– Del Protocolo de 1904 a la Ofensiva Digital contra el anarquismo de la Administración Trump y el Oscurantismo de la 4T –

Lo esencial, esa fuerza excepcionalmente importante que surge de muchas personas que sienten las mismas sensaciones emocionales, impulsadas por sentimientos muy parecidos (ninguno idéntico, por el amor de Dios, lo sé bien), se sienten atraídas unas por otras para constituir un todo homogéneo que no necesita acuerdos o contratos escritos o hablados para constituirse. De repente, esta fuerza colectiva emerge y está ahí, tangible, puedo tocarla, puedo oír su voz, puedo dejarme llevar por sus sugerencias, dirigir mi mirada hacia donde me dice que mire, ver con sus ojos hechos de mil pupilas lo que mis pobres ojos miopes no pueden ver, recordar lo que mi pobre mente sola no puede recordar.
Alfredo M. Bonanno

Los Estados han ido redefiniendo sucesivamente al «enemigo interno» (anarquista, agitador, extremista, terrorista) para justificar mecanismos cada vez más amplios de vigilancia, cooperación policial y persecución transnacional.

Justo, la reciente ofensiva transnacional desplegada por el gobierno de USA contra las redes anarquistas y grupos radicales llamados de extrema izquierda no es una novedad jurídica, sino la reactivación de un viejo engranaje de persecución ideológica global. Al homologar el activismo anarquista con el terrorismo internacional, la administración norteamericana recurre a los mismos mecanismos punitivos con los que los Estados del siglo XIX y XX buscaron asfixiar la disidencia, una inercia de control que hoy encuentra un preocupante reflejo tanto en el país gringo como en el oscurantismo del propio Estado mexicano. 

Esta estrategia de persecución tiene sus raíces directas en los antiguos tratados policiales diseñados específicamente para erradicar el pensamiento y la praxis ácrata.¹ El antecedente más nítido es la Conferencia Internacional Antianárquica de Roma, celebrada el 21 de diciembre de 1898, donde las potencias europeas acordaron por primera vez unificar sus sistemas de inteligencia para vigilar las diferentes manifestaciones anárquicas. Este esfuerzo cristalizó formalmente el 14 de marzo de 1904 con la firma del Protocolo Secreto de San Petersburgo, fue un tratado internacional (Rusia promotor, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Dinamarca, Suecia, Noruega, Rumanía, Serbia, Bulgaria y el Imperio Otomano) que transformó drásticamente el panorama de la disidencia anarquista global. El impacto del protocolo de 1904 en los anarquistas fue devastador: los imperios y repúblicas crearon las primeras «listas negras» transnacionales. Esto facilitó la extradición y expulsión exprés de muchxs anarquistas, convirtió el pensamiento radical en un crimen común y desató la clausura sistemática de imprentas y periódicos de agitación en todo el planeta. 

– Los tratados y marcos legales antianarquistas internacionales más sobresalientes

1. La Conferencia Internacional de Roma para la Defensa Social contra los Anarquistas (1898)

Celebrada entre el 24 de noviembre y el 21 de diciembre de 1898, fue convocada de urgencia por el gobierno de Italia bajo la presión de imperios como el alemán y el austrohúngaro, tras el asesinato de la emperatriz Isabel de Baviera («Sissi») a manos del anarquista Luigi Lucheni.

Participaron 21 países: Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia (anfitrión), Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Siam (actual Tailandia), Suecia, Noruega, Suiza y el Imperio Otomano. Aunque no fue un tratado de extradición directo, fue el primer protocolo internacional que definió legalmente el anarquismo como «todo acto dirigido a destruir la organización de la sociedad mediante el uso de la violencia».

Los gobiernos firmantes prohibieron la posesión de explosivos, ilegalizaron la pertenencia a grupos anarquistas, censuraron la propaganda ácrata y —lo más importante— crearon agencias policiales especializadas de control interno que compartían expedientes de sospechosos, dando origen a los primeros retratos delictivos transnacionales.

Bajo el régimen de Porfirio Díaz, México envió representación diplomática y participó activamente en la Conferencia de Roma. El porfiriato veía con enorme temor el avance del anarquismo y las ideas socialistas radicales entre los trabajadores del país, ya había cerrado al Gran Círculo de Obreros de México que tenía influencia anarquista, reprimido diferentes huelgas e insurrecciones agrarias también de influencia anárquica. Las resoluciones de Roma (como el intercambio de fichas policiales y el control estricto de la propaganda) influyeron directamente en los métodos de espionaje que la policía porfirista y los diplomáticos mexicanos usaron posteriormente para perseguir a los opositores.

2. Las Leyes Perversas (Lois Scélérates) de Francia (1893-1894)

Leyes nacionales francesas aprobadas tras una oleada de ataques con bombas en París, funcionaron como un tratado de facto con países vecinos debido a sus convenios de extradición condicional.

Estas leyes criminalizaban no solo los ataques, sino cualquier tipo de apología o propaganda de hechos anarquistas en la prensa.

Generaron convenios directos de persecución con Suiza y Bélgica, obligando a estos últimos a abandonar su histórica tradición de neutralidad y asilo político, comenzando a expulsar y arrestar secretamente a anarquistas que cruzaban las fronteras huyendo de la justicia francesa.

3. Tratado de Extradición y Protección contra el Anarquismo de 1902.

Este acuerdo se discutió en la Ciudad de México el 28 de enero de 1902, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional Americana (también conocida como la conferencia panamericana). El gobierno del dictador Porfirio Díaz no solo participó, sino que fungió como anfitrión y uno de los principales promotores de este marco legal, en un contexto marcado por el temor de las élites políticas al crecimiento y avance de las ideas anarquistas en el país.

La preocupación del régimen no era exclusivamente teórica. Durante los años previos, el gobierno porfirista había enfrentado diversos episodios de violencia política que fueron asociados por la prensa y por sectores gubernamentales al anarquismo internacional. Uno de los casos más conocidos fue el incidente en la alameda central protagonizado por Arnulfo Arroyo en 1897 durante las celebraciones de la Independencia. Posteriormente, Fernando Palomares intentaría atentar contra Díaz en 1908 igual durante las celebraciones de independencia, esta vez en el zócalo de la ciudad. Al año siguiente, durante la histórica reunión de 1909 entre Porfirio Díaz y William Howard Taft en El Paso, Texas, el estadounidense Julius Bergerson intentó asesinar a ambos mandatarios.

Cabe destacar a Primitivo Ron también vinculado al anarquismo por los medios y sobre todo debido a sus reflexiones escritas en sus cartas. Ron asesinó a Ramón Corona en 1889 en Jalisco, intentó en el mismo momento asesinar a la esposa de Corona: Mary Ann McEntee O’Roak y previamente intentó asesinar al arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé.

Resulta significativo que varias de estas figuras (Ron, Arroyo y Bergerson) fueran descritas por las autoridades y por la prensa de su tiempo como anarquistas o simpatizantes del anarquismo, aunque posteriormente fueran declaradas legalmente insanas o dementes mediante “peritajes médicos”.

La preocupación del régimen porfirista no era abstracta. El diplomático José Francisco Godoy, integrante de la delegación mexicana en la Exposición Panamericana de Buffalo de 1901, se encontraba en actividades oficiales junto al presidente William McKinley poco antes de su asesinato por el anarquista León Czolgosz. Su hija Mercedes Godoy relata en un capítulo de su libro When I Was A Girl In Mexico – publicado en abril de 1919 (Págs. 104 a 108):

El asesinato del presidente McKinley fue un acontecimiento trágico y lamentable. Mis padres me contaron lo agradablemente que habían pasado ese día con él durante una excursión y almuerzo en las Cataratas del Niágara. Todos los funcionarios, tanto estadounidenses como latinoamericanos, fueron invitados, al igual que el presidente y la señora McKinley. Ambos se encontraban de muy buen ánimo, alegres y cordiales, mezclándose y conversando de manera muy amable con los demás invitados.

Al regresar a Buffalo y a la Exposición, el grupo se dispersó. Mi padre fue entonces a casa por nosotros, los niños, para llevarnos a reunirnos con mi madre, quien se había quedado con unos amigos en el edificio de México. Para nuestro gran horror y pesar, al entrar al recinto en un carruaje, ya que ese día se permitía el acceso de carruajes a los invitados, nos informaron en la entrada que se había atentado contra la vida del presidente McKinley y que estaba gravemente herido.

En ese momento comenzamos a escuchar gritos y alaridos de “¡Línchenlo!”, y la conmoción entre la gente era enorme. Justo entonces pasó junto a nosotros, a toda velocidad, un carruaje en el que llevaban al asesino, Czolgosz, a prisión.

En este contexto se desarrolló el Tratado de Extradición y Protección contra el Anarquismo, cuyo objetivo central era privar a los militantes anarquistas de la posibilidad de acogerse al asilo político. Para lograrlo, los Estados firmantes recurrieron a una estrategia jurídica particularmente eficaz: redefinir como delitos comunes una amplia gama de conductas asociadas al activismo revolucionario. Para lograrlo, los países participantes utilizaron una trampa jurídica:

• Criminalización del ideal político: El documento enumeraba de forma muy amplia y sistemática más de 20 tipos de delitos (como posesión de explosivos, conspiración, sabotaje, homicidio y daños a la propiedad).

• La despolitización del ácrata: Al catalogar estos actos estrictamente como delitos comunes, el tratado despojaba al anarquismo de cualquier fundamento o estatus político. De esta manera, si un militante anarquista huía de México hacia Estados Unidos o Argentina, ya no podía argumentar ser un «perseguido político» para salvarse; el Estado receptor estaba legalmente obligado a negarle el refugio y proceder con su extradición.

Al ser un tratado panamericano, involucró a casi todo el continente. El documento fue signado por los presidentes y representantes plenipotenciarios de 17 países: México (Anfitrión), Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y la República Dominicana.

4. La Ley de Exclusión de Anarquistas de Estados Unidos (Immigration Act of 1903)

Aunque EE. UU. prefería actuar de manera unilateral en lugar de firmar pactos multilaterales con las monarquías europeas, la Casa Blanca ejecutó este marco de exclusión tras el asesinato del presidente William McKinley en 1901 a manos del anarquista Leon Czolgosz.

El Congreso estadounidense codificó esta ley en 1903, convirtiéndose en el primer tratado de control migratorio e ideológico moderno. Permitía interrogar a los migrantes extranjeros en los puertos y autorizaba la deportación o exclusión explícita de cualquier persona por sus meras creencias filosóficas o políticas relacionadas con el anarquismo. El Tribunal Supremo ratificó su constitucionalidad en 1904, sentando las bases para las deportaciones masivas de disidentes (como Emma Goldman) décadas después.

Tras la promulgación de esta ley, el gobierno de Porfirio Díaz colaboró estrechamente con el de EE. UU. (mediante fiscales y agencias de detectives privadas como la Agencia Pinkerton) para aplicar este marco legal en contra de los miembros de la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM).

5. El Protocolo Secreto de San Petersburgo de 1904 (también conocido como el Protocolo secreto para la guerra internacional contra el anarquismo) fue un acuerdo internacional enfocado en la cooperación policial y política para reprimir el movimiento anarquista en Europa.

Establecía directrices para facilitar la expulsión y extradición de personas sospechosas de anarquismo hacia sus países de origen.

Creó un sistema para compartir datos de vigilancia, antecedentes y movimientos de militantes anarquistas entre las policías de los países firmantes. Fue impulsado e inicialmente firmado por potencias como Alemania, Austria-Hungría y Dinamarca, y más tarde aceptado por España y Portugal. Gran Bretaña y Francia decidieron no firmarlo formalmente, aunque sí se comprometieron a colaborar en asuntos policiales de inteligencia.

6. El Tratado de Cooperación Policial de América del Sur (1905-1920)

El Cono Sur de América Latina (Argentina promotor, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile) experimentó una masiva migración europea a principios del siglo XX, lo que trasladó el potente movimiento anarcosindicalista al continente americano.

Provocados por huelgas generales masivas y sabotajes organizados por sindicatos de corte anarquista, varios gobiernos sudamericanos firmaron tratados multilaterales y bilaterales de cooperación policial.

Estos pactos transfronterizos permitían a las policías de Buenos Aires, Montevideo o Santiago intercambiar «fichas Bertillon» (medidas corporales y fotografías de sospechosos), facilitando la aplicación de leyes de residencia represivas (como la Ley 4.144 de Residencia en Argentina), que permitían expulsar de manera exprés a los líderes sindicales anarquistas extranjeros hacia sus países de origen sin juicio previo.

7. El Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo (Ginebra, 1937)

Este fue el último gran intento de la Sociedad de Naciones (antecesora de la ONU) motivado originalmente por el magnicidio del rey Alejandro I de Yugoslavia en Marsella en 1934.

Aunque el panorama político ya incluía al fascismo y al comunismo, el tratado heredó la estructura jurídica de los antiguos protocolos antianárquicos. Redefinió formalmente el terrorismo internacional y obligaba a los Estados firmantes (Francia, Bélgica, Reino Unido, Unión Soviética (URSS), Grecia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía, Países Bajos, España, Bulgaria, Egipto, India, Turquía, Haití, Cuba y República Dominicana) a tipificar como delito federal cualquier acto político destinado a aterrorizar a la población o dañar bienes públicos. Aunque no entró plenamente en vigor debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, sirvió como el puente legal directo hacia los tratados antiterroristas modernos de las Naciones Unidas.

– Del papel al entorno digital

Un siglo después, la arquitectura de la persecución ha abandonado las fichas policiales y los archivos físicos para trasladarse al ámbito digital. Sin embargo, la lógica de fondo permanece sorprendentemente similar. Donde antes existían listas negras impresas, expedientes diplomáticos y retratos antropométricos, hoy aparecen bases de datos, vigilancia algorítmica, monitoreo de redes sociales y bloqueos financieros transnacionales.

La reciente ofensiva contra Autistici/Inventati y la red Noblogs muestra precisamente esa continuidad histórica. La caída coordinada de decenas de portales anarquistas y de contrainformación dejó en evidencia que Internet nunca fue el territorio libre e independiente que muchos imaginaron. La infraestructura digital depende de servidores, registradores de dominio, sistemas financieros y proveedores tecnológicos sometidos a presiones estatales.

La ofensiva antiterrorista impulsada por Trump puede resumirse cronológicamente así: 

• 22 de septiembre de 2025: Trump inaugura esta campaña firmando la orden que cataloga de manera doméstica a «Antifa» como organización terrorista. Designating Antifa as a Domestic Terrorist Organization, esto significa que ordenó a las agencias federales investigar y perseguir actividades vinculadas a personas y grupos que actuaran en nombre de Antifa o dieran soporte material utilizando las herramientas legales ya existentes.

• 15 de octubre de 2025: Se emite la acusación de terrorismo bajo el cargo de Proporcionar apoyo material a terroristas -Providing Material Support to Terrorists-, a los detenidos por los hechos solidarios (por los detenidos por ICE) del 4 de julio de 2025 en el Centro de Detención de Prairieland en Alvarado, Texas. El caso involucra hasta ahora a 22 personas arrestadas por su presunta participación, quienes fueron sentenciados el 23 de junio de 2026 a penas de entre 30 y 100 años de prisión.

Más allá de los hechos ocurridos en el Centro de Detención de Prairieland, la relevancia del caso reside en haber funcionado como un laboratorio jurídico. Los detenidos no fueron arrestados inicialmente bajo cargos de terrorismo. Las acusaciones inventadas estuvieron relacionadas con armas de fuego, tentativa de homicidio y otros delitos graves. Fue después de la orden ejecutiva del 22 de septiembre de 2025 cuando el Departamento de Justicia incorporó el delito de «Providing Material Support to Terrorists» y comenzó a presentar públicamente el expediente como un caso vinculado a Antifa. En otras palabras, Prairieland no sólo juzgó determinados hechos ocurridos en Texas; puso a prueba hasta dónde podían extenderse las categorías jurídicas del terrorismo doméstico hacia movimientos políticos descentralizados.

• 13 de noviembre de 2025: El Departamento de Estado internacionaliza la persecución al incluir formalmente en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a redes históricas europeas y sus símiles en Latam como la Federación Anarquista Informal (FAI/FRI), las CCF y Antifa Ost. 

La designación de Antifa presenta una particularidad histórica. A diferencia de organizaciones jerárquicas tradicionales, Antifa opera más como una identidad política, una corriente ideológica o un conjunto de redes descentralizadas que como una institución con dirección central, membresía formal o estructura homogénea. Este carácter difuso ha generado un intenso debate jurídico: ¿es posible tratar como organización terrorista a una constelación de grupos autónomos que ni siquiera se reconocen necesariamente entre sí? Precisamente sobre esta ambigüedad se construyó buena parte de la controversia en torno a Prairieland

• 16 de julio de 2026: El secretario de Estado, Marco Rubio, convoca en Washington una cumbre global para presionar a más de 60 países a homologar estos criterios de persecución política. 

• 30 de agosto de 2026: La estrategia alcanza su punto más crítico con el bloqueo financiero del Departamento del Tesoro contra el colectivo de servidores Autistici/Inventati (Noblogs), provocando la caída inmediata de decenas de portales y bitácoras de contrainformación en México, Brasil, Chile y Europa. 

La ofensiva no se limitó a perseguir individuos. En agosto de 2026 alcanzó directamente a la infraestructura tecnológica utilizada por cientos de colectivos. El colectivo italiano Autistici/Inventati, activo desde 2001 y responsable del alojamiento de miles de correos electrónicos, listas de distribución, sitios web y blogs a través de la plataforma NoBlogs, fue catalogado por USA como una entidad terrorista global. La medida no se dirigía contra una organización armada sino contra un proveedor independiente de servicios digitales. Allí reside su carácter novedoso: por primera vez la infraestructura misma fue presentada como parte del problema de seguridad.

El instrumento decisivo no fue policial sino financiero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee la capacidad de aislar económicamente a personas, organizaciones y entidades consideradas amenazas para la seguridad nacional. Una vez incorporado a las listas de sanciones, un individuo o colectivo puede perder acceso a bancos, servicios financieros, registradores de dominios, plataformas tecnológicas y proveedores de infraestructura digital. Más que encarcelar, OFAC puede volver prácticamente inviable la existencia operativa de una organización

– Y las implicaciones para México?

Este afán por catalogar y perseguir a la disidencia autónoma no es exclusivo del imperialismo estadounidense. En el contexto local, la retórica antiterrorista de Washington encuentra un inquietante paralelismo doméstico en la llamada «lista de enemigos» o perfiles de riesgo notificados bajo la gestión de Claudia Sheinbaum y la 4T. Aunque el gobierno de México rechazó asistir a la cumbre de Marco Rubio en “defensa de su soberanía”, internamente mantiene una política de profundo oscurantismo. La 4T utiliza con rigor los mecanismos legales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente el artículo 110, para reservar y clasificar como «información confidencial o reservada» por motivos de «seguridad nacional» cualquier padrón, ficha o análisis de inteligencia táctica. Bajo este amparo legal, se desconoce por completo qué colectivos estudiantiles, organizaciones anticarcelarias o grupos anarquistas de acción están incluidos en los listados de vigilancia del Estado mexicano.

A) Dependencia tecnológica
Aunque México no participe formalmente en estas políticas, gran parte de la infraestructura digital utilizada por organizaciones sociales, medios autónomos y colectivos políticos se encuentra alojada en servicios sujetos a jurisdicción estadounidense o dependientes de corporaciones norteamericanas. Esto implica que decisiones tomadas en Washington pueden producir efectos inmediatos sobre proyectos ubicados físicamente en territorio mexicano.

B) Cooperación de inteligencia
La cooperación contemporánea entre agencias de inteligencia recuerda las prácticas inauguradas a finales del siglo XIX. Si entonces los gobiernos intercambiaban fichas antropométricas y retratos policiales, hoy comparten bases de datos, alertas migratorias, información financiera e inteligencia digital. La diferencia ya no es de lógica sino de escala. El principio sigue siendo el mismo: identificar, clasificar y vigilar actores considerados políticamente peligrosos.

C) El Oscurantismo mexicano
¿Existen listas equivalentes en México?
¿Qué colectivos son monitoreados?
¿Qué criterios se utilizan?
¿Qué agencias participan?
¿Cuál es el nivel de intercambio con agencias estadounidenses?

A diferencia de los archivos de la DFS, hoy resulta imposible conocer con precisión qué perfiles u organizaciones aparecen en los registros contemporáneos de inteligencia nacional. El oscurantismo actual impide determinar hasta dónde llegan los mecanismos de vigilancia sobre movimientos estudiantiles, organizaciones anticarcelarias, colectivos ambientalistas o grupos anarquistas. El principal problema ya no es sólo la existencia de los archivos, sino la imposibilidad de acceso a ellos.

El paralelismo más inquietante entre los tratados antianarquistas de los siglos XIX y XX y los acontecimientos recientes no radica en las ideologías involucradas, sino en la arquitectura de control. En 1904 los Estados descubrieron que podían coordinar policías, compartir expedientes y expulsar disidentes a través de acuerdos internacionales. En 2026 descubren que también pueden coordinar sistemas financieros, plataformas digitales, proveedores de infraestructura e inteligencia algorítmica. La tecnología cambió radicalmente; la lógica política permanece sorprendentemente familiar.

La caída en bloque de webs anarquistas y de las plataformas vinculadas a Autistici/Inventati el pasado 30 de agosto nos arroja una bofetada de realidad: nos damos cuenta, de que el espacio virtual no es autónomo, no es nuestro pero que intentamos okupar, no lo controlamos del todo. Internet, que ha sido idealizado como un territorio libre de fronteras, es propiedad de los grandes servidores corporativos y los dictados financieros de las potencias. El ciberespacio se ha convertido en el escenario de una guerra silenciosa entre los movimientos sociales y el sistema de dominación, donde el software libre y el cifrado luchan en desventaja contra algoritmos punitivos y bloqueos de Estado.

Ante este panorama, la respuesta contemporánea no ha sido la desmovilización, sino una mutación táctica que rima perfectamente con el pasado. Horas después de la caída de los servidores, algunxs colectivos levantaron réplicas de sus sitios, otros, manteniendo la comunicación y las noticias de las actividades en foros cerrados, desafiando las penas de hasta 20 y más años de prisión por supuesto «apoyo material». Esta “resiliencia” tecnológica guarda notables paralelismos con las respuestas de los siglos XIX y XX. Durante el clima internacional de persecución antianarquista de principios del siglo XX, donde los editores huían con tipos móviles escondidos en maletas para armar imprentas nómadas en sótanos secretos. Aunque las herramientas son diferentes, la estrategia resulta familiar. Del mismo modo que los impresores anarquistas de principios del siglo XX ocultaban tipos móviles y trasladaban imprentas clandestinas de una ciudad a otra para escapar de la censura, hoy los colectivos recurren al cifrado, las redes descentralizadas y el anonimato digital para mantener sus canales de comunicación, donde hoy se usa la criptografía PGP y canales de mensajería encriptada, ayer se utilizaban tintas invisibles y alfabetos cifrados comerciales para burlar el espionaje de las oficinas postales estatales. 

La lección de la historia es persistente: tal como ocurrió tras la represión originada por los tratados antianarquistas del pasado, cuando las ideas sobrevivieron a la incautación de las prensas de hierro, el cierre de una página web no extingue la disidencia. Aunque la infraestructura digital sea confiscada transnacionalmente por el poder o vigilada secretamente por el oscurantismo institucional local, la tecnología es solo una herramienta táctica provisional. La historia parece repetir una misma enseñanza bajo tecnologías distintas. El cierre de una imprenta nunca logró destruir las ideas que imprimía; de igual forma, la clausura de una página web difícilmente elimina los conflictos sociales que la hicieron necesaria. La infraestructura cambia, las formas de control se modernizan y las estrategias represivas se perfeccionan. Lo que permanece es la tensión constante entre el poder que busca vigilar y clasificar a la disidencia y la capacidad de los movimientos sociales para reinventar sus formas de organización, solidaridad y resistencia.

La verdadera trinchera, la memoria colectiva y la agitación insurreccional vuelven siempre a su espacio original, vital e incontrolable: el apoyo mutuo y la lucha indomable en las calles.

Carlos (anemias)
Septiembre 2026

1. A lo largo de la historia, la lucha de los Estados contra el anarquismo internacional —especialmente durante el auge de la llamada «propaganda por el hecho» entre finales del siglo XIX y principios del XX— dio origen a los primeros tratados, leyes transnacionales y sistemas de inteligencia moderna. Estos acuerdos sirvieron como el embrión de lo que hoy conocemos como la cooperación antiterrorista global e Interpol. ↩︎