Los montajes policiales contra el movimiento anarquista han estado, y siguen estando, a la orden del día. El militante ácrata Ruymán Rodríguez tenía esta semana un juicio, finalmente aplazado, acusado de haber atentado contra la autoridad. Ruymán denunció a tres agentes de la Guardia Civil, por torturas y detención ilegal, y estos a su vez afirmaron que el activista canario les propinó una patada. Rodríguez es un conocido luchador por el derecho a la vivienda, en la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC); tanto esta organización, como el Sindicato de Inquilinas de la isla, califican el caso como un montaje y una persecución política. Para entenderlo, hay que tener en cuenta el proyecto autogestionado de La Esperanza, en el que una serie de bloques de viviendas deshabitados en el municipio canario de Santa María de Guía fueron socializados por la FAGC con más de 200 personas realojadas. El sistema tenía que poner remedio a este mal ejemplo de la autogestión y, como no conciben un activismo verdaderamente antiautoritario, fueron a por Ruymán pensando que iban a acabar con el lider del proyecto.
Afortunadamente, ahora mismo hay ya una decena de comunidades autogestionados de la vivienda en Gran Canaria, con un millar de personas habitando en estas viviendas recuperadas. Como el mismo Ruymán aclara, las que ocupan son casas abandonadadas durante más de dos años propiedad de bancos y fondos buitres; están destinadas a familias sin recurseo, inmigrantes perseguidos por la policía o mujeres maltratadas sin la ayuda necesaria por parte de la Administración. Muy inicuos estos libertarios, que se muestran solidariamente activos con los más débiles y se implican con las gente de los barrios sin recursos. Conociendo el caso de Ruymán, da bastante miedo la persecución policial y jurídica. Resulta que ahora, además de la presunción de veracidad, según la cual el testimonio del agente tiene más peso que la presunción de inocencia, es posible considerar a polis y picoletos aforados para no rendir cuentas en un juzgado como el resto del personal. Insisto, mucho miedo, máxime en estos tiempos de crisis sanitaria en el que lo cuerpos represivos del Estado tienen aún mayores potestades.
Todos recordamos el caso de los anarquistas extranjeros (¡casi nada!) detenidos en tierras catalanas, hace cosa de un mes, por haber provocado disturbios durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél. En concreto, se acusaba a una mujer nada menos que de haber incendidado un furgón policial y haber puesta la vida en peligro de un agente, que salió ileso. Todos ellos acusados, agárrense los machos, de pertenencia una organización criminal, tentativa de homicidio, desórdenes, daños y atentado a agente de la autoridad. Los repulsivos medios generalistas publicaron sin ningún escrúpulo, ni presunción de inocencia, nombres y fotos de los detenidos con datos que oscilaban entre la anecdótico y lo patético. Si se echa un vistazo a los pormenores del caso, con las supuestas pruebas de culpabilidad, el asunto es aún más ridículo. Esta semana, la anarquista italiana, después de un mes de prisión, ha salido en libertad, ya que el caso se desinfla, queda demostrado que esta mujer no coincide en absoluto con la descrita por el atestado policial e, incluso, se pone en cuestión la existencia de un culpable en el susodicho incendio. Los medios, por supuesto, se han hecho eco del asunto, han reiterado sus disculpas por el daño causado y han empezado a ser conscientes de los montajes policiales contra un movimiento anarquista, que da mucho juego. Es broma, claro.
