DANIEL JIMÉNEZ CÁRCELES

Entrevista a Daniel Jiménez Franco (Primera parte): “La finalidad de la cárcel en los sistemas penales del capitalismo es la despolitización del conflicto social”

Leer a Dani Jiménez Franco – autor de obras como Trampas y Tormentos (2015) y Mercado-Estado-Cárcel en la democracia liberal española (2016) – siempre es muy enriquecedor. En su página web (Un Enorme Campo) tenemos acceso a muchos de sus artículos (incluido uno que ya publicamos en este periódico hace dos años), entrevistas, charlas, traducciones (es muy activo en este campo, traduciendo a autores extranjeros al castellano), su tesis e, incluso, a algunos de sus libros. Por ello, poder entrevistarle y profundizar en algunas de las cuestiones que analiza en sus textos ha sido un placer para nosotras.

Jiménez es doctor en Sociología Jurídica y profesor en la Universidad de Zaragoza, pero también activista: es miembro del Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y del European Group for the Study of Deviance and Social Control y, hasta que ésta desapareció, fue muy activo en la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón (ASAPA).

Abusando de su generosidad le hemos preguntado sobre varias cuestiones y por razones de espacio hemos tenido que dividir la entrevista en dos partes. En esta primera mitad nos hemos centrado en la cuestión carcelaria y en la segunda abordaremos otros mecanismos de control social extrapenales.

Todo por Hacer (TxH): En este periódico hemos abordado en más de una ocasión el origen de las prisiones como mecanismo de control de la pobreza. Pero queríamos preguntarte, como especialista del tema que eres, ¿cuál es para ti la finalidad de la cárcel en nuestra sociedad del siglo XXI? ¿Siguen intactos los fines que la propulsaron en el siglo XIX o ha habido algún tipo de evolución?

Daniel Jiménez Franco (DJF): La cebolla de los fines de la cárcel tiene varias capas, pero déjame centrarme en la que contiene a todas las demás: la despolitización del conflicto social es el fin general que sigue intacto porque los sistemas penales del capitalismo son aparatos fundamentales en la producción de esa falacia llamada “igualdad”, a su vez compuesta de perversiones ideológicas como la noción de contrato, el sujeto decisor libre y racional, el merecimiento (y su primo, el mérito; y su reverso, la culpa) o la ciudadanía misma. Anatole France lo resumió hace más de un siglo: “La ley, en su igualdad majestuosa, prohíbe a los ricos tanto como a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”. Pues el sistema penal asegura la macabra majestuosidad de esa ley que denuncia France.

Naturalizar la existencia del sistema penal como forma prioritaria en la gestión de los problemas sociales significa sustituir la idea de conflicto social (y con ella la existencia de clases sociales relacionadas por lógicas de dominación, explotación, segregación o expulsión) por una lógica patética y reduccionista de “buenos y malos”. Hay quien ha definido ese “borrado” del conflicto entre clases sociales como marca discursiva esencial del fascismo (estéticas aparte), y estoy de acuerdo. Se trata, al fin y al cabo, del hilo (bio/necro)político que conecta liberalismo y fascismo como pilares organizadores del orden capitalista contemporáneo. El auge de eso que Lazzarato llama “nacional-liberalismo” vuelve a demostrarlo, y no es casualidad que en los últimos años la esfera de lo punitivo se haya expandido de forma tan hegemónica: lo mires por donde lo mires, casi todas las señales de punitivismo han crecido en nuestra sociedad durante estos años, apoyadas tanto por la pseudoizquierda capitalista de peluche como por las extremas derechas, desde las “demandas punitivas desde abajo” de más castigo, más cárcel y más policía a la justificación de la tortura o la indiferencia ante la política criminal de fronteras y su producción masiva y cotidiana de cadáveres.

TxH: Has tenido una larga trayectoria de activismo contra la prisión, en colectivos como la extinta ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón). Explícanos brevemente el trabajo que hacíais en esta organización para quien no la conozca.

DJF: ASAPA nace a principios de la década de 1990 y se extingue a principios de la década de 2010. No me detendré en esto, pero son dos períodos muy significativos, en términos políticos en general y en clave anticarcelaria en particular, tanto por el bagaje que heredaban colectivos como ASAPA (asociaciones de familiares de personas presas, luchas de la “larga transición”) como por el contexto en que su actividad se detuvo (“crisis” de 2008 y efectos del 15M en espacios autónomos de lucha). Muchas vivimos la desaparición como algo imperdonable. Eso tiene bastante que ver con lo que mencionaba en la pregunta anterior, y me permito vaticinar (o quizá sea sólo un deseo muy fuerte) que el movimiento abolicionista va a vivir pronto una fase de reactivación y auge.

Sin que la totalidad de sus miembros se declarase abolicionista, ASAPA realizó un trabajo de apoyo y denuncia muy valioso durante muchos años. También participó en el impulso de la campaña contra la construcción del C.P. de Zuera, que acaba de celebrar su XX “Marcha contra la macrocárcel”. En 2003 creamos un “Grupo de Menores” dedicado al estudio crítico de los sistemas de protección y reforma en Aragón, la denuncia de casos de abuso y violencia institucional y el apoyo a chavales/as y familias afectadas, y esa fue mi dedicación hasta que ASAPA cerró la puerta.

TxH: Hace una década escribiste una interesantísima tesis acerca de la burbuja penal, después de que las prisiones españolas alcanzaran su máximo histórico de presos en 2009. En democracia, pasamos de tener 8.400 presos en 1975 a más de 76.000 en 2009. Autores como Ignacio González y tú mismo habéis relacionado este crecimiento con el desarrollo del neoliberalismo en nuestro país. ¿Nos puedes explicar qué queréis decir con esto? ¿Y qué otros factores explicaron el brutal incremento de la población penitenciaria en esos primeros 30 años tras la muerte de Franco?

DJF: Gracias por lo de “interesantísima”. Lo cierto es que el trabajo de Ignacio es muy valioso, muy recomendable por su rigor y su honestidad académica, es un estudio sociológico que dignifica el término. Mi perspectiva cojea más a lo “antidisciplinar”, trata de abordar la dimensión estructural del fenómeno híper-encarcelador sin caer en el estructuralismo, desde el marco de interpretación de la economía política.

Resumiendo mucho (no puedo responder de otra forma), la democracia posfranquista genera las condiciones idóneas para que el despliegue del modelo de acumulación por desposesión en el reino de España no sea tanto diferente (que rezaba el eslogan de la apertura franquista) sino más bien especialmente eficaz en la imposición de un régimen de gobierno desde el mercado y en la conversión del estado-nación en un “mercado-nación” (el término es de la mexicana Sayak Valencia) dedicado a asegurar el consenso económico. Ese consenso tiene en la “seguridad”, en sentido amplio, un pilar de la hegemonía (neo)liberal.

En los primeros años ochenta (reformas estructurales, reconversiones industriales, “modernizaciones”) la población penitenciaria crece “a la manera industrial fordista”: empeoran los indicadores macroeconómicos (estancamiento del PIB, destrucción de empleo) y aumenta el encarcelamiento. Entre la segunda mitad de esa década (primera burbuja de crecimiento del PIB), la relación se invierte: el encarcelamiento sólo se frena o estanca en fases de “crisis”, estancamiento del PIB, aumento del paro y empobrecimiento de las mayorías, y aumenta más cuanto más se repite el eslogan España va bien. Y tiene mucho sentido: si la cárcel es un brazo de la anatomía de gobierno y si la forma acumuladora vigente se basa en extraer, desposeer y abandonar, es decir, en un “crecimiento” (económico) que se alimenta de “daño” (social), la cárcel caminó casi tres décadas de la mano de las formas de criminalidad estatal-corporativa que caracterizan al capitalismo neoliberal, posfordista, financiarizado… cada ciclo más gore, en definitiva.

En la primera fase, el estereotipo de la persona presa se asocia al “excedente social” de la reconversión industrial y los barrios machacados por el paro y la heroína. En la segunda, al ejército de reserva racializado cuya sobreexplotación sostiene el “milagro económico español”.

TxH: Parece ser que en 2010 la burbuja explotó y desde entonces, año a año, la población penitenciaria se ha ido reduciendo. El año 2021 se cerró con unas 45.900 personas presas en las cárceles españolas. En tu libro ‘Trampas y Tormentos’ desarrollas por qué el encierro institucional ha perdido protagonismo para favorecer otras formas de expulsión a los márgenes. ¿Cómo explicas este cambio de tendencia?

DJF: Esto pone en entredicho (aparentemente) lo anterior y tiene todo que ver con ese casi que subrayé en mi primera respuesta. El presunto indicador punitivo que lleva reduciéndose desde 2010, cuando la deudocracia y su austeridad se constitucionalizan en el reino de España, es la cifra de personas encarceladas. Creo que esa cifra se ha tomado demasiadas veces como señal cuantitativa de un fenómeno muy difícil de reducir a números, pero en una coincidencia muy poética, el mismo mes en que el gobierno anuncia el primer paquete de medidas de “ajuste” es el mes en que el volumen de población penitenciaria inicia su descenso. Parece contradictorio, pero tiene cierto sentido si entendemos que el paso del siglo XVIII al XIX consumó la muy liberal e ilustrada imposición del trabajo asalariado como única forma legal de subsistencia para las clases pobres (imposición que cuenta con la policía, la cárcel y la “asistencia” social como agencias fundamentales en la construcción del orden fabril), mientras hoy el modelo mundializado de acumulación por desposesión privatiza y extrae valor de cada rincón de la vida como si nuestros cuerpos, calles, casas y relaciones fuesen pozos de fracking.

Dicho de otra forma, hoy, el vínculo cárcel-fábrica o la equivalencia pena(tiempo)-salario(dinero) que caracterizaron los orígenes y el desarrollo del universo carcelario capitalista, pierden su preponderancia como claves teóricas para explicar el sentido de la cárcel en nuestra sociedad, al tiempo que se despliega otro catálogo de formas de castigo o administración de daño, penales y extrapenales: privatizaciones, endeudamiento, desahucios, naufragios, deportaciones, segregación… la retirada del acceso a la sanidad a cientos de miles de personas es en sí misma (además de una condición necesaria para taladrar rentables pozos de fracking en el derecho a la salud), una forma de castigo, ¿o no? ¿Qué es Frontex? ¿Qué significa negar el acceso a electricidad o calefacción? ¿Qué es el caso de la Cañada Real sino la ejecución de un castigo colectivo? La lista de ejemplos es enorme. Gobernar este modelo es administrar dolor (“repartir”, corrigió un ministro en 2012).

TxH: ¿Crees que existe un riesgo de que la población penitenciaria vuelva a crecer y se retorne a los niveles de 2009?

DJF: Creo que, vaticinios o intuiciones aparte, el verdadero riesgo ya se consuma todos los días. Insisto: se llama necropolítica depredadora, gobierno del mercado, extractivismo, saqueo, “mercado-nación”, “geoeconomía” (expresión del chileno Rodrigo Karmy)… un nivel de criminalidad inmensurable que cuenta con la cárcel en particular, el sistema penal en general y, por extensión, muchas otras formas de administración de tormento y muerte entre sus armas más eficaces. Todas ellas son piezas de la gestión del “delito” en un régimen de gobierno desde el mercado que es esencialmente criminal, entendiendo por “criminal” todo aquel proceso o política que genera daño social masivo para acumular riqueza y/o poder en manos privadas.

En el neoliberalismo español, la población penitenciaria creció meteórica y proporcionalmente al volumen de negocio soportado por ese modelo de acumulación y esa administración de daño. Eso equivale a decir que hemos encerrado a más personas cuanto mayor ha sido el grado de criminalidad estatal-corporativa. Los índices de “delincuencia”, como quiera que se midan, no sirven para entender nada en ese fenómeno. Y a partir de 2010, aunque la población presa se reduzca, la lógica se mantiene.

TXH: En 2020 escribiste un capítulo en un libro coordinado por Iñaki Rivera sobre cómo la pandemia afectó a las prisiones. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Y qué incidencia específica tuvo la misma sobre las mujeres insertas en el sistema penitenciario?

DJF: Sí, el libro se titula Pandemia. Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social – en tiempos de Coronavirus, y fue escrito por muchas manos en muy pocas semanas desde la declaración de la pandemia. Empezando por la segunda pregunta, me vas a permitir que me limite a recomendar muy fuerte los capítulos de Marta Venceslao, Paz Francés, Encarna Bodelón, María Palma Wolff desde Brasil, Marcela Aedo Rivera y Laura Romero Rojas desde Chile, Mónica Vul desde Costa Rica y Sayak Valencia desde México. Creo que sus capítulos son los más valiosos del libro porque responden sobradamente a esa pregunta, desde diferentes contextos y perspectivas, y escritos por mujeres en esas malditas semanas de 2020.

Yo acabé de escribir mi capítulo a 30 de abril de 2020. Se titula La nuda vida en el centro. Contra otra nueva normalización capitalista, y plantea ciertas hipótesis sobre la emergencia de 2020 con referencias a la gran depresión de 2008. Me llama especialmente la atención el papel del humanitarismo como pilar legitimador de la criminalidad estatal-corporativa en el ciclo actual: cómo hemos naturalizado la producción de condiciones de muerte y cómo basta con un poco de humanitarismo para aportar la dosis de cosmética o poética suficiente a la espiral necropolítica cotidiana. Que si los presuntos éxitos en materia de política social se venden en clave de “mínimo vital”, que si los cadáveres en el mar “buscaban una vida mejor”…

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