Tal como lo había anunciado el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una entrevista publicada el 18 de julio en el diario El País, el Consejo de Ministros de este martes 20 de julio ha aprobado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que se debía aprobar en el Consejo de Ministros que siguió a la remodelación del Gobierno.

Es pues de suponer que en coherencia con lo declarado en esa entrevista – en respuesta a una pregunta sobre si no se tocaría el texto “pese a las criticas” – el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado no ha sido tocado y por consiguiente esa Ley – “la llevaremos a las Cortes y ahí se podrá modificar vía enmiendas” – sigue manteniendo la infamia de dividir a las victimas de la represión franquista en victimas de primera y de segunda.

Temiendo que eso fuese así e ignorando lo que el Consejo de ministros de este martes 20 de julio iba a hacer, tres días antes envié esta Carta abierta que reproduzco a continuación:

Carta abierta a Yolanda Díaz e Irene Montero:
La “igualdad” y la Ley de Memoria Democrática

Las razones de esta “carta abierta” son las siguientes:
Como ustedes saben, la remodelación del Ejecutivo y el nombramiento de Félix Baños, como nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática han impedido -según la prensa- que el Consejo de Ministros apruebe el martes 13 de junio el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (1). El mismo texto que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2020, aunque modificado y ampliado en algunos puntos tras las protestas y reclamaciones de los grupos memorialistas. Un texto que estos grupos siguen considerando insuficiente e indigno, pese a esas modificaciones y ampliaciones. No solo por no equipararse con el estándar internacional en materia de derechos humanos, sino también por mantener la infamia (articulo 10 de la Ley de 2007) de dividir a las víctimas de la represión franquista en dos categorías.

Una infamia, la de dividir a las víctimas de la represión franquista por la fecha de su ejecución, que implica no reconocerlas ni resarcirlas por igual a todas, aceptar que haya víctimas de primera y de segunda por el hecho de haber sido ejecutadas después o antes de 1968. Una fecha arbitraria, escogida y fijada por los redactores de la Ley de 2007 sin otra ‘justificación’ que la de “circunstancias excepcionales” y sin explicar por qué es a partir de 1968 que las “circunstancias” se vuelven “excepcionales” solo para las víctimas de la represión franquista ejecutadas; puesto que esa arbitraria división no existe para la reparación de las que hicieron prisión durante el franquismo. ¿Cómo justificar tan arbitraria división en un caso y no en el otro? Además de que, tanto en la norma de 2007 como en los proyectos de ley para reformarla, las víctimas de la represión franquista han sido siempre englobadas en una definición única, sin referencia alguna a aquella fecha y a las “circunstancias excepcionales”. Como es el caso ahora, con el nuevo texto, en el que sus redactores dedican un amplio artículo a la definición de víctima del Golpe de Estado de 1936, de la posterior Guerra Civil y la Dictadura, para enfatizar que lo son todas las personas que fueron objeto de la represión franquista.

Ustedes saben además que, para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en diciembre de 2017 en el Congreso de los Diputados una “Proposición de Ley de memoria histórica y democrática” que mantenía ese infame articulo 10, y que el Grupo Parlamentario Unidas Podemos presentó el 13 de julio de 2018 una Proposición de Ley -también para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007- con un artículo (artículo 32) que ponía fin a esa infame discriminación y restituía la igualdad entre las víctimas de la represión franquista, fijando una reparación única para todas “las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977” (2).

Pues bien, el hecho es que han pasado ya más de tres años desde entonces y casi uno desde la presentación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de “coalición progresista”, del cual ustedes forman parte, y que el anteproyecto -que debía aprobarse en el Consejo de Ministros del martes 13 de junio- sigue manteniendo la infamia del artículo 10 de la Ley de 2007, aunque este artículo no figure literalmente en dicho texto y el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, pretenda -en base a la cosmética y ambigua redacción de este texto- que “hay otra lectura del anteproyecto” que borra esa infamia.

Efectivamente, este anteproyecto mantiene esa infamia porque la desaparición en el nuevo texto de ese artículo (que si figuraba en la proposición de nueva ley “de memoria histórica y democrática” de diciembre de 2017 del PSOE) no significa que no siga en vigor, puesto que en la nueva Ley -que está compuesta de cinco Títulos “estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las victimas…”- el Capitulo III -del Título I, ”sobre las víctimas”- que “se refiere a la Reparación”, dice literalmente que, “Junto a las medidas que se han venido desplegando desde la Transición, y que permanecen en el ordenamiento jurídico, se incorporan actuaciones específicas…”. Por lo que el artículo 10 -que forma parte de las medidas desplegadas desde la Transición- permanece en el ordenamiento jurídico como también la infamia de no considerar y reparar por igual a todas “las víctimas de la Guerra y la Dictadura”. Una discriminación que no hace sino añadir en democracia otra injusta y dolorosa penalización a la ya infligida por el criminal franquismo a quienes dieron la vida por las libertades que hoy son constitucionales.

La continuidad de tan vergonzosa infamia es una indignidad que Unidas Podemos no debe asumir. No solo por dignidad sino también por coherencia con lo que proponía en su Proposición de Ley del 13 de julio de 2018. Pues es obvio que, solo si en la nueva norma se considera y repara a todas las víctimas por igual, la igualdad de todas las víctimas de la represión franquista será real y quedará restablecida en el ordenamiento jurídico.

Restablecer esta igualdad debería ser pues una prioridad para el Gobierno de “coalición progresista”. Y aún más para la nueva Vicepresidenta segunda del Gobierno, que acaba de declarar a la prensa que “Este tiene que ser el Gobierno de la recuperación, pero también el de la igualdad”, y para la responsable de un ministerio cuyo título es Ministerio de Igualdad.

17 de Julio de 2021
Octavio Alberola

(1) https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/Documents/APL%20Memoria%20Democrática.pdf
(2) http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/grupo_parlamentario_unidos_podemos.pdf