Esto es una recopilación de las vivencias de cárcel –memoria militantes antifranquista– como la de otros compañeros que compartieron conmigo la lucha y las cárceles franquistas durante los últimos años de la dictadura.
Las vivencias de aquellos duros años de lucha y cárcel fueron protagonistas indiscutibles en las sobremesas de los encuentros que mantuvimos quienes habíamos compartido “mesa y mantel” durante los ‘70. Aquellos compañeros ‘de fatigas’ que nos denominábamos coloquialmente “los viejos rockeros” –supongo que lo decíamos porque “nunca mueren”–, seguíamos luchando y recordando.
Nada en los libros de Los Gimenólogos, recorre la senda habitual de la Historia hegemónica avalada por la Academia (todo con mayúsculas). Para empezar, no es habitual la autoría colectiva, tampoco lo es la manera de enlazar materiales proporcionados por «amigos» que se han ido reuniendo a lo largo de los años, su manera de entender la historia también es peculiar.
Lo que se dio en llamar memoria histórica en este inefable país, para tratar de paliar la profunda injusticia que supuso la victoria del fascismo, ha sufrido numerosas carencias y no pocas mutaciones. Así, hoy se alude a la «memoria democrática» y mañana no sabemos muy bien cómo se dará en denominar. La distorsión es tal que lo que nació, más por impulso de la sociedad civil que por iniciativa institucional, para hacer justicia sobre el golpe de Estado del 36, la represión consecuente y la cruenta dictadura posterior, ahora se ha querido extender en algunos casos unos cuantos años atrás e incluir los episodios represivos producidos también en la Segunda República. No seré yo quien se oponga a recordar los desmanes de cualquier forma de Estado, pero la llamada memoria histórica era un concepto mucho más concreto y todo esto solo recubre el problema de ambigüedad moral y sirve para que inicuos reaccionarios se aprovechen de ello para seguir arrojando su inmundicia sobre lo ocurrido en el pasado. Desgraciadamente, la propaganda masiva durante tantas décadas ha ido calando en gran parte de la sociedad y, los que no abrazan directamente el discurso reaccionario, ignoran sin más la historia o, directamente, de la manera más botarate y moralmente perezosa, equiparan a unos y otros.
No paro de escuchar, entre el vulgo, que hay que enterrar el pasado. Nunca mejor dicho, ya que continúan multitud de asesinados por el franquismo bajo las cunetas y sin una reparación histórica decente. No puede entenderse la historia de este inefable país, ni su presente, sin condenar tajantemente el golpe fascista del 36, entendiendo la guerra que desencadenó como fundamentalmente entre clases, y la posterior dictadura criminal de cuatro décadas. Tras la muerte del dictador, en la cama, se nos ha estado insistiendo en un cuento edulcorado sobre la posterior transición a esto que denominan democracia. Urge, por supuesto, la deconstrucción de ese relato según el cual unos prohombres, de izquierdas y de derechas, decidieron otorgar la «libertad» al pueblo español sin que este hiciera mucho por merecerla. En primer lugar, uno de los factores que se suelen pasar por alto es la profunda depresión económica provocada por la inutilidad de los últimos gobiernos del franquismo, en un contexto de crisis internacional por el alza de los precios del petróleo, en un clima de lucha obrera ante la perspectiva de un posible cambio político. No puede entenderse el proceso sin ese factor de combatividad de los trabajadores, por lo que el franquismo necesitaba anularlo para salvar todo lo posible sus privilegios, producirse cierto maquillaje político y que hubiera una continuidad económica.
El nombre real de María “la Jabalina” era María Pérez Lacruz. Nació el 3 de mayo de 1917 en Teruel (Aragón), hija de Manuel e Isabel, y su mote proviene de que su familia provenía de la zona de Jabaloyas, en la Sierra de Albarracín. Debido a la necesidad económica, la familia de trasladará en 1923 a la ciudad portuaria de Sagunto, en Valencia, y María tendrá que trabajar ya a corta edad ayudando en un puesto de verduras, junto a sus cinco hermanos, y limpiando en una casa ajena. En 1934, con 17 años, entrará a formar parte de las Juventudes Libertarias y, tras el alzamiento fascista en julio de 1936, se incorporará a la Columna de Hierro y participará, como enfermera, en la creación de un hospital de campaña.
Tanto la Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022 como la precedente Ley de Memoria Histórica (LMH) de 2007 se han publicitado desde sus ángulos más optimistas, enfatizando aspectos como la eliminación de los símbolos de la dictadura y el apoyo de la Administración a la exhumación de las víctimas. Pero bajo ese rosario procedimental, el tándem normativo esconde en la práctica una flagrante discriminación en el apartado de la compensación económica a las víctimas, según los hechos dimanantes hayan acaecido antes o después de 1968 (9.616,18 euros para las primeras y 135.000 euros para las segundas).
Se muestra pertinaz el facherío patrio en su insistencia de que el Valle de los Caídos es, además de una obra artística e histórica encomiable, un monumento que rinde tributo a los muertos en ambos bandos y un símbolo de la reconciliación nacional. No es nada nuevo, pero no deja de provocar indignación al que tenga la menor sensibilidad verdaderamente democrática. Y no es que el suscribe tenga la menor confianza en el parlamentarismo como garante de un auténtico avance social, pero un país incapaz de reconocer su propia historia de libertades y refundar la democracia en base a ella no puede ir a ninguna parte. Y es que negar que la obra de Juan de Ávalos es, principalmente, una loa a los que aplastaron al otro bando en la guerra civil, y un lugar donde rinden tributo individuos con el brazo extendido, es síntoma de gente muy reccionaria, muy malintencionada o muy ignorante (o las tres cosas). La argumentación de la supuesta reconciliación no es más que una extensión del discurso franquista, que tuvo su continuidad en esa farsa llamada Transición con la muy rentable máscara de la pseudodemocracia; había que promover la amnesia colectiva y mejorar algunas cosas para que lo importante, que suele ser lo económico a pesar de tanto patriotismo, siguiera igual que en la dictadura.
Durante la dictadura militar que sufrimos cuarenta años, a los vencidos se nos secuestró, asesinó y encarceló durante largos períodos en sus sombrías cárceles. La de Carabanchel fue una de sus atrocidades más duras, la edificaron los presos que terminarían entre sus muros. Y durante la democracia vigilada que padecemos, que dura otros tantos años, nos han arrebatado la memoria.
La aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática en el Congreso y el Senado convierte, a cuanto/as han hecho posible -por activa o pasiva- esta nueva Ley, en cómplices de la infamia de mantener en el ordenamiento jurídico el Artículo 10 (1) de la ley anterior. Un artículo infame que divide injusta y arbitrariamente a las víctimas de la represión franquista en dos categorías por el hecho de haber sido ejecutadas antes o después del 1 de enero de 1968.
Fernando Ruiz Vergara, ya fallecido, fue el director del censurado documental Rocío, rodado en 1977 (aunque la producción aparece con fecha de 1980). Desgraciadamente, el trabajo de este hombre no ha tenido aún el reconocimiento que merece, a pesar de que representara en su momento a España en el Festival de Venecia y recibiera un premio en el Festival Internacional de Cine de Sevilla. Rocío fue la primera película secuestrada por nuestra gloriosa Transición, después de recibir una denuncia por recoger testimonios de vecinos de Almonte (Huelva) en los que se recordaba a los culpables de larepresión tras el alzamiento militar del 1936 y se daban detalles sobre los numerosos crímenes.
Lo que se narra en el documental resulta impagable, desde los orígenes de un cristianismo aspirante a fuerza institucional, pasando por los hechos históricos en los que se reafirma el poder eclesial, hasta analizar eventos religiosos de amplia participación popular, como la romería del Rocío, desde diversas perspectivas. Se cuenta que las hermandades religiosas se lucran con el evento sin ningún beneficio para el pueblo, y se recuerda además que su creación se realiza para anular a los movimientos sociales que cuestionan la estructura social.
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