Al comienzo de la agresión militar del ejecutivo ruso sobre la población ucraniana, a finales de febrero del pasado 2022, uno de los reporteros trasladados a aquella región fue Pablo González, politólogo afincado en Polonia especializado en Europa del Este con doble nacionalidad, rusa y española. Este hombre ya había cubierto el conflicto armado en la misma región en 2014 o el de Nagorno Karabaj, guerra entre fuerzas armenias y azerbaiyanas en 2020 que se remonta a la caída del bloque soviético y cuya tensión no se ha dejado de producir hasta hoy (esos conflictos de los que apenas informan). Pablo González informó, al comienzo de la invasión de Ucrania, de la huida masiva de civiles con artículos en diversos medios, conexiones televisivas y actualización constante en la redes. Todo eso terminó con su detención el 28 de febrero por parte de las autoridades polacas sin que estuviera muy claro de qué diablos le acusaban; después de unos días, el gobierno de aquel país informó acerca del deternido y los cargos que tenían contra él sin mostrar prueba alguna: se le acusaba de ser miembro de la la inteligencia militar de Rusia y de actuar en contra de los intereses de Polonia. No era la primera vez que el reportero se enfrentaba a los servicios secretos de un Estado, ya que unas semanas antes fue retenido por espías ucranianos, mientras que en España sus familares y allegados en el País Vasco recibieron la visita de agentes del CNI para interrogarles sobre un periodista acusado de ser prorruso y haber colaborado nada menos que con el periódico Gara. Todo, tal y como contaron aquellas personas, muy surrealista. Poco después de aquellas acusaciones disparatadas, González fue detenido, algo que llega hasta el día de hoy, más de 10 meses después, sin que haya evidencia alguna de las acusaciones que le hacen.
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