Recientemente, los titulares de los grandes medios de desinformación se han llenado de declaraciones de Yolanda Díaz, la gran esperanza actual de la izquierda parlamentaria, en las que aludía a la necesidad de un nuevo «contrato social». Como creo haber leído algo sobre el asunto en algún viejo manual de filosofía política, me parece recordar que eso del contrato alude a un supuesto pacto originario entre los hombres para ceder su libertad, fundar el Estado y a joderse todos sometiéndose a la autoridad política. Sí, creo que en otras teorías el contrato lo que funda es la sociedad civil, pero seamos serios, cada vez que alguien nos ha venido con esto, lo que se legitima con seguridad es una instancia coercitiva que, en nombre de unos pocos, arrebata el poder decisorio al conjunto de la sociedad. Como uno no recuerda haber hecho ningún pacto, ni contrato alguno, para ceder su potestad individual, ni pretendemos ahora realizar otro en similares condiciones, seguiremos empecinados en apostar por un acuerdo, precisamente, para desmantelar el Estado y ceder el poder a la sociedad civil. ¡Toma ya! Uno, que posee un encomiable espíritu ácrata, con algún que otro tic nihilista, considera que toda esta jerga retórica no es sino una artimaña para, una vez más, monopolizar la violencia en manos de unos pocos, de uno u otro pelaje, legitimar el privilegio y que las cosas continúen más o menos como estaban.
Son ya dos años de gobierno de la, llamada, coalición del gobierno más progresista de la historia de este inefable país. Tal vez, eso no sea decir mucho. El caso es que, ¿puede decirse que ha habido una verdadera transformación respecto a cuando gobierna la derecha? Veamos. Una de las promesas de los que gobiernan fue la derogación de la reforma laboral, «recuperaremos los derechos laborales arrebatados», aseguraron; incluso, en pleno estado de alarma tras estallar la pandemia del coronavirus, se reafirmaron en ello. Muy pronto, el Partido Socialista se desdijo de aquello, es cierto que sus socios de gobierno clamaron al cielo en alguna ocasión, pero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, acabó declarando que en realidad aquello era inderogable por no sé muy bien qué cuestiones técnicas. Hay quien asegura que lo que dijo Díaz, militante del Partido Comunista, era más falso que Judas, pero a estas alturas ya parece dar un poco igual. A finales del año pasado, llegaron una serie de reformas laborales, pero hay que recordar que prometieron, e incluso firmaron, derogar la reforma laboral del PP en 2012. Sí, son anatema las políticas del PP, pero hay que echar para atrás, hacer un poco de eso tan necesario en este bentido país que es la memoria, y comprobar lo que los gobiernos socialistas de González y Zapataro hicieron con las leyes laborales; todo atado y bien atado para una paulatina precarización del mercado de trabajo, gobiernen unos u otros.
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