La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) nace al calor de las movilizaciones del 15M de mayo de 2011. Tras décadas de prácticamente nula actividad de los movimientos sociales en Canarias diversos grupos desconectados coinciden en las plazas. En un primer momento La Federación se centra en actividades muy ideologizadas y que entrarían dentro del cliché del/la anarquista: acción directa en manifestaciones, antifascismo en las calles, confrontación con las grandes burocracias sindicales, etc. A pesar de considerar estas acciones necesarias, tras un proceso reflexivo llegan a la conclusión de que su propuesta práctica se encuentra alejada de la realidad social de su entorno, ofrecen soluciones para problemas que la gente no tiene y por el contrario no tienen nada que aportar ante los problemas diarios de sus vecinos/as.
A partir de ese momento deciden reorientar sus activismo hacia las personas más afectadas por las políticas capitalistas de la sociedad. Hay que tener en cuenta que, más allá de la imagen idealizada de sol y playas que se vende fuera para fomentar el turismo, las Islas Canarias cuentan con un 40% de población en riesgo de exclusión social, un 67% de población manifiesta que es incapaz de llegar a fin de mes, la tasa de paro se encuentra en el 21% frente al 13% nacional, se practican una media de 600 desahucios trimestrales, el precio de los alquileres es de los más altos del Estado sin embargo los salarios son de los más bajos.
El acercamiento que tiene la FAGC a esta realidad trata de ser lo más práctico posible, huyendo de dogmatismo y aceptando las contradicciones que supone aspirar a un mundo sin Estado ni Capital pero hacerlo en las condiciones que estos imponen. En un primer término se centran en la problemática de la vivienda, atienden mayoritariamente casos de alquiler y okupación. Cosechan ciertos éxitos en la paralización de desahucios, utilizando la solidaridad instintiva que existe en los barrios como herramienta política, haciendo realidad el «hoy por ti, mañana por mi» y siendo los/as propios/as afectados/as quienes paralizarán desahucios cuando sea otra persona la afectada. Al mismo tiempo, en los casos en los que los desahucios no pudieran ser paralizados se buscaban alternativas habitacionales mediante la okupación. Para dar cobertura organizativa a este movimiento sin que los/as implicados/as tengan que asumir la etiqueta «anarquista», aunque sus prácticas coincidan plenamente, se forma el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.
Metidos/as en esta dinámica es cuando a principios de 2013 surge la oportunidad de dar un salto cualitativo y formar La Comunidad Esperanza.
Comienza La Esperanza
La Comunidad La Esperanza es la okupación más grande del Estado español, se trata de cuatro bloques situados en el municipio de Santa María de Guía, 76 viviendas en total dedicadas a realojar a personas que vienen principalmente de desahucios, actualmente se encuentran más de 210 personas viviendo allí. La propiedad se encuentra en régimen comunitario, esto implica que tanto los trabajos de mantenimiento como la resolución de los conflictos se gestionan entre los/as vecinos/as y que cuando familia deja una vivienda esta vuelve a la comunidad que se la cederá a otra familia que la necesite.
El éxito a base de trabajo y sacrificio de La comunidad La Esperanza fue respondido por la Guardia Civil con una campaña de hostigamiento, identificaciones y detenciones a sus habitantes, no era raro que los/as vecinos/as tuvieran que aguantar grabaciones por parte de agentes desde edificios cercanos. Ante esta situación los/as vecinos/as comienzan una campaña mediática bastante exitosa explicando la realidad de la comunidad y recabando apoyos y solidaridad con lo que la presión por parte de las fuerzas del orden se rebajó.
El Estado responde con represión
Es en este contexto en el que se produce en abril de 2015 la detención de uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, Ruymán Rodríguez, basada en una denuncia por allanamiento que ya había sido retirada. En el cuartelillo el detenido es insultado vejado y golpeado como se recoge en el parte de lesiones realizado en el Hospital Dr. Negrín y en la causa por torturas que sigue abierta contra los guardias civiles. Por su parte la guardia civil acusa a Ruyman de «atentado a la autoridad» por una supuesta patada propinada por este en el momento de la detención. El pasado mes de diciembre el periódico local Canarias7 se hacía eco de los hechos de forma sesgada, reproduciendo solamente la versión de la Guardia Civil, sin contrastar las acusaciones e inventando otras que nunca existieron como la de coacciones.
Desde el Sindicato de Inquilinas afirman que tanto la detención como la campaña mediática suponen un ataque no solo a Ruymán sino a toda la Comunidad La Esperanza y a todas las personas que luchan para que no haya familias que duerman en la calle. «En primer lugar, desmentir una mentira es una buena forma de difundirla. En segundo lugar, enredarse en eso es una manera eficaz de empantanar el trabajo colectivo y desviarlo de otros objetivos» dicen desde la FAGC. Aun así son optimistas y confían en que el trabajo realizado haya tejido redes de solidaridad capaces de protegerles de la represión.
Federacion Anarquista de Gran Canaria Anarquismo de barrio y apoyo mutuo
