Todos los veranos escribimos en estas páginas acerca de la campaña anti-okupación(1) que, con periodicidad anual, se da tanto en los medios como en los debates parlamentarios. Una alarma social generada por políticos que buscan arañar votos y por empresas de seguridad privada que esperan hacer caja del miedo. Sin embargo, este año la campaña de intoxicación mediática se adelantó al mes de abril. No fue consecuencia del cambio climático – aunque fue el mes de abril más caluroso de la historia de España y Portugal y el cuarto más cálido jamás registrado a nivel mundial – sino de las elecciones autonómicas y municipales que tuvieron lugar el 28 de mayo. “Las personas que okupan se ha convertido en el enemigo público interno que siempre ha necesitado el poder y donde el cuarto poder, los medios de comunicación —con la ayuda de empresarios oportunistas y grupos de extrema derecha—, han hecho gala de la teoría de la agenda setting, a base de noticias sesgadas, manipuladas y fake news, con el objetivo de sembrar el terror entre el vecindario y ganar adeptos, votos o dinero, según el caso”, explicaba Laura Solves en El Salto el 11 de mayo.
Desokupa marca la agenda atacando a El Kubo y La Ruïna
“Habrá palos y esta vez pillarán ellos. Arderán las calles”, así convocaba Daniel Esteve –el fundador de Desokupa vinculado a organizaciones de extrema derecha– al pretendido desalojo de El Kubo y La Ruïna, dos centros sociales del pudiente barrio de la Bonanova(2) de Barcelona expropiados a la SAREB, que los tuvo en abandono hasta su okupación en 2016 y 2019 respectivamente.
El intento de desalojo forzoso fue frustrado, gracias a la movilización activista y de algunas vecinas del acaudalado barrio. Desde entonces, cada martes comenzaron a concentrarse frente a El Kubo organizaciones de derechas como Ciutadans, Valents y Vox, con el apoyo de un gran altavoz mediático, que volvía a situar la okupación en el centro de las tertulias matutinas. “Estas convocatorias no han tenido gran alcance, exceptuando la del martes 25 de abril, a la que se sumaron muchos jóvenes profiriendo insultos y lanzando todo tipo de objetos. Los habitantes y personas solidarias, por su parte, trataron de salir del espacio para manifestarse y recibieron palos e identificaciones por parte de los Mossos d’Esquadra”, explica el artículo de Laura Solves.
Desokupa, conocida por cobrar varios miles de euros a propietarios por echar a personas de manera extrajudicial de sus viviendas, parece que esta vez había ofrecido sus servicios por amor al arte. O, al menos, eso es lo que se apresuró en dejar claro la SAREB, que desmintió cualquier vínculo con ellos. “Todo apunta a que con los miles de consumidores de sus contenidos en redes sociales -y coincidiendo con el inicio de la campaña electoral-, esta vez el encargo, aún sin propietario conocido, era más propagandístico y movilizador” nos cuenta el abogado Xavier Muñoz en un artículo de Público titulado “Desokupa pide el voto el 28M”. “La jornada terminó en una concentración dispersa y pizza gratis para los más jóvenes, muchos medios, un puñado de youtubers y cuatro viejas glorias de las gradas futbolísticas. Juntos al grito de «puta Ada Colau» en una foto que recuerda más al resurgir de la vieja Fuerza Nueva que a un movimiento ciudadano renovador.
La cosa quedaría en anécdota, si no fuera porque desde Socialistas, hasta el fondo a la derecha de Vox y Ciudadanos, han visto una ola surfeable. Pocos desalojos adquieren trascendencia nacional y menos sin estar programados por un juzgado o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso, la extrema derecha ha encontrado un polvorín al que prender chispa por situarse en primer plano. Aunque lo de los okupas empiece a oler a rancio, sigue siendo un recurso para algunos; sin ir más lejos Junts, ERC, PSC y Ciudadanos pactaron en febrero en Catalunya la única ley conjunta en los últimos siete años. Una ley «anti-okupas», con más lírica que texto dispositivo, que «no servirá de gran cosa, sino para cambiar el marco mental», según el propio Ciudadanos”.
Lo llamativo es que esta nueva oleada de criminalización de la okupación se ha dado en un contexto de caída en picado de casos. En el Estado español, el número de denuncias y procedimientos judiciales por estos delitos en 2022 fue de un 20% menos que respecto del año anterior. “Lo cierto es que la okupación de inmuebles es mucho menor que los 40.000 desahucios anuales (los oficiales). La transformación progresiva del fenómeno de los centros sociales -dando paso a hogares de familias con necesidades-, apunta más hacia la autogestión de una crisis habitacional, descargada en los bancos y su infinito parque de vivienda vacía, frente a la incapacidad del Estado por satisfacer el problema con alquileres sociales o asequibles”, desarrolla Muñoz en su artículo.
Pese a estos datos, toda la derecha y una buena parte de la izquierda cuqui han aceptado el marco de que existe un problema de criminalidad en torno a la okupación. No solo en Catalunya, sino en otros territorios. Por ejemplo, pocos días antes de las elecciones, el 25 de mayo, Rita Maestre (candidata a la alcaldía de Madrid por Más Madrid) fue entrevistada por El Mundo; y, preguntada si consideraba la okupación un problema, contestó que “la okupación es ilegal, genera problemas de convivencia y las fuerzas de seguridad deben actuar”(3).
Esta vergonzosa respuesta, que podría haber sido de Monasterio o de Ayuso (salvo por las alusiones al PP), ignora conscientemente las razones políticas, económicas y sociales por las que la gente puede verse abocada a okupar una vivienda(4) y acepta los términos de conversación de la derecha y los grandes tenedores de vivienda: quien okupa es una persona incivilizada, que crea problemas de convivencia y lo hace porque no quiere pagar, ¡que le echen! Con esta oposición, no es de extrañar, pues, el resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que la suma del PP y Vox arrasó en la mayoría de territorios.
A Unidas Podemos hay que reconocerle que no entró en este juego antes de las elecciones y que criticó las prácticas mafiosas de las empresas de desokupación. Sin embargo, llama la atención su absoluta falta de imaginación para proponer soluciones: el 18 de mayo, Ione Belarra propuso modificar el Código Penal para “perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”. Vamos, que ha reinventado el delito de coacciones, que lleva existiendo toda la vida.
El error de Podemos reside en intentar hacernos creer que los ataques a proyectos okupados se pueden parar con cambios legislativos – que además no hacen más que redundar en normas preexistentes – cuando lo evidente es que sin una movilización popular significativa que presione a los poderosos, humanice a nuestras vecinas okupas y haga pedagogía sobre la expropiación como forma de solucionar la crisis de vivienda, no vamos a conseguir nada. Nos pide que deleguemos en ellas, que ya inventarán un nuevo delito para acabar con Desokupa. Pero la solución realmente está en las calles, en las asambleas y en los centros sociales y no en las instituciones.
“Vuestro lujo es nuestra miseria”: resistencia en el corazón de la bestia
Laura Solves explica en su artículo de El Salto que “las personas que habitan estos dos espacios [El Kubo y La Ruïna], conscientes de la hostilidad del barrio, ya vislumbraban desde el principio que la okupación supondría un desafío con parte del barrio, pero no se imaginaban este nivel de hostilidad. Así lo proclamaba la pancarta de celebración del segundo aniversario del CSO la Ruina ‘Dos años arruinando el barrio’. Porque vivir —y más, tratándose de un centro social anarquista— no consiste simplemente en ir al supermercado y ver la televisión en tu casa como si de un barrio residencial se tratase. Habitar es también ocupar el espacio público, y encontrarse con punkis y personas de otra clase en la calle o reciclando no es algo del agrado de algunos habitantes del barrio. El mensaje que lanzan actualmente es contundente: ‘Vuestro lujo es nuestra miseria.’
A pesar de que se han hecho muchas actividades abiertas al barrio y se ha tenido en cuenta el descanso, son pocas las personas nacidas en el barrio las que se han sumado a la asamblea del centro social. El espacio ha sido punto de encuentro de asambleas vecinales y también de la ciudad. Los miembros han participado de okupaciones, como del 8M y de la plataforma antifascista del barrio. “¿Dónde estaba esta gente cuando se crearon las redes de apoyo mutuo durante la pandemia? Cantando Sobreviviré en los balcones mientras pedían Glovos por el móvil haciendo que otra gente, de clase baja, arriesgase su salud por elles”, crítica María, miembro del CSO la Ruina.
María explica que ya desde el inicio ha habido ataques contra el espacio, al igual que a otros espacios okupados en el distrito. La Pirata, una nave okupada encima de la ronda de Dalt, sufrió también ataques de nazis y visitas de Daniel Esteve, mientras que el Ateneu popular de Sarrià vivió también una campaña de partidos políticos y medios de comunicación, finalizando su actividad con el trágico desenlace en 2018 de un incendio firmado por neonazis, que pintaron esvásticas.
Al principio, los ataques al Kubo eran aislados, la mayoría lanzamientos de objetos, llegando a romper ventanas, destacando un intento de incendio y la presencia en la puerta de un grupo armado con bates y cascos, coincidiendo con las protestas de la sentencia y la apertura del club Empel, un bar al que acuden asiduos de la ultraderecha, situado a escasas calles de la plaça Bonanova. El día anterior al 8 de marzo les lanzaron piedras a la casa mientras se reunían y, después, encontraron pintadas con mensajes nazis plagadas de misoginia en las paredes del barrio.
Paulatinamente, los ataques se han ido sucediendo con mayor frecuencia y el nivel de estos se ha ido intensificando, escalando de destrozos a furgonetas, agresiones a animales y personas a intentos de incendio de los tres espacios. “Si no llegamos a estar despiertas, una de las noches nos queman vivas”, lamenta María. Las redes sociales del colectivo están repletas de amenazas de muerte al colectivo los últimos días. Cuando un vecino del bloque de enfrente empezó a disparar balines a todo aquel que se asomase, el servicio de mediación del Ayuntamiento acudió al bloque y al Kubo y confirmó que había empezado él.
[…] Los partidos políticos de extrema derecha, grupos fascistas y sus altavoces mediáticos han tildado la problemática de una cuestión de convivencia derivada de la okupación. Desde el CSO la Ruina explican que no es únicamente una cuestión de fascismo y antifascismo, sino que “desde aquí hemos querido confrontar el Estado, las desigualdades y las opresiones desde diferentes frentes de lucha”. Se puede observar en algunos de los insultos profesados van desde ‘veganos de mierda’ o ‘feminazis’”.
Las empresas de desokupación, ¿una práctica legal?
Como ya hemos explicado en otras ocasiones, una okupación consiste en apoderarse – para vivir o para abrir un centro social – de un inmueble en desuso. Puede ser una casa, un piso, o un solar, pero debe tratarse de un espacio en el que no reside otra persona, pues entonces no estaríamos ante un delito de usurpación (okupación), sino ante un allanamiento de morada.
En los casos en los que se okupa un inmueble ajeno para constituir una vivienda, el propietario no puede echar al morador sin una orden judicial, porque el derecho a la intimidad del hogar protege al morador (incluso ante el propietario). Por tanto, llama la atención de la complacencia de jueces y fiscales con estas empresas que, sin esperar a que les brinden una orden judicial, presionan a los moradores para que se vayan del lugar en el que viven. Parece que están hasta aliviados de que otros compitan con ellos, trabajando en paralelo al Estado, para hacerles el trabajo sucio. Por supuesto, las empresas de desokupación siempre argumentan que no amenazan o coaccionan a nadie, que se limitan a colocarse en los accesos y realizan un “control”, pero cuesta creer que estas personas fornidas, con conocimientos de artes marciales (e incluso con experiencia de guerra en otros países), muchos de estética neonazi, consigan expulsar a quienes no tienen otro sitio en el que vivir simplemente con su dialéctica.
“Años atrás, con cifras más ostentosas, las empresas del gremio de la coacción a morosos proliferaron en España, cabe decir que ante cierta dejadez de cuerpos policiales y estamentos judiciales”, explica Xavi Muñoz en Público. “El oficio no tiene mucha enjundia, consiste en una especie de cobrador del frac pero con un puñado de fornidos individuos con cara de pocos amigos, que se las ingenian para convencer al desafortunado por las malas o por las menos malas de que la mejor opción es abandonar el lugar.
[…] En la mayoría de los casos el morador se rinde rápido, ante el miedo y la presión, abandonando el lugar «voluntariamente» cual despertar con una cabeza de caballo”.
Es cierto que hay jueces que consideran que “la actitud intimidante, corpulencia y mecanismos de presión asociados perturban el justo sosiego de los ciudadanos a los que se dirigen” (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª), pero en la mayoría de casos las denuncias contra las empresas de desokupación terminan por archivarse. “Es francamente sorprendente desde el punto de vista jurídico; porque la impunidad de estas prácticas coactivas, representa la incapacidad de los poderes del Estado para resolver una cuestión menor como la usurpación de una propiedad y por tanto la cesión del uso de la fuerza, aun en su estadio simbólico, en el propietario. Al más puro estilo de Texas”, explica Muñoz.
Esta privatización que, como decimos, usurpa a los jueces algunas de sus competencias es aceptada de buena gana, en parte, gracias a la enorme campaña de blanqueamiento que han recibido en medios de comunicación. No sólo de las empresas de desokupación, sino incluso de sus patrones. El ejemplo reciente más bochornoso lo vimos el 12 de mayo, día en que El Español publicó un artículo con el título “Quién es Dani Esteve: el líder ‘súperdotado’ de Desokupa que domina 5 idiomas y tiene 2 carreras”; el ABC el mismo día publicó uno titulado “Así es Daniel Esteve, el jefe de Desokupa, que habla cinco idiomas y tiene dos carreras”; OkDiario hizo lo propio con “Así es Dani Esteve de Desokupa: dos carreras y cinco idiomas”. Seis días después, el día 18, una segunda oleada de medios volvió a la carga: “Así es Dani Esteve, líder de Desokupa: políglota y con doble licenciatura” (As); “Quién es Dani Esteve, el dueño de Desokupa” (20 Minutos), entre otros. ¿Cómo va un juez a empurar a ‘Dani’, si es un tío majísimo que además es muy listo y habla varios idiomas?
En definitiva, la derecha política, mediática y judicial está legitimando a empresas, muchas de ellas nutridas por neonazis violentos, que operan al margen de la legalidad judicial. Y el discurso de la izquierda más descafeinada no carga contra los verdugos, sino contra las víctimas de estas tácticas. “En el caso presente -la Bonanova- el cóctel resulta especialmente peligroso”, remata Xavi Muñoz. “El inicio de la campaña electoral ha puesto el foco en el dedo que señala, otorgando legitimidad a las formas más noventeras de la extrema derecha; cazadora bomber y botas Martens. Esta vez contra Ada Colau y la “permisividad” con los okupas, antes fue contra el independentismo y en el pasado contra pordioseros y transexuales, pero lo cierto es que los barrios altos de las capitales españolas son un polvorín para la violencia neonazi”.
Todo por hacer
1.- Como ejemplo, véase éste y éste artículo.
2.- El barrio donde se ubican estas casas, Sarrià-Sant Gervasi, es el distrito con más renta per cápita de la ciudad. Las personas que okupan ambas casas ponen sobre la mesa que su presencia allí forma parte de lucha de clases y de la resistencia contra el neoliberalismo y la especulación.
3.- En Madrid, los datos son similares al resto del Estado: tal y como explicó La Ser el pasado 3 de mayo, en la Comunidad de Madrid, en 2022 hubo un 18% menos de okupaciones que en 2021, un 44% menos que en 2020 y un 51% menos que en 2019.
4.- Para leer sobre estos motivos, nos remitimos a nuestro artículo «Estado de alarma (social). Otro artículo en defensa de la okupación«.
