El pasado 21 de febrero, el presidente tunecino Kaïs Saied colocó en la diana a las comunidades subsaharianas con un relato basado en la teoría racista del gran reemplazo, planteamiento nacido en el seno de la extrema derecha europea que defiende la existencia de un plan de las élites globales para sustituir a la población blanca y cristiana y destruir la cultura occidental. En esta misma línea, en su discurso, el presidente tunecino señaló a las personas migrantes provenientes, principalmente, del África occidental, “hordas de inmigrantes ilegales del África subsahariana”, como parte de una “empresa criminal […] dirigida a cambiar la composición demográfica de Túnez”, para convertirlo en un país “solo africano” que pierda su identidad árabe-musulmana. Además, acusó a dichas comunidades de ser responsables de “violencias, crímenes y actos inaceptables”.
De esta forma, cuando es el mismo Presidente del Gobierno el que erige un discurso racista que ataca frontalmente a las personas migrantes, se está implantando un escenario de impunidad que, de forma inevitable, ha derivado en continuos ataques por parte de las fuerzas de seguridad estatales, pero también por población tunecina civil, contra las personas negras. Se han producido desalojos por la fuerza de viviendas, incendios de casas, arrestos arbitrarios, robos, despidos, agresiones físicas y verbales, prohibición del uso de determinados servicios públicos como el transporte o la sanidad, etc. Pero también han tenido lugar diferentes muestras de solidaridad, desarrollándose estructuras autoorganizadas que han posibilitado la visibilización y denuncia de dicha oleada de violencia racista amparada e impulsada por el actual Gobierno, y el apoyo económico y material a aquellas personas que han sido víctimas de las razzias nocturnas, y diurnas, ofreciendo desde atención médica a alojamiento o alimentos, etc. Además, han tenido lugar manifestaciones que han servido también como altavoces contra el régimen en su totalidad.
Pero, para entender el porqué de dichas declaraciones justo en este momento, es preciso explicar la actual situación del país. Kaïs Saied, académico y jurista, ganó las elecciones de 2019 presentándose como un tecnócrata independiente, como un candidato alternativo sin vínculo con el escenario político previo surgido tras la Revolución de 2011, que ha derivado en una clase política profundamente desprestigiada por la corrupción, por las esperanzas de cambio insatisfechas y por la inalterable y precaria situación de las clases populares tras la sucesión de unos y otros gobiernos. Sin embargo, rápidamente, la imagen del candidato modernizador cuidadosamente diseñada y construida ha dado paso a la realidad que escondía dicho sujeto, junto al giro autoritario materializado en la detención de opositores, en el bloqueo de derechos y libertades políticas y en la aprobación y desarrollo de importantes cambios normativos sin el trámite parlamentario tras la suspensión de la Cámara, hay que sumar su ataque a cualquier avance en materia de igualdad, su discurso abiertamente homófobo, y la difícil situación económica agravada por una elevada inflación sobre productos básicos como los alimentos que complica aún más la realidad de las clases trabajadoras.
Por ello, sobre todo en relación a este último hecho, la estrategia puesta en marcha es la que ya se ha descrito, responsabilizar a las personas migrantes, criminalizarlas, fijarlas en el foco como chivo expiatorio, generar odio y, por tanto, división entre las propias clases populares.
Por otro lado, aunque guardando una evidente relación, las otras noticias relacionadas con Túnez que podemos leer en la prensa mayoritaria española hacen referencia a los trágicos naufragios que están teniendo lugar frente a sus costas. Si, en 2022, 580 personas fallecieron tras zarpar del país, en 2023, las cifras también resultan ser alarmantes. El 26 de marzo, la agencia EFE informaba de la muerte de 19 migrantes, el tercer naufragio mortal en 72 horas, al que habría que sumar 24 fallecidos y 62 personas en paradero desconocido. El aumento del número de naufragios no es casualidad, es fruto de la conjunción de diversas decisiones políticas. La violencia sobre las personas negras en suelo tunecino y la alianza antimigratoria sellada con el gobierno ultraderechista italiano encabezado por Meloni han tenido un efecto directo, agravando los peligros y riesgos del trayecto.
Pero, como se ha descrito, la movilización social sigue presente en Túnez, si bien el régimen pretendía usar las últimas elecciones como instrumento de legitimación, la jugada les ha salido realmente mal. Una muy elevada abstención, impulsada por grupos feministas, sindicales, rivales políticos, etc., que ha dejado las cifras de participación en números completamente ridículos, así como la movilización en la calle contra la carestía de la vida, que acabó materializada en una jornada de huelga general, contra las reformas autoritarias, contra la represión, contra los pogromos racistas, etc., esperemos que sirvan para dotar a las clases trabajadoras tunecinas y migrantes de estructuras propias y nuevas dinámicas de lucha que impulsen el cambio social pretendido por la histórica Revolución del Jazmín, responsable de alterar por completo el panorama político del Magreb a Asia Occidental.
