Hoy*, hemos amanecido con la noticia de la exculpación del inefable esperpento fascista que es Javier Ortega Smith. Este sujeto, objeto de la denuncia que finalmente el Tribunal Supremo ha decidido que no es delito, afirmó que las llamadas Treces Rosas «torturaban, asesinaban y violaban vilmente» (sic). Este estulto ultrarreaccionario «argumentaba» con ello, en oposición a la Ley de Memoria Histórica, que en la Guerra Civil Española ambos bandos cometieron crimenes, que las heridas no hay que reabrirlas, que quieren dividir a los españoles y bla, bla, bla. Nada nuevo, ya que toda esta retahíla de insultantes lugares comunes nos la vienen repitiendo desde la Transición para justificar el actual régimen de Monarquía constitucional y la continuidad económica que supuso aquel proceso. Sí, Vox son los más explícitos herederos de la dictadura, pero todo ese fraude que constituyó la llamada Transición democrática se edificó en torno a una supuesta reconciliación entre todos los españoles, vencedores y vencidos, para maquillar a nivel político lo que no era más que una continuación moral y económica del régimen anterior. El argumento de que «los rojos mataron muchísimo» no es nada nuevo, lo que ocurre es que Ortega Smith es tan inicuo como estólido.
Empezaba a dar sus crueles pasos el régimen de Franco, en el verano de 1939, cuando se acusó a 56 personas, entre las que se encontraban las Trece Rosas, de «adhesión a la rebelión» que, continuaba la sentencia, «tenían por misión hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro estado Nacional». Es decir, ni siquiera necesitaba a priori la dictadura inventarse crímenes reales, como ha hecho al primate despreciable que es Ortega Smith. Tiene narices que los golpistas reaccionarios acabaran acusando a los demás de delito de rebelión. El 5 de agosto de 1939 fueron ejecutados los 56 prisioneros de la dictadura, entre los que se encontraban un chaval de 14 años y aquellas 13 mujeres, varias de ellas menores de 21 años. Sí, hubo un subterfugio canalla para justificar tanta ejecución, como fue el homicidio de un comandante de la Guardia Civil el 29 de julio, cuando las Trece Rosas ya estaban en prisión, por lo que no pudieron participar en absoluto de aquello. Un claro caso de venganza sobre personas inocentes opositoras al régimen; un crimen más de una cruenta dictadura, en este caso especialmente repugnante y simbólico.
Cualquier persona decente solo puede tener un mínimo de respeto por personas cuyo único crimen fue oponerse a un régimen dictatorial, resultado de un vil golpe de Estado. Esto debería ser así, aquí y en cualquier lugar del mundo, pero no, vivimos en España. Ahora, el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada contra el secretario general y diputado de Vox, el borrico ultraderechista que es Ortega Smith, considerando que aquellas declaraciones no son constitutivas de un delito de incitación al odio, ni al parecer calumnias ni injurias graves. Organismos internacionales de derechos humanos, que no es que nos los creamos en absoluto dado el mundo que tenemos, han señalado lo importante de que la clase política no difunda mensajes de odio e intolerancia. Sin embargo, el Tribunal de este indescriptible país ha decidido que las palabras del nauseabundo exmilitar y «exfalangista» que es Ortega Smith están amparadas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. No lo dudo, pero el problema no es ese para el que suscribe, cuya condición libertaria le impide creer en lo más mínimo en los tribunales y en las leyes estatales. El auténtico quid de la cuestión es que dichas calumnias no son más que parte un discurso dominante, de un determinado relato histórico, que justifica el régimen actual.
*Columna escrita a finales de noviembre de 2020.
