En la década de los años 60 del pasado s. XX el régimen franquista daba claras muestras de agotamiento, lo que coincidió con una creciente conflictividad social en diferentes ámbitos. Para entonces ya era evidente que el Estado español tendría que delinear un futuro político sin Franco. En aquel momento a diferentes sectores del régimen, con intereses propios, se les permitió existir y desarrollarse dentro de los márgenes del sistema político establecido. Estos son, por ejemplo, los casos de la Iglesia católica, con el Opus Dei a la cabeza, pero también de sectores conservadores y monárquicos vinculados a diferentes figuras de cierto relieve político nacional como eran en aquel momento Manuel Fraga y José María de Areilza. Ya a comienzos de los años 70 estos sectores estaban haciendo planes para después de la desaparición de Franco. Mientras tanto, EEUU a través de la CIA, y con el firme propósito de asegurar que el Estado español cumpliese con sus compromisos internacionales después de muerto Franco, diseñó el proceso de remodelación interna del sistema político franquista, tal y como lo demostró Alfredo Grimaldos en su investigación La CIA en España. Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington.

Así pues, la denominada transición política no fue otra cosa que un gran lavado de cara del régimen franquista con el que este se reconvirtió, de la noche para la mañana, en un régimen parlamentarista y constitucional. Un parlamentarismo que conservó todo lo esencial del franquismo como, por ejemplo, sus estructuras de gobierno, los aparatos de represión, innumerables leyes, etc. A esto cabe sumar la integración de la elite política franquista en el régimen instaurado por la constitución de 1978 mediante el conveniente lavado de cara a través de una campaña mediática perfectamente aderezada para el momento histórico, de manera que personajes que venían de las entrañas del franquismo, como el propio Adolfo Suárez o el general Gutiérrez Mellado, pasaron por ser demócratas de toda la vida. De esta forma las grandes familias políticas procedentes del franquismo conservaron sus posiciones de poder en el establishment bajo la nueva fachada parlamentarista con la que este fue revestido, al mismo tiempo que se dotó de la necesaria legitimidad con la que disponer de una adecuada base social que le proveyese de la correspondiente estabilidad. Esto último fue logrado por medio de los pactos de la Moncloa y con la integración de la oposición política que fue cooptada por los mecanismos de poder del franquismo. Gracias a esto la conflictividad social fue desactivada y canalizada a través de y hacia las instituciones establecidas por la constitución de 1978.

La constitución española de 1978 remozó y validó lo esencial del sistema franquista, al tiempo que lo homologaba a los sistemas políticos de Europa occidental. Suele decirse que este cambio significó una apertura que no tenía precedentes si la comparamos con la etapa política precedente. Pero hay que señalar que el régimen franquista como tal, en su etapa final y a pesar de la represión aplicada contra las protestas populares, ya no guardaba los rasgos propios de un sistema dictatorial clásico como, sin embargo, ocurrió en su etapa inicial. Por otro lado la reconversión formal del franquismo en un sistema parlamentario era algo inevitable, en tanto en cuanto era la única salida política que este régimen tenía en el contexto geopolítico de la Europa occidental de la década de 1970. Portugal fue, en cierto modo, un preludio de lo que posteriormente ocurriría en el Estado español, y en gran medida dejaba bien claro el rumbo que debía tomar el desarrollo político de los acontecimientos.

Además de todo lo anterior es importante destacar que la constitución, en esencia, supuso un cambio formal en el marco general del sistema de dominación. El reconocimiento formal de diferentes libertades y derechos fue hecho, a fin de cuentas, a costa de una permanente tutela de la sociedad. En este sentido el Estado español, por medio de innumerables leyes, se encargó de servirse de la constitución de 1978 como instrumento de control y regulación de la población para mantenerla dentro de unos márgenes de conflictividad social aceptables para el propio régimen. Por decirlo de alguna manera la constitución de 1978 sirvió para pacificar a la población al tiempo que la oposición política era incorporada a las instituciones establecidas de las que pasaron a ser sus gestores, todo ello a cambio, claro está, de la más completa impunidad para los principales jerarcas del franquismo responsables de innumerables crímenes y atropellos cometidos tanto durante la guerra civil como durante el propio franquismo. Todo esto viene a hacer de la oposición política, que se integró en el sistema constitucional, cómplice de los principales responsables políticos del franquismo, y de los crímenes perpetrados por este régimen.

La naturaleza de cualquier constitución no es otra que la tutela de la sociedad por el Estado. La constitución establece el marco jurídico en el que se desenvuelve dicha tutela con la que el Estado regula, supervisa y gestiona por medio de las leyes las libertades y derechos formales que son otorgados a la población. Pero en la práctica la sociedad permanece cautiva y sometida a la estructura de intereses que representa el Estado y su elite dirigente. Por todo esto la promulgación de la constitución de 1978 no fue otra cosa que una manera de reformar la dominación del Estado español sobre la sociedad, para lo que desarrolló nuevos métodos e instrumentos a partir de las viejas estructuras de poder generadas en su momento por el franquismo. Al mismo tiempo los principales estamentos del statu quo franquista, como militares, policía, jueces, fiscales, altos funcionarios, etc., continuaron en sus puestos y en no pocos casos lograron medrar a la sombra del régimen constitucional.

Pero el régimen del 78 no ha resultado ser imperecedero y con motivo de la crisis económica de 2007 ha entrado en decadencia, a lo que se le unen una serie de condiciones políticas, sociales e institucionales que han contribuido a agravar esa tendencia por la que se desliza cada vez con mayor rapidez. Si en 2011 el movimiento popular 15M fue un claro indicador del estado de evidente deterioro en el que se encuentra dicho régimen, los acontecimientos que han venido sucediéndose desde entonces no han hecho otra cosa que confirmar lo que por todos es sabido. La falta de legitimidad de las instituciones, el creciente descrédito hacia el sistema establecido pero muy especialmente hacia la clase política en particular, se ha combinado con unos constantes, y en ocasiones mayúsculos, casos de corrupción a diferentes niveles, lo que demuestra que, lejos de tratarse de casos aislados son, por el contrario, el claro reflejo de un hecho ya incontestable que no es otro que el carácter eminentemente corrupto del sistema establecido. Nada de esto ha impedido que el descontento social, y eventualmente las protestas populares, hayan sido canalizadas a través de las instituciones por medio de partidos de nueva creación como es el caso de Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, el proceso de decadencia del vigente sistema constitucional es lo suficientemente amplio como para descartar que pueda ser solventado con una “mejor representación política” de la sociedad.

La situación de decadencia del régimen del 78 y el hecho de que se dirige a marchas forzadas hacia una crisis política, social e institucional, no ha servido mas que para suscitar la división en el seno de la elite dirigente. Encontramos que los principales partidos del sistema de dominación plantean modelos de país diferentes, y que todo esto ha contribuido a generar confusión entre los máximos representantes del establishment. En lo que a esto respecta las posturas son diversas, pero existe un acuerdo bastante amplio sobre la necesidad de proceder a una reforma general del régimen del 78. Sobre lo que no hay acuerdo es sobre la dimensión de dicha reforma y el contenido de la misma, lo que se ve claramente reflejado en las distintas posturas que los máximos representantes del orden constituido ponen de manifiesto en sus debates públicos. Así, no son pocos los que se plantean una reforma constitucional parcial, y otros que directamente abogan por la redacción de un nuevo texto constitucional con la apertura de un proceso constituyente. La tendencia general en cualquier caso no es otra que la de reformar el actual sistema de dominación para darle continuidad en las próximas décadas, de manera que disponga de la necesaria estabilidad tanto política como social e institucional que le permita afrontar los nuevos retos que se le plantean al Estado español en la esfera internacional. Esta reforma sería en todo caso un gran lavado de cara con el que realizar una serie de cambios cosméticos con los que generar una nueva legitimidad mediante la construcción de unos amplios consensos sociales y políticos. Sin embargo, esta tarea parece ser cada vez más difícil de encarar por la elite dominante en tanto en cuanto persiste el desacuerdo en su seno, hasta el punto de que su división interna es trasladada a la sociedad creando de esta forma un estado de confusión que es en el que actualmente se encuentra el Estado español.

Los movimientos de protesta generados en el año 2011 fueron un toque de atención importante del que una parte de la elite dirigente tomó nota. La aparición de Podemos ha contribuido de manera considerable a pacificar la sociedad mediante una creciente desmovilización popular, y sobre todo a reconducir las protestas fruto del descontento social hacia un régimen que es fuente de toda clase de males. Pero el descrédito de esta formación y de otros partidos de reciente creación no ha servido para reconducir la situación hacia una salida institucional del atolladero en el que se ha metido un régimen, como es el del 78, que ya es incapaz de reciclarse ni de reinventarse. Ante esta coyuntura la crisis política e institucional en Cataluña ha servido para avivar las tensiones internas, lo que ha ahondado en parte la división que arrastra la elite dirigente y que se manifiesta en la debilidad que en el plano gubernamental demuestran las instituciones a la hora de dar respuesta a los diferentes desafíos que se le presentan a distintos niveles. La confusión e indecisión de las elites, ante la ausencia de una hoja de ruta clara a través de la que encauzar el desarrollo de los acontecimientos, únicamente puede contribuir a la permanente improvisación, sobre todo si a ello le sumamos la debilidad política del régimen ante la elevada fragmentación partidista que existe en las diferentes instancias institucionales.

La improvisación es, a fin de cuentas, una constante en la política española desde el s. XIX si exceptuamos el período franquista y las tres primeras décadas del régimen del 78. Se trata de un rasgo inherente del Estado liberal español como consecuencia de los permanentes trastornos políticos y sociales que ha generado, lo que únicamente ha servido para ahondar las sucesivas crisis que han propiciado la experimentación generada por la división política y las persistentes luchas en el seno de la elite dirigente. Así las cosas, no es para nada descartable el comienzo de un nuevo ciclo de inestabilidad y experimentación en el que las distintas facciones de la elite dominante, enrocadas en sus respectivas posiciones políticas, traten de poner en práctica sus correspondientes proyectos políticos al mismo tiempo que no dudan en poner en marcha distintos procesos de politización de la sociedad con los que arrastrar a elementos populares a sus particulares luchas intestinas.

La constitución de 1978 fue una imposición del Estado español para regular y perfeccionar su dominación sobre los diferentes pueblos que abarca. Con la constitución de 1978 no llegó la libertad, pues ninguna constitución ha liberado nunca a ningún pueblo sino que por el contrario lo ha sometido más y mejor a la dominación del Estado y de su elite dirigente. La susodicha constitución ha servido para impedir que la sociedad participe en política, y que por el contrario sea una casta de políticos la que se encargue de monopolizar el debate y la gestión de cuestiones públicas. Este aspecto de la constitución de 1978 deja bien claro el carácter profundamente autoritario del régimen que originó. De este modo la sociedad es completamente marginada de los asuntos que le afectan directamente sin poder participar no sólo en su gestión, sino que ni tan siquiera es consultada su opinión en la práctica totalidad de las ocasiones. Inevitablemente la consecuencia de todo esto es la existencia de un sistema profundamente despótico en el que las necesidades de la sociedad son controladas por una minoría que las utiliza en su propio provecho, y que tiene como resultado la extensión de toda clase de mecanismos de control que derivan en un régimen profundamente opresivo en el que la persona sólo existe como un número, como mercancía, como simple recurso.

Frente al orden burgués y capitalista, con sus sucesivas operaciones de ingeniería política y social, se yergue un cada vez mayor descontento social, pero sobre todo un desencanto hacia las instituciones establecidas así como hacia sus principales representantes. Si bien la apatía y la desmovilización reinantes son perjudiciales para cualquier proyecto de transformación social, es evidente que para un sector de la sociedad el sistema parlamentarista nacido en 1978 ya no tiene nada que ofrecer salvo maldades y perjuicios que sólo redundan en directo beneficio de los poderosos. Este escenario social puede llegar a ser una ventana de oportunidad política para impulsar un cambio de carácter transformador y emancipador, sobre todo a partir de una práctica basada en la autoorganización colectiva. Históricamente está demostrado que cuando la elite dirigente está dividida es débil, y que esa debilidad cuando es aprovechada por el pueblo llano se traduce en fortaleza de este último y en miedo para las elites que se aprestan a hacer concesiones para ganar tiempo y pacificar la sociedad. Pero el que se logre aprovechar esta situación dependerá en gran parte de la capacidad de seducción que tenga la puesta en práctica de ideas revolucionarias dirigidas a construir una sociedad sin clases, y por tanto sin Estado y sin capitalismo. En este sentido la coherencia entre la teoría y la práctica constituye un valor fundamental, especialmente en la medida en que representa la prueba del algodón que sirve para diferenciar los simulacros de la verdadera voluntad transformadora que se manifiesta en la vida cotidiana, y consecuentemente en el cambio de la realidad más inmediata. Sin esto cualquier proyecto transformador sólo es castillos en el aire que el viento de los acontecimientos se lleva volando. De esto dependerá en gran medida que llegue a frenarse el intento de la elite dirigente de reformar el sistema de dominación para darle continuidad por otras 4 décadas más.

Esteban Vidal

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