A lo largo de los últimos dos meses, cientos de miles de personas en el Reino Unido y Francia se han unido a las huelgas convocadas, han paralizado la economía y han tomado las calles. Lo hacen para protestar contra la carestía de la vida, para mostrar su rechazo al retraso de la edad de jubilación y reivindicar subidas salariales. Y con ello nos han mostrado que, ante los recortes en derechos laborales, debemos plantar cara y pararlo todo o, de lo contrario, nadie nos escuchará. Y es que la huelga y la movilización son las herramientas de las que dispone la clase obrera. Prueba de ello son todos los derechos sociales y laborales que poseemos, los cuales son el fruto de la lucha y la autoorganización.
En el otro lado de la balanza, la patronal, los empresarios y los ricos cuentan con lobbies para presionar a los gobiernos y con medios de comunicación para moldear el sentido común predominante e interiorizar los valores del capitalismo. Si pensamos que no hay dinero suficiente como para pagar las pensiones y que no queda más remedio que trabajemos hasta morir, es porque los medios no nos permiten imaginar otras soluciones alternativas. Frente a su arsenal económico, político y mediático, la única opción que nos queda es salir a la calle y negarnos a seguir el guion que nos están escribiendo.
La huelga en el Reino Unido contra el precio de la vida
El Reino Unido lleva asistiendo a un elevado nivel de convocatorias de huelgas desde el mes de noviembre de 2022. La tasa de inflación se situó el pasado mes de diciembre en el 10,5% y la clase trabajadora del Reino Unido ha sufrido el mayor descenso en su poder adquisitivo de los últimos veinte años, cayendo los sueldos reales en torno a un 3% entre abril y junio de 2022. Además, la factura de la luz aumentó una media del 54% en abril y del 80% en octubre del año pasado.
Todo esto, unido a un sentimiento de confianza traicionada en la sociedad británica respecto de sus políticos a consecuencia del Brexit – al fin y al cabo, sus promotores aseguraron que el Reino Unido se volvería un país mucho más rico al dejar de “regalar dinero a Europa y a los inmigrantes”, pero la salida de la UE no ha generado más que crisis de suministros, encarecimiento de los alimentos y de las fuentes de energía y tensiones indeseadas en Irlanda del Norte – ha desembocado en grandes protestas, especialmente en el sector público y en la industria ferroviaria.
El pasado 1 de febrero, medio millón de británicas participaron en la jornada de huelga contra los altos costes de vida. Colegios cerrados, trenes paralizados y retrasos en los aeropuertos marcaron la tónica de la mayor movilización laboral en el Reino Unido desde hace más de una década. Según datos oficiales, unas 100.000 funcionarias, las conductoras de tren de 14 operadores, 70.000 profesoras universitarias y 300.000 maestras de escuela han secundado los paros que reclamaban mejoras salariales para hacer frente al encarecimiento de la vida.
Frente a estas movilizaciones masivas, el gobierno del primer ministro Rishi Sunak – una de las personas más ricas de su país y tremendo neoliberal de pacotilla – ha optado por no intervenir y dejar que sea la mano invisible del mercado la que solucione todos los problemas. Su política es de línea dura contra las huelguistas, negándose a negociar e incluso a reunirse con dirigentes sindicales. En su opinión, unos salarios más altos acelerarían la inflación, opina que la situación de las trabajadoras ferroviarias no es su responsabilidad y que solo se podría aumentar el sueldo de sanitarias y otras funcionarias públicas mediante la subida de impuestos, algo de lo que está completamente en contra. También ha manifestado estar dispuesto a movilizar al ejército para sustituir a las huelguistas en algunos sectores y en las últimas semanas ha acelerado la aprobación de un proyecto de ley que imponga unos servicios mínimos en el transporte.
Huelgas en Francia contra el retraso de la edad de jubilación
Al cierre de esta edición, Francia ha vivido ya cuatro jornadas de huelga (dos en enero y dos en febrero) como respuesta a la tramitación parlamentaria de la reforma del sistema de pensiones de Emmanuel Macron. El proyecto de ley, que es la principal medida de su segundo mandato, retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y adelanta ocho años antes de lo previsto la exigencia de 43 años cotizados para poder optar a cobrar la pensión completa. Macron y su ejecutivo sostienen que es una reforma necesaria para mantener la viabilidad del sistema de pensiones teniendo en cuenta el envejecimiento creciente de la población. Pero los sindicatos – incluso los más moderados – recuerdan que el sistema de pensiones sigue siendo sostenible porque en 2021 tuvo un excedente de 900 millones de euros y en 2022 de 3.200 millones. Además, explican que la reforma perjudicará a las personas sin estudios, que hayan empezado antes a trabajar y que hayan desempeñado empleos precarios.
Lo cierto es que Macron no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente como para aprobar la reforma por su cuenta, por lo que tiene que pactar con otras fuerzas. Los partidos de izquierda y de extrema derecha han manifestado su rechazo – estos últimos propusieron que se sometiera a referéndum – por lo que sus aliados más probables son los Republicanos del partido de Sarkozy, la cuarta fuerza parlamentaria. Por eso, sabedores de que con una gran movilización popular podrán asustar a los Republicanos y obligarles a votar en contra de la reforma, los sindicatos lo están dando todo en la calle.
En un comunicado de la Union Communiste Libertaire (UCL) de finales del mes de enero, publicado en castellano en el portal A las Barricadas, las compañeras se lamentan por lo cortoplacistas y poco ambiciosas que son las reivindicaciones de la mayoría de sindicatos: “La intersindical [la coalición de sindicatos del Estado francés] se aferra a dos denegaciones: la de 64 años y la de trimestres adicionales. Es lamentable que la plataforma no sea más ofensiva, pero así son las cosas. […] El objetivo es simple y claro: la retirada de la ley. Retirada que sólo se conseguirá al precio de una huelga masiva y duradera. […] Nuestro objetivo es desarrollar una huelga masiva y duradera mediante la actividad sindical unitaria combinada con la autoorganización de los trabajadores. En una huelga general sostenible, cada rama profesional, cada empresa vive y desarrolla el conflicto según su propio ritmo”. En el mismo texto, la UCL reflexiona sobre las luchas que nos puede deparar el futuro: “una vez retirada la ley, ¿qué reivindicaciones adicionales deben hacerse? ¿Y si la huelga continúa? ¡Se plantea la cuestión del poder, de la expropiación patronal, de la autogestión de las empresas y de la sociedad! Sin maximalismos ni dogmatismos, éstas son también las preguntas que hay que responder”.
Las cuatro jornadas de huelga han logrado convocar a más de un millón de personas cada una. Como ha sucedido en Gran Bretaña, los paros han afectado principalmente al transporte público y la enseñanza. Se han suprimido entre la mitad y el 80% de los trenes de cercanías de París, el 20% de los vuelos previstos del aeropuerto de Orly y la mayoría de líneas de metro de la capital francesa.
En lo que respecta a la energía, la eléctrica estatal EDF redujo la producción en cerca de 4.500 megavatios durante la huelga. Explica Catalina García en el programa 2×70 del podcast La Base que “esto forma parte de la que ha sido bautizada como la estrategia de Robin Hood por sindicalistas de CGT: al mismo tiempo que facilitaban energía a edificios de especial importancia como hospitales o locales sindicales, cortaron el suministro eléctrico de la oficina de un legislador de Macron durante varias horas”.
¿Y a este lado de la frontera?
Mientras en Francia se lucha por evitar que la edad de jubilación se retrase a los 64 años, en el Estado español ya la tenemos en 67. Y no contentos con eso, a finales del mes de febrero el Círculo de Empresarios propuso retrasarla hasta los 72. Y pese a ello no arde todo gracias a que nos han convencido que mantener el sistema de pensiones es “insostenible”. Veamos algunos titulares: “Las pensiones públicas serán insostenibles aunque se suba la edad de jubilación” (El Español), “El sistema de pensiones español está entre los más insostenibles del mundo” (La Razón), “Pensiones: en cuánto subirá la edad de jubilación en 2023. Estos cambios buscan la sostenibilidad del sistema de pensiones” (The Objective) y “El sistema de pensiones es «insostenible» y «tiene fecha de caducidad»” (La Sexta), son solo algunos ejemplos. Pues ya estaría: el sistema de pensiones no se puede sostener y pese a que el paro juvenil en menores de 25 es altísimo (30%), es mejor que curremos hasta los 72 a que lo hagan las jóvenes que actualmente están desempleadas.
Este cuento de la “insostenibilidad” no es un invento nuevo. Explica Manu Levin en La Base que “cabe recordar que no solo el sistema de pensiones es «insostenible» para los brazos mediáticos del poder económico: también era insostenible acabar con el trabajo infantil, librar los fines de semana, limitar la jornada a ocho horas al día, tener vacaciones pagadas… Todo eso era insostenible también y estaba llamado a arruinar la economía. Claro, porque ese discurso no es una descripción de la realidad, es solo un argumentario, eterno, universal y constante en la historia, diseñado para defender unos determinados intereses, que son los de la élite capitalista, no son los de la mayoría trabajadora.
Además de toda esta apología de la insostenibilidad del sistema de pensiones que va seguida siempre de propaganda sobre planes de pensiones privados u otro tipo de productos financieros, es también una constante que desde los poderes mediáticos se cargue directamente contra quienes se movilizan para hacer huelga. Por ejemplo, mediante la criminalización de los métodos de lucha (cómo molesta la huelga a los usuarios de tal o cual servicio, los daños en mobiliario urbano, las detenciones y los heridos en las manifestaciones -que son infinitamente menos de los heridos y muertos que hay en una jornada laboral normal, por cierto)”.
Esta criminalización de la protesta – que viene acompañada de reformas penales para castigar con mayor dureza los desórdenes públicos, como vimos en diciembre de 2022 – obedece a un intento de eliminar la protesta. No porque una manifestación determinada pueda dar frutos de manera inmediata – de hecho, muchas veces sentimos que no sirven para nada – sino porque construyen una cultura política y conciencia de clase que sí pueden jalonar cambios. En las manis es cuando comprobamos que no estamos solas y es donde ponemos en común nuestros problemas; salir y ver que hay otras personas dispuestas a luchar es lo que nos lleva a no rendirnos. No quieren que sigamos el ejemplo que nos están dando las compañeras en el Reino Unido y en Francia actualmente porque saben que cuando cogemos la inercia de organizarnos, no nos pueden parar.
El próximo 21 de marzo de 2023 se presentará en la Fundación Anselmo Lorenzo el Foro Libertario por las Pensiones, un proyecto que aglutinará a compañeras anarquistas para luchar por la mejora de las pensiones presentes y futuras.
