La Federación Anarquista de Gran Canaria se ha convertido en un referente. Han promovido once comunidades de viviendas de autogestión vecinal y numerosos proyectos de realojo de personas en situación de riesgo: La Marisma. Hablamos con uno de sus portavoces, Ruymán Rodríguez, inmerso en un proceso judicial por su militancia en estos proyectos.
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Los montajes policiales contra el movimiento anarquista han estado, y siguen estando, a la orden del día. El militante ácrata Ruymán Rodríguez tenía esta semana un juicio, finalmente aplazado, acusado de haber atentado contra la autoridad. Ruymán denunció a tres agentes de la Guardia Civil, por torturas y detención ilegal, y estos a su vez afirmaron que el activista canario les propinó una patada. Rodríguez es un conocido luchador por el derecho a la vivienda, en la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC); tanto esta organización, como el Sindicato de Inquilinas de la isla, califican el caso como un montaje y una persecución política. Para entenderlo, hay que tener en cuenta el proyecto autogestionado de La Esperanza, en el que una serie de bloques de viviendas deshabitados en el municipio canario de Santa María de Guía fueron socializados por la FAGC con más de 200 personas realojadas. El sistema tenía que poner remedio a este mal ejemplo de la autogestión y, como no conciben un activismo verdaderamente antiautoritario, fueron a por Ruymán pensando que iban a acabar con el lider del proyecto.
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El próximo 24 de marzo la ejemplar democracia española celebrará una nueva farsa, un juicio por otro montaje policial y judicial que sólo busca esconder otro caso de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La fiscalía pide 1 año y 6 meses de cárcel, además de 770 euros de multa, a nuestro compañero Ruymán Rodríguez por supuestamente haber dado una patada a un guardia civil en el cuartelillo donde se le retenía y torturaba después de una detención ilegal.
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En unas semanas seré enjuiciado y también, indudablemente, condenado. Se me acusa de un delito de «atentado a la autoridad» (poético, para un anarquista) y se me pide un mínimo de 1 año y 6 meses de prisión y 770 pavos de multa. Todo esto por supuestamente haber dado en 2015 una patada a un guardia civil en el cuartelillo donde se me retenía y torturaba con la finalidad de intimidarme y desestabilizar el proyecto autogestionario de vivienda de la Comunidad «La Esperanza», ubicada en el municipio grancanario de Guía.
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