Hay que reconocer que la intensa campaña de los medios contra la okupación, a la que se unen los intereses de la compañías de seguridad privada, ha dado sus frutos. Yo mismo, me he sorprendido recientemente usando la palabra okupa de manera torticera, y espero que no sea grave de cara a mi salud mental. El caso es que toda esta ofensiva mediática trata de hacer creer a la gente que, si se ausentan de sus hogares un tiempo, algún grupo de canallas se apropiará de la vivienda sin que se pueda hacer gran cosa para evitarlo. Los bulos se han sucedido desde hace tiempo, bien alimentados por la prensa y los políticos más reaccionarios, como esa estupidez de que un PSOE «radicalizado», junto a Unidas Podemos, legislan para sus «amigos okupas». No temo ser maniqueo cuando afirmo que estas estupideces, aunque podamos encontrar tambien ejemplos cercanos en una izquierda ‘oficial’ ni por asomo ‘radicalizada’, resultan más creíbles para cierto público con una ideología determinada. El movimiento okupa, no debería hacer falta aclararlo, siempre ha propugnado la ocupación de viviendas o locales deshabitados, y lo ha hecho con fines sociales, políticos y culturales. Entre esos motivos, está por supuesto la denuncia del problema de la vivienda, derecho constitucional que no se convierte en hecho para mucha gente, un problema crónico incrementado desde la crisis iniciada en 2008. Ahora, estamos inmersos en una crisis sanitaria de enormes proporciones, por lo que las consecuencias económicas están siendo ya catastróficas, especialmente, para los más humildes. Esta repulsiva campaña contra la okupación, a la que se quiere criminalizar de cara a la opinión pública, busca ocultar el grave problema de la vivienda. Se pretende que personas humildes observen como un criminal a aquel, todavía más necesitado, que se ve obligado a okupar una vivienda para sobrevivir. Lo de siempre, lanzar al que tiene poco contra el que no tiene nada. Como ya reflejó El Roto en una viñeta sarcástica: pobres contra pobres, la actual lucha de clases. Lo paradójico del asunto es que el supuesto delito de la okupación nada tiene que ver con lo que medios y políticos nos quieren hacer ver. Si alguien se cuela en nuestra casa, esto recibe el nombre en el Código Penal de «allanamiento de morada», y el sistema ya garantiza el desalojo inmediato del intruso. Incluso, esta recuperación del inmueble está garantizado en el caso de una segunda vivienda, algo que no tiene gran parte de la población. Y este es el otro aspecto paradójico e infame de la campaña contra la okupación. Se pretende que personas que apenas pueden permitirse una vivienda empaticen con las clases más pudientes, dueñas de varios locales y viviendas, que sí tienen mucho que perder en el asunto. Recordemos una vez más que la okupación se realiza en lugares desocupados y en desuso, y aquí el Código Penal lo denomina delito de usurpación, algo muy diferente del caso de invadir por la cara una vivienda. Si echamos un vistazo a las estadísticas, podemos ir más allá en la campaña de intoxicación, y ver claramente que los principales afectados por la okupación no son los pequeños propietarios, sino grandes empresas, bancos y entidades financieras. Otro asunto indignante es el reiterado uso de la palabra ‘mafia’ por los medios, supuestamente detrás de tantas okupaciones; otro insulto a la inteligencia cuando la verdadera mafia criminal tiene obvios vínculos políticos y económicos con un sistema basado en la especulación inmobiliaria. Frente a tanta basura mediática, burda y grotesta, promovida a nivel político principalmente por la derecha y la ultraderecha, pero con una izquierda parlamentaria ya acomodada en la poltrona, promovamos una vez más las luchas horizontales y autogestionarias de los de abajo basadas en el apoyo mutuo. También, por supuesto, en el caso de la vivienda y en defensa del verdadero significado de la okupación.

Juan Cáspar