Lo que se dio en llamar memoria histórica en este inefable país, para tratar de paliar la profunda injusticia que supuso la victoria del fascismo, ha sufrido numerosas carencias y no pocas mutaciones. Así, hoy se alude a la «memoria democrática» y mañana no sabemos muy bien cómo se dará en denominar. La distorsión es tal que lo que nació, más por impulso de la sociedad civil que por iniciativa institucional, para hacer justicia sobre el golpe de Estado del 36, la represión consecuente y la cruenta dictadura posterior, ahora se ha querido extender en algunos casos unos cuantos años atrás e incluir los episodios represivos producidos también en la Segunda República. No seré yo quien se oponga a recordar los desmanes de cualquier forma de Estado, pero la llamada memoria histórica era un concepto mucho más concreto y todo esto solo recubre el problema de ambigüedad moral y sirve para que inicuos reaccionarios se aprovechen de ello para seguir arrojando su inmundicia sobre lo ocurrido en el pasado. Desgraciadamente, la propaganda masiva durante tantas décadas ha ido calando en gran parte de la sociedad y, los que no abrazan directamente el discurso reaccionario, ignoran sin más la historia o, directamente, de la manera más botarate y moralmente perezosa, equiparan a unos y otros.
Tanto la Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022 como la precedente Ley de Memoria Histórica (LMH) de 2007 se han publicitado desde sus ángulos más optimistas, enfatizando aspectos como la eliminación de los símbolos de la dictadura y el apoyo de la Administración a la exhumación de las víctimas. Pero bajo ese rosario procedimental, el tándem normativo esconde en la práctica una flagrante discriminación en el apartado de la compensación económica a las víctimas, según los hechos dimanantes hayan acaecido antes o después de 1968 (9.616,18 euros para las primeras y 135.000 euros para las segundas).
La aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática en el Congreso y el Senado convierte, a cuanto/as han hecho posible -por activa o pasiva- esta nueva Ley, en cómplices de la infamia de mantener en el ordenamiento jurídico el Artículo 10 (1) de la ley anterior. Un artículo infame que divide injusta y arbitrariamente a las víctimas de la represión franquista en dos categorías por el hecho de haber sido ejecutadas antes o después del 1 de enero de 1968.
Más allá de si la enmienda, a la Ley de Memoria Democrática propuesta por los socios del gobierno de coalición progresista para conseguir el apoyo o la a abstención de ERC, es solo “humo” -como lo afirma Xavier Rufián- o “la vía más clara para conseguirlo” -como lo pretende Enrique Santiago, secretario de Estado- lo único que ha quedado claro es que esta enmienda, calificada de “ultima oportunidad para hacer justicia en España” por uno de sus promotores (1), “no cambia nada”, como acaba de precisarlo el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática Félix Bolaños (2).
Para “centrar el debate parlamentario entre los actuales herederos del centro derecha de UCD, y los del PSOE y PCE, siglas estas subsumidas en una coalición”, el catedrático emérito de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Sisinio Pérez Garzón, ha publicado -en la sección Opinión de EL PAIS del 31 de octubre- un articulo, “Datos necesarios para la memoria histórica” (1), en el que pretende “refrescar datos”, sobre “el ya largo proceso de resarcimiento y dignificación de los republicanos fusilados y de los perseguidos por la dictadura”; pues, según él, esos datos son “políticamente necesarios para abordar las tareas pendientes con un conocimiento preciso de lo realizado hasta el momento, por más que sea incompleto”.
Tal como lo había anunciado el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una entrevista publicada el 18 de julio en el diario El País, el Consejo de Ministros de este martes 20 de julio ha aprobado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que se debía aprobar en el Consejo de Ministros que siguió a la remodelación del Gobierno.
Que la memoria sea «cívica» o una «cultura», el problema es la irreductible incompatibilidad entre las «políticas de memoria» y el «derecho a las memorias»
El Anteproyecto de ley de «memoria democrática», presentado por el Gobierno de «coalición progresista» para «reparar y reconocer la dignidad de las víctimas», ha abierto un interesante debate sobre el objetivo de las «políticas públicas de memoria democrática» en el contexto político español actual.
Recientemente, se ha aprobado por el gobierno español el anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática y pronto, al parecer, pasará al Congreso para debatirla y, supuestamente, aprobarla. A pesar de la inicua derecha (y ultraderecha, que viene a ser algo muy parecido) que padecemos en este inefable país, y de cierta parte de la población bastante botarate, quiero pensar que una mayoría ciudadana considera razonable una ley que, por fin, impartiera justicia histórica. La ley anterior de 2007, en tiempos de Zapatero, era más que Sigue leyendo →
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