La ineptitud y la negligencia de que han hecho gala la mayoría de administraciones públicas frente a la DANA del 29 de octubre (en realidad solo se podría excluir parcialmente a algunos ayuntamientos que, teniendo pocas responsabilidades en el tema de alarmas y menos medios para responder a ellas, han actuado mucho mejor que los gobiernos de Valencia y Madrid) en contraposición con la generosidad y espontaneidad con que la ciudadanía ha reaccionado desde las primeras horas de la tragedia ha provocado que el viejo y casi olvidado lema de «solo el pueblo salva al pueblo» se recupere en manifestaciones y pintadas callejeras.
Sin tener en cuenta que se trata de una sencilla consigna popular y no de un elaborado proyecto político, muchas voces se han alzado críticamente contra el uso de dicho eslogan, argumentando toda una serie de inconvenientes y peligros que la interpretación literal de su contenido puede suponer de desafección hacia el Estado de bienestar y el mantenimiento y la defensa de lo público.
Incluso una lectora de El País dirigió una carta a este medio tan cercano actualmente a Moncloa para recordarnos que es el Estado y no el pueblo el que ha de asegurarnos los servicios de bomberos, sanidad, enseñanza, policía o residencias para mayores. La misiva, como era de esperar, fue publicada en la sección de Cartas a la directora del diario del grupo Prisa el 16 de noviembre, teniendo a continuación una gran difusión y aceptación. Normal, si tenemos en cuenta que en ella se hacía una entusiasta defensa de la institución estatal y se dejaba caer que quienes ingenuamente confiásemos en la espontaneidad del pueblo en realidad estábamos más cerca de lo que pensamos de las tesis ultraliberales y privatizadoras de Milei, Le Pen, Meloni o Abascal.
No ha sido la postura mayoritaria en nuestro ámbito, aunque también alguna opinión dentro del movimiento libertario ha incidido en estos razonamientos alarmistas. Quizás se olvida que la mayoría de la gente que de alguna forma hemos ayudado a difundir la idea de que el pueblo, por muy manipulado y adormecido que esté, siempre responde con el mismo espíritu solidario y autogestionario que se ha manifestado ante cada desastre natural, accidente o estallido de rebeldía, también somos los que desde nuestras organizaciones y colectivos venimos luchando todos estos años contra la privatización de los servicios públicos y exigiendo a las administraciones de turno la mejora de esas prestaciones que los gobiernos gestionan y financian con nuestros impuestos.
Sin embargo, ha sido ese pueblo, cuya capacidad de pensar y actuar tanto se pone en duda, el que ha dejado meridianamente claro que el entusiasmo y agradecimiento ante la incesante llegada de voluntariado y bienes de primera necesidad, donados por particulares, pequeñas empresas y organizaciones sociales, no ha representado ninguna merma de sus críticas y exigencias a los partidos políticos que gobiernan el Estado y la Generalitat valenciana. Los abucheos a todas las autoridades que acudieron a dejarse ver, fotografiar y entrevistar por la zona cero y las dos multitudinarias manifestaciones en Valencia (150.000 asistentes el 9 de noviembre y 100.000 el día 30) pidiendo, entre otras cosas, la dimisión del President Mazón son una buena muestra de que la voluntad de denuncia no ha sido borrada de las conciencias.
Esta catástrofe y todo lo que ha sucedido a su alrededor puede ser una buena ocasión para que desde el mundo del anarquismo y el anarcosindicalismo se abran debates sobre los aciertos y carencias que han quedado patentes en este tiempo que ha transcurrido desde que las aguas desbordadas llevaran la destrucción, el dolor y la muerte a más de 70 pueblos.
Seguramente, y a pesar de no ser la corriente mejor organizada ni tener las más saneadas finanzas, podemos decir que, en general, la respuesta libertaria ha sido buena: tanto en trabajos sobre el terreno, entregando víveres y herramientas, organizando ayudas y movilizaciones de protesta, denunciando a los responsables o abriendo nuestros medios para informar de lo que nadie quiere contar.
Ante la aparente contradicción que supone aspirar a una sociedad autogestionaria al tiempo que se exige al Estado y a sus diversas administraciones que nos presten todo una serie de servicios a los que tenemos derecho, se podría responder recordando que esos servicios públicos son fruto de las conquistas del movimiento obrero, que tras un futuro proceso revolucionario -que no se vislumbra cercano- serían prestados por la propia colectividad, pero que mientras esa fase no sea más que un sueño utópico el pueblo y sus organizaciones han de pelear para que los sucesivos gobiernos mantengan y mejoren la cobertura de tales servicios.
En modo alguno quiere decirse que las organizaciones libertarias se han de conformar con forzar al Estado a ser eficaz en su cometido, sino que se ha de ir proponiendo y conquistando la participación de movimientos sociales, usuarios y personal de estos sectores en la gestión de toda el área pública. De igual forma sería muy positivo que, al mismo tiempo que se defiende lo público frente a lo estatal y lo privado, se vayan creando experiencias autogestionadas para ir practicando el colectivismo y sumando a nuestro proyecto a más y más gentes.
Antonio Pérez Collado
