Como publicamos hace unos días en Redes Libertarias, frente al grato retroceso de la pena de muerte en la mayoría de los países, en lo que va de este año 2025 más un millar de personas han sido ejecutadas en Irán ante el silencio de gran parte de la comunidad internacional. Desde el inicio de la llamada revolución islámica en 1979, se han sucedido las ejecuciones de disidentes políticos y toda protesta ha sido brutalmente sofocada. Incluso, desde hace unos pocos años, la naturaleza de las manifestaciones ha sido vista como influenciada por el anarquismo al carecer de líderes y no verse instrumentalizadas por fuerzas políticas; desgraciadamente, la represión ha sido especialmente terrible con miles de asesinados e incontables detenciones. A partir de las protestas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, producidas en 2022 a raíz de la muerte a manos de fuerzas policiales de una mujer acusada de no cumplir con las normas del hiyab, el Estado iraní ha incrementado el uso de la pena capital como castigo y herramienta de sometimiento; también, para acabar con toda disidencia política, con minorías étnicas y manifestantes de todo tipo. Hablamos de un régimen terriblemente autoritario que restringe libertades elementales como las de expresión, asociación o reunión; la discriminación y violencia sistemáticas se producen sobre mujeres, niñas, personas LGBTI y minorías de diversa índole. Como denuncian organismos de defensa de los derechos humanos, infinidad de personas son detenidas arbitrariamente, torturadas y procesadas con penas crueles e inhumanas.





