Desde su elección en 2012 como presidente de la República, François Hollande y su gobierno llamado “socialista” están mostrando una fría coherencia política.
Esta política es la destrucción del Código del Trabajo, los convenios colectivos y un ataque contra los últimos logros sociales de los trabajadores. Esto debido a que el apoyo del Estado a los empresarios no sólo se refleja mediante la concesión de exenciones de impuestos por cantidades astronómicas (¡más de 40 millones de euros en tres años!) y, también, a que es una severa “reforma” del mercado de trabajo y el funcionamiento de la empresa, con la introducción de lo que ellos llaman “flexiguridad” (despidos más fáciles y condiciones de trabajo más precarias para, supuestamente, crear puestos de trabajo). Una política que ha demostrado durante mucho tiempo su fracaso (el desempleo no disminuye, los empresarios no cumplen sus compromisos), pero que el gobierno sigue aplicando, esta vez avanzando a un ritmo rápido.

Después de las leyes Macron y Rebsamen, verdaderas bombas antisociales, el último ataque es contra el Código del Trabajo. La idea es tan antigua como la derecha: ¡hay que relajar ese Código! Porque el famoso libro rojo, que dicen que es complejo e ilegible, provocaría paro, crisis de la miseria social… (¿y, por qué no, la guerra en Siria?). Los empresarios, pobres desgraciados, no llegarían a arreglárselas con ese gran libro, de mala gana, de hecho, para crear nuevos puestos de trabajo. Lo que hace este informe y la forma en que se queda no augura nada bueno para nuestro futuro trabajador.

Las clases políticas y los capitalistas van de la mano

El 31 de diciembre de 2015, el presidente de la República no contento con dar a luz a su política de seguridad represiva, ahora agravada por la introducción de un estado de emergencia, también decretó en su discurso la “emergencia económica y social”. El gobierno parece haber descubierto una nueva táctica de crear humo político que no engaña a nadie: sería suficiente crear antes una “emergencia” de un tema para justificar y legitimar las políticas más violentas, ya sea en el plan represivo o económica y socialmente.
Desde la llegada al poder en Francia del Partido Socialista en 2012, los golpes continúan lloviendo sobre el Código del Trabajo y los derechos de los empleados. Pero esta situación indica, sin lugar a dudas, que la violencia económica de la clase política continuará sin pararse ante nada. Así, a principios de febrero, el Gobierno (con el ministro de Trabajo, Economía y Finanzas a la cabeza) anunció que volvería a introducir un sistema de reducción progresiva de los subsidios de desempleo, mientras que un modelo de este tipo ya había demostrado su ineficacia en el pasado. Entre 1992 y 2001, tiempo durante el cual el sistema estuvo activo, los subsidios bajaron después de nueve meses el 17 por ciento cada cuatro meses, para alcanzar un nivel mínimo de hasta 2.000 francos de la época, poniendo el agua al cuello de los rechazados por el sacrosanto mercado laboral.

Mientras tanto, el proyecto de ley El Khomri prevé reducir las asignaciones pagadas a los empleados por despido injustificado; realmente, cómo proteger a los empresarios cuando quieren deshacerse de empleados no rentables o revoltosos. El sueño de los empresarios es posible que se convierta en realidad: ¡máximos despidos a precios de descuento! Y eso no es todo lo que trae este proyecto de ley, que aprobaría: la división de las 11 horas de descanso obligatorio por cada 24 horas; la posibilidad de que una compañía baje los salarios y cambie el tiempo de trabajo, por simple acuerdo (con los trabajadores); la posibilidad de que el empleador deduzca el tiempo de espera del tiempo de descanso; la posibilidad de establecer como mínimo tiempo de trabajo 10 horas diarias y 40 horas semanales; supresión del mínimo estándar de 24 horas semanales para un contrato a tiempo parcial; la posibilidad de pagar cinco veces menos las horas extra por el solo acuerdo de la empresa; la posibilidad de imponer una medida por referéndum en contra de la opinión del 70 por ciento de los sindicatos; la posibilidad de que una empresa haga un plan social (de ajustes) sin tener dificultades económicas; la posibilidad de que el empleador despida a un empleado que se niega a un cambio en su contrato de trabajo después de un acuerdo de empresa; la capacidad de cambiar de 10 a 12 horas la jornada máxima por simple acuerdo.

El gran jefe de los empleadores (MEDEF), Pierre Gattaz, indicando que las medidas propuestas van “en la dirección correcta”, aplaudió a manos llenas ante los anuncios del gobierno, como un león marino obeso retorciéndose, antes de la promesa de un nuevo regalo. Recordemos la promesa hecha en 2013 por el primer jefe de Francia de crear un millón de puestos de trabajo a cambio de la reducción de las contribuciones y la colocación sin una competitividad de empleo real del crédito fiscal (CICE). Obviamente, ¡no nos dejemos engañar por las promesas de un jefe y la postura del gobierno! Una prueba más, si es que hacía falta, de que la clase política y la clase capitalista van de la mano, movidos por los mismos intereses de explotación y represión. Sin embargo, esto no ha impedido que el líder del MEDEF (patronal francesa) exija aún más esfuerzos en favor de los empleadores, llamando desde sus votos a un “contrato de trabajo ágil”, obviedad para evocar un contrato de trabajo flexible y precario que presenta todos los riesgos de su sistema capitalista en los empleados. Otros grandes jefes desean, por su parte, la desaparición pura y simple del CDI (contrato de obra por un periodo indeterminado), que consideran obsoleto e inadecuado para la “economía contemporánea”; el cinismo de estos ostentosos en sus privilegios máximos de clase.

Estas políticas liberales y violentas siempre se dirigen a las clases sociales más populares y vienen con un fenómeno paralelo de estigmatización o castigo a todos aquellos que no desempeñarían el negocio de las clases dominantes. En el entorno político ultraseguro, el derecho de huelga y los empleados menos combativos son atacados y la violencia criminalizada. Sin embargo, se puede observar que, consecuentemente, cientos de trabajadores mueren cada año por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y miles quedan mutilados en estas ocasiones sin que ningún empresario pase ante los jueces y vaya a la cárcel por este motivo. De este modo, se penaliza sindicalistas, como los de Goodyear, que se atreven a responder a la violencia económica a que están sujetos, así como que el jefe del departamento del Alto Rin, Eric Staumann, quiere condicionar la asignación RSA (asistencia social) a las horas extraordinarias. Esta medida, además de estigmatizar a los parados, parece revivir una de las viejas fantasías de los patronos: hacer trabajo sin paga.
Frente a los ataques de estas clases dominantes que trabajan juntas para construir un mundo de explotación en el que ellas serían las señoras indiscutibles, sólo hay una alternativa: la organización y la lucha sindical y política.

Devolviendo a los sindicatos su capacidad ofensiva

Estructuras de clase por excelencia, todavía organizaciones en que participan varios cientos de miles de hombres y mujeres trabajadores, los sindicatos son las principales herramientas para la construcción de una movilización a escala del mundo del trabajo. Pero enfrentando direcciones cautelosas y problemas burocráticos, es urgente para nosotros, sindicados, aprender a desautorizar sus directrices para reclamar mejor nuestras organizaciones y volver a participar en el campo de la lucha concreta, con expresiones radicales.
Una vez más, el gobierno está preparando hacer un profundo cuestionamiento de los derechos sociales y nuestros derechos. Desde el fin del techo de 35 horas hasta la compensación a pagar por despido improcedente, pasando por la simplificación de los planes sociales y el pago al contado de los trámites, este paquete se suma a todas las acciones tomadas por el gobierno socialista desde 2012 en favor de los empleadores.

Si el anuncio de esta nueva maldad parece haber despertado una indignación más amplia de lo habitual, con una petición de recogida de casi un millón de firmas, ahora queda por definir nuestros modos de acción. Por ahora, las direcciones de los sindicatos aparecen en huelgas y eventos de un día, cosa insuficiente y desmovilizando la respuesta.
Nuestros sindicatos son el principal crisol de una movilización general del mundo del trabajo, y es urgente darles una capacidad ofensiva verdadera. Más allá del ámbito jurídico y las negociaciones tradicionales, es imprescindible participar en acciones concretas: huelgas, actividades no productivas en el trabajo, boicot. Los poderosos sólo tiemblan cuando nuestras luchas se dirigen contra sus intereses, es decir, la economía.

Paralizar la economía, disminuir beneficios, es detener la producción o sabotearla. Se deben crear o apoyar cajas de resistencia y solidaridad, así como líneas directas legales para apoyar a los huelguistas y activistas víctimas de la represión. Se nos debe informar de nuestros derechos y de los riesgos en los que incurrimos si abandonamos el campo legal. A partir de ahí, debatiremos cómo proceder con las personas cercanas. Esto ayuda a combatir tanto por nuestros derechos como por adquirir otros nuevos. Esto implicará luchas locales para unir y ayudarse mutuamente.
La definición de los medios eficaces de actuación sólo nos pertenece a nosotros. Sabemos lo que hace que nuestro trabajo sea productivo; de manera que sabemos lo que puede hacer que sea improductivo. Y no importa que los líderes sindicales, periodistas o políticos condenen nuestras acciones cuando salen del marco parlamentario y jurídico: sabemos a quién quieren beneficiar.
Así que esperamos arrebatar al gobierno las nuevas ganancias, mientras se trabaja para estimular un proceso más amplio de huelga general.
Para ayudar a este proceso, nuestra organización se va a implicar todo lo que pueda para apoyar todas las iniciativas que se construyan en este sentido.

La movilización social contra la regresión social

Desde comienzos de año, con el anuncio de las nuevas leyes de regresión social, las organizaciones juveniles y laborales han tomado el camino de la lucha social. Estas protestas ya han alcanzado una especie de “caída” del gobierno. En cualquier caso, una dilación que ofrece oportunidades para ampliar y consolidar los movimientos de protesta.
Los acontecimientos del 9 de marzo fueron un verdadero éxito en términos de movilización y protesta por la fuerza. Dieron el pistoletazo de salida a un amplio movimiento contra la política reaccionaria del gobierno socialista: limosnas corporativas, caso de los servicios públicos, abandono de las promesas de reducir la proporción de energía nuclear en Francia, rechazo de las poblaciones de refugiados, expulsiones de personas que solicitan asilo en Francia, desmantelamiento de campamentos improvisados en Calais y en otros lugares, aumento de la vigilancia, estado de emergencia permanente, privación del proyecto de nacionalidad, racismo republicano, etc.

Por lo tanto, el gobierno ha seguido tratando de extinguir la protesta, incluyendo la violencia policial. Durante las manifestaciones de estudiantes del 17 y 24 de marzo, la policía atacó a los jóvenes y sindicalistas en muchas ciudades. Se trata de una verdadera política para tratar de detener el movimiento. Éste es un verdadero caso de guerra social y represión de los sindicatos.
Después del terrorismo islamista llegó el terror de Estado. Miles de soldados y policías están desplegados en nuestras calles, portando armas largas. Las miradas son sospechosas. Las búsquedas están aumentando. Esta situación increíble se presenta por todas partes como normal.
Por el contrario, se está constantemente alabando a los policías; se nos presentan como héroes llenos de valor, valientes y sin miedo, buenos y listos para servir. Nos olvidamos de los innumerables errores fatales de ese uniforme con sangre de los pequeños soldados de la República, olvidamos los actos de violencia dispersos, se nos olvidan los insultos de los controles en las redadas de corta distancia, cualquier cosa que pudiera dañar la imagen de una institución policial presentada como el último recurso contra la barbarie.

Ni Dios ni amo

El enemigo es el Estado que nos oprime, los empresarios que nos explotan, los poderes religiosos que nos tratan brutalmente. Todas estas instituciones, todas estas personas, todas estas ideologías son las máximas responsables de la miseria y la violencia social.
Del mismo modo, es nuestra responsabilidad denunciar y luchar en la calle, si es necesario, los arrebatos nacionalistas y patrióticos, que toman la forma de racismo odioso o simplemente de sucia estupidez.
El “estado de emergencia” es una estafa. Será incapaz de detener terroristas suicidas. Sin embargo, ha reducido las libertades civiles y puede ser utilizado para impedir la protesta social. Nos damos cuenta dramáticamente en estos días de movilización social.

FA (francófona)

Publicado en Tierra y libertad núm.33 (mayo de 2016)