Nuestra concepción de la dignidad nace de nuestras convicciones, no de ningún condicionante legal o político, que no son más que imposiciones orientadas a cosificar nuestras vidas y a adecuarlas a los intereses económicos de una minoria dictatorial.
Ni el Estado ni las leyes ni ningún orden económico o político, pueden cambiar nuestras ideas y aspiraciones de desarrollar una sociedad digna de ser llamada sociedad.
No necesitamos regular legalmente nuestras herramientas de lucha, pues tenemos la capacidad legítima y ética de cambiar todo aquello que consideramos injusto. La huelga indefinida, el boicot, las iniciativas autogestionarias en el plano económico, sanitario y educativo, las reapropiaciones de espacios y la expropiación de empresas, deben ser nuestros aliados y medios de acción directa para empezar a crear una sociedad justa e igualitaria.
Frente al desviacionismo ideológico y práctico, seguimos defendiendo la acción sin intermediarios en todos frentes de la lucha emancipatoria. Cuando despiden a las personas de sus trabajos, cuando las personas denominadas dependientes son arrojadas a la miseria, cuando los menores tienen hambre, cuando los jóvenes no pueden trabajar, cuando expulsan a las personas de sus hogares, y cuando pasan tantas y tantas injusticias, es el momento de la accion directa y el anarcosindicalismo, y ha llegado ese momento.
Para practicar la acción directa debemos romper las cadenas dialécticas de la moral imperante, que no es más que la justificación del sometimiento de una mayoria a una minoria sin escrúpulos, como así lo constatan los numerosos casos de corrupción y todos los actos de ese tipo minimamente reconocidos y condenados por la justicia del poder.
En el actual circo político ha irrumpido un nuevo actor, llamado Podemos, que viene adecuando sus iniciales reivindicaciones al juego político que cada vez asume con mayor intensidad, alejandose así de los fines que decía defender en un primer momento. Esta es la inevitable consecuencia de asumir las herramientas burguesas de la pseudolucha social y económica.
Que no nos vengan con cuentos posibilistas sobre las reformas legales, políticas y económicas. El reformismo no será nunca un medio de lucha emancipatorio, y pretender embarcar a la sociedad en un proceso de cambio parcial legalizado y pautado, no es sino someter a la sociedad a los nuevos condicionantes y exigencias que el orden actual irá desarrollando frente a quienes intentan cambiarlo asumiendo su existencia como inevitable.
Las causas de la miseria
España recapitalizó a la banca privada con cerca de 100.000 millones de euros, después de haber firmado el Memorándum de Entendimiento, siguiendo las directrices políticas la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la “Troika”. La deuda pública llegó este año al 99,8 por 100 del PIB, unos 900.000 millones de euros.
La devolución del rescate, que es deuda pública, conlleva ciertas políticas antisociales, y ninguna va encaminada a subsanar el hecho de que España sea uno de los Estados de la UE con mayor fraude fiscal identificado, que alcanzó en 2012 el 6 por 100 del PIB, y del que las grandes empresas concentran el 72 por 100.
Como todos sabemos, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2012 el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece la obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas de que el llamado déficit estructural sea igual a cero o tenga superávit en 2020, y de que el nivel de deuda pública en esa fecha no sea superior al 60 por 100 del PIB, lo que equivale a disminuir el gasto en cerca de 400.000 millones de euros en 2020.
Así pues, los presupuestos sociales del Gobierno de este año redujeron un 36 por 100 la partida destinada a los servicios sociales, entre los que se incluyen los servicios regulados mediante la Ley de Dependencia, cuya partida presupuestaria disminuyo en 1.029 millones de euros. A nadie debe sorprender a estas alturas esta práctica de pauperización de los colectivos poblacionales más desfavorecidos, pues el capital vive del capital, y gobierna para el capital.
Paralela a esta distribución antisocial de las partidas presupuestarias, encontramos toda la retahíla de leyes aprobadas para complementar la práctica del pago del rescate, muchas de las cual fueron pactadas entre el Gobierno y los llamados agentes sociales.
Precariedad laboral y juventud
Recordemos que el 25 de enero de 2012, CEOE, CEPYME, UGT y CC OO firmaron el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, que fijó una subida salarial siempre menor a la inflación de los precios. Aun teniendo en cuenta la brutal destrucción de empleo que venimos padeciendo, lo que se traduce en que nuestros mayores vengan soportando ser el pilar económico de sus familiares, la reforma de las pensiones que propone el comité de “expertos” del Gobierno plantea que los pensionistas no ganen poder adquisitivo hasta 2019, y siempre que la economía crezca entre el 2 y el 2’5 por 100.
Tras las ultimas reformas laborales la negociación colectiva viene sufriendo un absoluto deterioro, los convenios de empresa priman sobre los de tipo colectivo, el despido libre o llamado objetivo se ha disparado, la negociación autónoma se impone a los trabajadores frente a la cohesión de la clase obrera en lo tocante a la reivindicación de sus derechos etc. etc.
Estas situaciones de legalización de la precaridad laboral inciden en mayor medida en la juventud, y es a la juventud a quienes queremos recordar cuáles son algunos de los principales males del mercado de trabajo que les ha diseñado el Gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios.
El 28 por 100 de los jóvenes que trabajan lo hacen a tiempo parcial. Los contratos de prácticas y formación encubren esta temporalidad, y han incrementado un 55,72 por 100 su tasa interanual para los menores de 30 años, siendo esta situación especialmente dramática en Baleares, La Rioja y Canarias, en donde los contratos de prácticas y formación han aumentado en un 119,80 por 100.
Solo el 20 por 100 de los tipos de contrato anteriormente reseñados termina siendo un contrato de duración indefinida. Esto conlleva que un joven deba dedicar 61,5 por 100 de su sueldo a la compra de una casa o un 52,1 por 100 para alquilarla (esta es la realidad socioeconómica de la juventud).
El gobierno ha dejado sin becas a un 12 por 100 de los estudiantes becados, embolsándose así mas de 100 millones de euros, que son destinados a pagar el rescate financiero de la banca y que conllevan el que la juventud solo pueda acceder a sectores laborales en los que las irregularidades contractuales son especialmente destacables, como el sector servicios.
La precariedad laboral se traduce tambien en muertes, recordemos que entre enero y abril de 2014 han muerto 186 trabajadores en accidentes laborales, sobre un total de 154.400 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento de la mortandad del 2.7 por 100 respecto a 2013. En el sector servicios fallecieron 68 trabajadores hasta abril, en la industria se produjeron 32 accidentes mortales, en la agricultura murieron 24 trabajadores, y en la construcción perdieron la vida 22 trabajadores.
Tantos y tantos males podríamos referir y documentar…
Llamamiento a la juventud
Tras lo expuesto hasta ahora queremos llamar a la reflexión sobre algunas cuestiones. Padecemos una realidad económica impuesta, legalizada e ineludible. Las nuevas opciones de renovación política y democrática deben incidir sobre estas cuestiones y plantear unas “hojas de ruta” claras y que visibilicen el nivel estructural en el que se van a desarrollar, contemplando la jerarquía legal del sistema en el que se mueven. Lanzar mensajes posibilistas genera ilusiones de cambio poco realistas, y reflejan muy bien lo que es el parlamentarismo, un medio de manipulación de masas.
Debemos plantearnos además cuál es el modelo de sociedad que queremos, si queremos volver al contexto socioeconómico de los 80, o si nos planteamos una crítica y un cambio integral de la sociedad.
Incluso las nuevas opciones de cambio legal y democrático plantearon en su momento su apertura a la lucha sindical organizada, bien debido al interés por fraguar una mayor movilización social favorable, o bien porque realmente se entiende que el sindicalismo es útil para afrontar una lucha de tipo económico y social. Solo diremos en este punto que el anarcosindicalismo sigue siendo el modelo de organización social más idóneo para afrontar una lucha económica, como así lo demuestran sus prácticas, en las que no ha lugar para la traición a la voluntad de la clase obrera y sus intereses.
Por todo lo expuesto, llamamos a la juventud a reflexionar sobre la escasa existencia de estructuras sociales autogestionarias y emancipadas que satisfagan realmente las necesidades sociales actuales, a todos los niveles.
-Llamamos a la juventud a organizarse en un anarcosindicato, y a organizarse de manera solidaria afrontando todos los frentes de la lucha emancipatoria.
-Llamamos a la juventud a organizarse al margen de los modelos de la renovación política y democrática, a que no claudique en sus objetivos ni fines, y a que valore si las posibilidades de cambio que se vienen difundiendo últimamente por diversos medios son realistas o meros discursos que caerán en el entramado legal del que ya son parte.
-Llamamos a la juventud a integrarse en la organización anarquista específica, a desarrollar sus propias inquietudes y capacidades sin someter nunca su sentimiento de justicia y valores humanos y sociales a ningún tipo de populismo reformista.
-Llamamos a la juventud a luchar por lo que considere que debe ser una vida digna y un bien social.
Grupo Acción Directa
Publicado en el periódico Tierra y libertad núm.318 (enero 2015).