en España sus familares y allegados en el País Vasco recibieron la visita de agentes del CNI para interrogarles sobre un periodista acusado de ser prorruso y haber colaborado nada menos que con el periódico Gara. Todo, tal y como contaron aquellas personas, muy surrealista. Poco después de aquellas acusaciones disparatadas, González fue detenido, algo que llega hasta el día de hoy, más de 10 meses después, sin que haya evidencia alguna de las acusaciones que le hacen.
Hay que aclarar que Pablo nació en 1982 en Moscú, algo que se explica en que es nieto de uno de los llamados niños de la infame guerra civil española donde ganaron los fascistas. El tribunal polaco ha señalado algo con tanto peso como esto como prueba de que sea en realidad un agente ruso. Estamos hablando de más de 300 días en prisión preventiva en unas condiciones lamentables, algo que el mismo Pablo ha denunciado en un carta al Tribunal de Estrasburgo donde cuenta la constante vigilancia a la que se le somete, las carencias alimenticias que tiene y su casi total incomunicación hasta fechas recientes en que, por fin, pudo hablar con la madre de sus hijos además de con sus abogados. De hecho, no se le respetó ni más sus mínimos derechos, ya que en un principio tuvo que declarar sin la debida asistencia letrada para, acto seguido, entrar en prisión provisional. Desde entonces, y teniendo en cuenta que el Derecho en Polonia es bastante particular, se han sucedido los trámites burocráticos y toda suerte de trabas administrativas, con no pocos penalistas estudiando el caso; el coste de tanto equipo legal, junto a la manutención del periodista encarcelado, es un coste demasiado elevado para su entorno. La realidad es que hablamos de una persona que pronto llevará un año en prisión sin que haya trascendido ninguna prueba real contra él, ni se haya producido un juicio mínimamente justo.
En el balance de 2022 que ha presentado Reportero Sin Fronteras, sobre asesinatos, secuestros y encarcelamiento de profesionales de la información, no aparece la detención de Pablo González; esta organización, que sí pidió la inmediata puesta en libertad del reportero el mismo día de su detención, no lo incluye en su informe por lo opaco del asunto, ni hay pruebas presentadas contra él, ni ha habido juicio. En otras palabras, nos encontramos en tierra de nadie ante un caso flagrante de vulneración de los derechos más elementales. Uno se pregunta qué están haciendo los poderes fácticos de este inefable país, incluido ese gobierno que se considera el más progresista de la historia, para liberar a un ciudadano español sobre el que no hay pruebas claras para mantenerlo encerrado. Ya respondo yo, nada, ya que el propio presidente español, junto al ministro de asuntos exteriores, han afirmado de soslayo que por encima de todo está la legalidad polaca. No es que uno se crea ninguna legalidad fundada un Estado, pero uno pensaba que debía ser al revés, primero están los derechos y luego la legalidad (que, como se está viendo, los oprime si meas fuera del tiesto). Por otra parte, uno se pregunta ingenuamente por qué los medios, con algunas justas excepciones, no se vuelcan en pedir un juicio justo para un periodista encarcelado por ejercer su profesión; incluidos esos que se llenan la boca con el sagrado nombre de este inenarrable país y que ahora ignoran a un hombre que tiene la ciudadanía española. Si alguien quiere echar una mano, del modo que fuere, puede hacerlo a través #FreePabloGonzalez.
