Recientemente, se ha aprobado por el gobierno español el anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática y pronto, al parecer, pasará al Congreso para debatirla y, supuestamente, aprobarla. A pesar de la inicua derecha (y ultraderecha, que viene a ser algo muy parecido) que padecemos en este inefable país, y de cierta parte de la población bastante botarate, quiero pensar que una mayoría ciudadana considera razonable una ley que, por fin, impartiera justicia histórica. La ley anterior de 2007, en tiempos de Zapatero, era más que insuficiente, ya que, aunque declaraba los tribunales franquistas ilegítimos, no anulaba las sentencias y, además, dividía a las víctimas en dos clases, antes y después de 1968. Aparentemente, el anteproyecto pretende reparar las insuficiencias de la ley previa, obliga al Estado a la exhumación de las fosas, pretender crear una Fiscalía específica para investigar los crímenes del franquismo y sí aspira a anular las sentencias franquistas, entre otras medidas. ¿Estamos por fin ante una Ley justa que anule el relato de punto y final iniciado en la Transición? Las voces críticas, sobre la ambiguedad de las medidas, no se han hecho esperar. Hay quien sostiene que, a pesar del concepto de «ilegitimación de los tribunales franquistas e incluso anulación de las sentencias», no se anula la «legitimidad» legal y, consecuentemente, siguen teniendo vigencia las condenas en el ordenamiento legal. Por otra parte, el artículo 31 de la nueva Ley, que habla de «reparación integral», no precisa con claridad si va a producirse una ruptura radical con las medidas de la Memoria Histórica de 2007, que dividía claramente a las víctimas antes y después de 1968. Si los juicios y condenas franquistas no se anulan, auténticamente, multitud de personas perseguidas por el franquismo pueden quedar exentas del llamado certificado de ilegitimidad, por lo que no podrían justificar su defensa de un sistema de libertades previo a la dictadura franquista. Por todo ello, es preciso que no haya ambigüedad alguna sobre la anulación y sentencias de los tribunales franquistas, además de que no existan artimañas retóricas en la nueva Ley para seguir dividiendo a la víctimas. Otra voces críticas con el anteproyecto, señalan la necesidad de anular la Ley de Amnistía de 1977, que nació ya nula, ya que ese mismo año España, supuestamente, se adhería al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe toda ley de punto final. ¡Tiene bemoles la cosa! Los delitos de lesa humanidad, como los del cruel régimen franquista, no prescriben. No solo hay que declarar ilegales (no el confuso concepto de «ilegítimos») los tribunales franquistas, junto a la anulación de sus sentencias, también toda la legislación represiva de la dictadura dirigida a vulnerar los derechos humanos más elementales. Numerosos asesinatos del régimen, innumerables torturas y multitud de penas de presión aguardan una reparación, que no está ni mucho menos asegurada. Demasiada ambigüedad, todavía, en el anteproyecto de Ley, lo cual evidencia que la herencia franquista en este inenarrable país es todavía muy pesada. Veremos si, al menos, se sigue avanzando algo para ir anulando un relato construido, que influye sobre la población más acrítica. Seguiremos insistiendo, también, en la memoria de los libertarios, olvidados dentro de los olvidados.

Juan Cáspar