Despedimos este asqueroso año 2020 en plena crisis, sanitaria y de todo tipo, y con la incertidumbre de no saber muy bien en qué manos estamos. El gobierno de progreso ha decidido iniciar la vacunación masiva contra el maldito virus y, como en tantas otras cuestiones, y al margen de la decisión personal que finalmente adoptemos, nos asaltan multitud de dudas sobre el (también, maldito) poder, tanto económico como político, que vienen a estar entrelazados. Vaya por delante que me distancio de forma abisal, de los inefables antivacunas, tantas veces amantes de teorías estrambóticas y conspiranoicas. Sabemos muy bien cuáles son los intereses de las empresas farmacéuticas, tantas veces colocando el beneficio por encima de la salud de las personas, pero una cosa es eso y otra ya perder el norte sobre lo que es o no científico (es decir, demostrable como válido, en este caso para sanar o prevenir). Las vacunas han permitido avances innegables en la lucha contra las enfermedades, aunque ello se haya producido en una modernidad marcada todavía por graves desigualdades sociales y con gran parte del planeta sin acceso a bienes esenciales, entre los que se encuentra una buena sanidad.
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