En unas semanas seré enjuiciado y también, indudablemente, condenado. Se me acusa de un delito de «atentado a la autoridad» (poético, para un anarquista) y se me pide un mínimo de 1 año y 6 meses de prisión y 770 pavos de multa. Todo esto por supuestamente haber dado en 2015 una patada a un guardia civil en el cuartelillo donde se me retenía y torturaba con la finalidad de intimidarme y desestabilizar el proyecto autogestionario de vivienda de la Comunidad «La Esperanza», ubicada en el municipio grancanario de Guía.
No gastaré el tiempo en clamar por mi inocencia ni chorradas similares, y menos aun cuando hay compañeras y compañeros que en estos momentos, mientras escribo, ya están en la cárcel. Además, sería inútil. Que seré condenado es tan seguro como que mañana saldrá el sol. Se intentará con ello (si quiero evitar, según parece, que se ejecute la sentencia) tenerme «tranquilo» y sin alborotar durante algunos años y, si es posible, escarmentar en mi espalda a un anarquismo canario y a un movimiento insular por el derecho a la vivienda que lleva demasiado tiempo incordiando por encima de sus posibilidades.
Y luego dicen que los anarquistas somos ingenuos… Si piensan que la convicción de los militantes y la necesidad de los desahuciados pueden sofocarse con leyes, juicios y condenas es que no han comprendido nada. Hasta los propios fundadores del Derecho Romano lo asumían: necessitas caret lege («la necesidad carece de ley»). Ningún papel ni barrote han podido aplastar nunca el instinto de supervivencia y la urgencia de conseguir comida, techo y abrigo. Mi condena tampoco lo logrará.
Dicho esto, me gustaría usar este episodio como pretexto para compartir algunas reflexiones sobre el entramado judicial y sus mecanismos.
Lo primero es el propio acto del juicio. Entrar por primera vez en una sala donde se te va a procesar es como tomar parte en una suerte de ritual sobrecogedor. La liturgia recargada, el lenguaje arcaico, la atmósfera deshumanizada, las vestimentas ridículas, todo lo necesario para fabricar un ambiente solemne que apabulle a la víctima y la haga presa de la angustia y la culpabilidad. La sensación es como la de acercarse a un altar de sacrificios donde un sumo sacerdote puede decidir, a su antojo, tu destino. Aunque todo ello esté adornado con la parafernalia burocrática de la era moderna, el evento es tremendamente similar al que podría celebrar un chamán consultando a los espíritus sobre la culpabilidad del infractor o un inquisidor exigiéndole que confiese la verdad ante Dios: gente con disfraces absurdos asume un rol de autoridad suprema y decide sobre el destino ajeno en base a una fórmula, escrita o no, que para el enjuiciado adquiere cierto carácter sobrenatural.
La experiencia o la formación política pueden ir resquebrajando el aspecto mágico del chiringuito. Ver a los protagonistas momentos después del juicio con las togas en la mano, riéndose de lo sucedido en la sala, hablando de fútbol mientras mean en los baños del juzgado o apurándose un carajillo mientras fuman en una terraza cercana, le quita un poco de rigor al asunto. Igual que pasa con las detenciones en comisaría, con el tiempo llegas a comprender que todo es un teatrillo, una farsa enorme, patética, cómica y a la vez dramática. Gente adulta, orgullosa de símbolos y uniformes, amparada en un rango, convencidos más o menos del papel que interpretan y que han convertido una ópera bufa, un trágico carnaval, en un oficio respetable del que sus hijos pueden presumir en el colegio. Si no tuvieran el poder de destrozar la vida de otros, serían dignos de lástima.
Pero todo este circo se fundamenta sobre el texto sagrado de la sociedad civil desde el Código de Hammurabi: la ley.
Si las sociedades necesitan o no un código escrito para regularse puede ser tema de debate. Que ese código sea elegido por una minoría en base a sus intereses, impuesto a la mayoría y de obligado cumplimiento a través de la compulsión o la violencia, me parece algo mucho menos debatible. Siempre que los anarquistas planteamos la ridiculez que supone que un código verticalmente impuesto rija nuestras vidas se nos pregunta que haríamos con los crímenes, la violencia, etcétera (si nos dieran un céntimo cada vez que nos interrogan sobre esta cuestión tendríamos un PIB muy superior al de cualquier Estado). La realidad es que los códigos penales llevan existiendo siglos y nunca han conseguido mitigar o suprimir la violencia humana; con suerte la han refinado.
El Código Penal español, como todos los códigos punitivos del resto del mundo, sólo se fundamenta en la defensa de dos principios elementales: proteger la propiedad privada (todos los artículos sobre robo, allanamiento, usurpación, etc., derivan de ahí (1)) y garantizar que sea el Estado, y no ningún particular, el detentador único del monopolio de la violencia (usando la expresión de Max Weber). El Estado no tiene ningún interés en suprimir la violencia; sólo pretende controlarla y asegurarse de que nadie le disputa el privilegio de su aplicación. Ese, por encima de cuestiones morales, es el fundamento del que emanan todos los artículos que penalizan el uso de la violencia entre terceros.
Aun cuando esto se admita, se nos seguirá insistiendo sobre cuál es la alternativa anarquista a leyes, cárceles, policías y judicatura. Muchas compañeras y compañeros, antes y mejor que yo, nos han legado elaboradas respuestas al respecto(2). Yo, con menos tiempo y luces, sólo puedo decir que no conozco la solución perfecta y definitiva, porque quizás no la haya. Sólo sé que el Estado español tiene casi la mayor población penitenciaria de la UE con una de las ratios más bajas de criminalidad(3). Sólo sé que los delitos relacionados con la violación de la propiedad privada perderían su razón de ser si tuviéramos una sociedad donde la riqueza fuera compartida por todos y no estuviera retenida en manos de un porcentaje mínimo de la población. Sólo sé que gran parte de los presos y presas de las cárceles españolas están recluidos por delitos morales que quizás mañana no lo sean, como por ejemplo los vinculados con las drogas (tal y como en su día dejó de ser punible el adulterio). Sólo sé que fenómenos humanos naturales como la migración son considerados ilegales y que encerrar con ese pretexto a miles de personas en condiciones infrahumanas, como ocurre ahora mismo en Canarias, parece ser algo perfectamente legal. Sólo sé que en el Estado español es delito blasfemar contra Dios, ultrajar a la bandera, al rey o a las comunidades autónomas, hacer comentarios de mal gusto sobre terrorismo (quedan excluidos, por supuesto, el terrorismo de extrema-derecha o el de Estado) y que hay gente procesada o encarcelada por chistes, canciones, obras de teatro, performances o por quemar símbolos. Sólo sé que los cuerpos policiales profesionales existen desde hace siglos y sólo han servido para mantener los privilegios de la clase dirigente, salvaguardar la desigualdad, perseguir la pobreza, reprimir la disidencia política e imponer una violencia vertical muy superior a cualquier violencia horizontal. Sólo sé que las cárceles evidencian un grave estado de inmadurez social, donde el Estado, convertido en padre ignorante y cruel, soluciona los problemas de su hijo, el individuo disruptivo, encerrándolo en un cuarto oscuro hasta que aprenda la lección. Sólo sé que después de milenios con todo tipo de condenas, de cadenas perpetuas o penas de muerte, la violencia no se ha reducido un ápice. Sólo sé que quizás nunca haya una cura para la violencia humana, pero que tal vez no estaría mal analizar qué porcentaje de actos atroces son un reflejo de la sociedad donde se producen; probar con otros modelos de sociedad y aprendizaje donde a lo mejor no se nos inculque a los hombres que violentar a las mujeres forma parte de nuestra naturaleza y de nuestros privilegios; experimentar, quizás, con otras fórmulas de resolución de conflictos que no pasen por sumar más violencia a la violencia o por enterrar los problemas, también cuando esos problemas son seres humanos, bajo la alfombra.
Como humanos sufrimos una disociación cognitiva que nos desgarra por dentro. Se nos ha injertado dos morales: una superficial (la que públicamente define lo que es bueno o malo) y otra profunda (la que íntimamente define lo que es bueno o malo), las mismas que nos permiten repetir que «matar es malo» mientras somos capaces de racionalizar como aceptable que un soldado o policía pueda disparar a alguien. Nos han educado para interiorizar la violencia individual como un fenómeno desconectado de la violencia social, económica y gubernamental. Nos han adoctrinado para que las guerras, el heteropatriarcado, los desahucios, los despidos, la explotación laboral, el racismo institucional, las torturas y cargas policiales, nos parezcan violencias de una naturaleza más aceptable, lógica, racional, que la violencia espontánea de los individuos. Nos han enseñado que hay leyes de sangre –como las que atañen a la propiedad y a la obediencia– de obligado cumplimiento, y leyes de papel –como las que hablan de la responsabilidad social de los Estados– que pueden ignorarse sin consecuencias. Nos han acostumbrado a que las empresas, instituciones y partidos puedan romper sus propias leyes, como pájaros que atraviesan una telaraña, mientras nosotros, simples moscas, quedamos enredados en los delitos más ridículos, tal y como decía el viejo Calicles.
A pesar de esta cierta y dura conclusión, el mundo real, sensitivo, lejos de artificios y medidas de control mental, se puede abrir paso aunque te arrojen al más infecto agujero. Lo único que necesitamos es aprender a reducir el mundo oficial a su justa dimensión, poderoso en lo relativo a la fuerza bruta, pero impostado, ficticio y penoso en su expresión más pura. Todo se limita a que un grupo de gente, creyentes en el principio de autoridad que establece que unas personas son superiores a otras, se disfraza de jueces y policías para obligarnos a hacer lo que otro grupo de gente, que se disfraza de políticos, escribe periódicamente en un libro que dictamina qué es delito y qué no, y todo ello para salvaguardar el patrimonio de otro reducido grupo de gente que lleva siglos disfrazándose de propietarios, acaparando lo que es de todos y dictando lo que hace el resto de gente disfrazada. No te puedes tomar en serio algo así, aunque desgraciadamente por esa broma pesada la gente pierda su libertad, su salud, física y mental, años de vida o incluso la vida misma.
Pero por mucho daño que nos hagan no podrán borrar nunca una evidencia cruda: sus leyes, incluso las de sangre, están escritas en papel y hay que tener la certeza de que algún día, más tarde o más temprano, lloverá.
Desde aquí, y a modo de conclusión, sólo quiero ofrecer mi agradecimiento a todas las compañeras y compañeros y a todos los colectivos que de una u otra forma se han solidarizado con mi situación personal. Nunca podré agradecerles lo suficiente. Ustedes han hecho posible que pudiera seguir activo en un frente de lucha tan desgraciada pero necesariamente público y visible como el que afrontan la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. También a mis compañeras y compañeros de ambas organizaciones, a mis compis de fatiga diaria, por estar ahí cuando lo más fácil era no estar, por ayudarme a recoger los pedazos. Gracias a todos.
Sólo recuerden que si estos cabrones nos prohíben respirar sólo obtendrán una cosa: una desobediencia, como mínimo, de doce veces por minuto. Respiren fuerte, mis compas.
Ruymán Rodríguez
Norte de África, a finales del año 1 de la distopía pandémica
1: Incluso los delitos contra la salud pública y todos los relacionados con el tráfico de drogas no tienen otro pilar que la defensa de la propiedad privada: la ilegalización del alcohol entre 1920-1933 en EEUU (la llamada «Ley Seca») provocó el auge del crimen organizado haciendo que un producto como el alcohol alcanzara un precio desorbitado y arrojara, por tanto, unos beneficios descomunales para los contrabandistas. Hoy, es evidente, la legalización de las drogas abarataría su precio y haría que el narcotráfico a gran escala perdiera enormes dividendos. Mientras las drogas sean ilegales su precio no bajará y el margen de beneficios de los grandes traficantes, que también tienen derecho a que se proteja su propiedad privada, se mantendrá.
2: El listado de obras convertiría esta humilde reflexión en una bibliografía académica. Baste para los interesados con el clásico de Piotr Kropotkin Las prisiones (1887).
3: Violeta Aguado, «España tiene menos delitos que la media europea pero más personas encarceladas» (elDiario.es), 21 de abril de 2016.
