Como muchos saben, el 1 de agosto del 2017 desapareció Santiago Maldonado en el marco de un allanamiento ilegal por parte de Gendarmería en el Pu Lof Cushamen donde la comunidad mapuche resiste la embestida del Estado y los empresarios sobre sus territorios ancestrales. Santiago, compañero anarquista, estaba acompañando solidariamente a los miembros de la comunidad en un corte de ruta, exigiendo la libertad del lonko Facundo Jones Huala, ilegalmente preso por una alianza entre los Estados argentino y chileno, al momento de su desaparición. Durante meses se reclamó por su aparición con vida, y miles de personas salieron a la calle exigiendo una respuesta del Gobierno y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El cuerpo de Santiago aparece el 17 de octubre, metros río arriba de donde fue visto por última vez con vida. Luego de ser reconocido por sus familiares, 55 peritos realizaron una autopsia al cuerpo que demoró más de un mes en concluirse. Se confirma que Santiago murió ahogado, y se dice que su cuerpo no presenta lesiones. Este resultado, deja sin respuesta muchas preguntas al día de hoy: ¿Cómo se ahogó Santiago en una parte del río donde hacía piso? ¿Por qué alguien contestó su teléfono horas después de la supuesta hora de muerte? ¿Por qué tardó tanto en aparecer su cuerpo? Claramente este caso está lejos de ser resuelto y de que se castigue a los culpables. De hecho, solo un gendarme fue imputado por la muerte de Santiago, y ha sido recientemente ascendido por el Ministerio de Seguridad.
Los días desde la aparición del cuerpo a cuando se dieron a conocer los resultados de la autopsia fueron de mucha movilización y angustia. Miles volvieron a salir a las calles exigiendo justicia, y cientos se congregaron en la morgue. El mismo día que se dieron a conocer los resultados de la autopsia, un violento desalojo nuevamente dirigido a la comunidad mapuche en Bariloche resulta en el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Las fuerzas implicadas esta vez son la Policía Federal y Prefectura. La ministra Bullrich y la vicepresidente Gabriela Michetti salen en defensa de las fuerzas de seguridad, alegando que no van a poner en duda su versión. Finalmente, aunque la investigación confirma que Rafael Nahuel estaba desarmado y fue tiroteado por la espalda, nadie se ha pronunciado desde el Estado al respecto. A pesar de que la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado había permitido visibilizar el conflicto territorial que enfrenta la comunidad mapuche en la Patagonia con empresarios terratenientes como Benetton y Lewis, ello no alcanzó para que el pueblo vuelva a solidarizarse del mismo modo frente a esta nueva muerte. No volvieron a salir cientos de miles a reclamar justicia por Rafael Nahuel, un indígena no parece generar la misma empatía en la población. Para nosotros es muy importante que las acciones que se hagan para difundir lo que pasa acá en la Argentina, contextualicen la muerte de Santiago en lo que es la lucha y la justa reivindicación del pueblo mapuche por sus tierras y quede claro que él no es la única víctima de esta guerra del Estado contra los pueblos originarios y quienes se solidaricen con ellos. No contribuyamos a seguir invisibilizándolos.
Mientras el Estado acompaña y auspicia la usurpación de tierras por parte de empresarios extranjeros, persigue y criminaliza al pueblo mapuche. Los medios contribuyen instalando la idea de que los mapuches son «chilenos», «terroristas», «violentos». Por otro lado, avanza el ajuste neoliberal, cada vez hay más despedidos, tarifazos, inflación, y se propusieron dos reformas, la previsional y la laboral. La primera afecta fuertemente a jubilados y a las mujeres que reciben el subsidio de la asignación universal por hijo y fue aprobada a pesar de las masivas aguerridas manifestaciones de un pueblo que se dispuso a defender a sus sectores más vulnerables. La criminalización de la protesta ha ido aumentando de mano a la gravedad de las medidas adoptadas por el Gobierno. Se detuvieron alrededor de 60 personas en cada una de las dos marchas contra la reforma previsional, usando un método ya común en las marchas de cacería y detención injustificada. La persecución es clara, se han realizado allanamientos arbitrarios en las casas de algunos detenidos; utilizando como evidencia material político, sobre todo anarquista, los jueces prometen aplicar leyes más duras contra los manifestantes, y de hecho aún permanecen varios detenidos.
La medida más evidente ha sido el lanzamiento del informe RAM, realizado en conjunto por el Ministerio de Seguridad, y los gobiernos provinciales de Nequén y Río Negro. En sus 180 páginas, se mencionan, mezclando sin ningún criterio salvo la intención de criminalizar agrupaciones y ligarlas con un supuesto enemigo interno, que sería una agrupación de Resistencia Ancestral Mapuche y tendría lazos muy convenientes, con sectores del anarquismo, la izquierda, las agrupaciones de solidaridad con la lucha kurda, las FARC y un sindicato. Ya nos hemos explayado al respecto en otro comunicado.
En las próximas semanas se tratará la reforma laboral, acá en Argentina, y el Gobierno se está preparando: ya compraron 15 millones de balas de goma. En la última manifestación cuatro personas perdieron la vista a causa de las mismas.
Entendemos que se vienen momentos de más persecución y criminalización. Llamamos a nuestros compañeros de todo el mundo a ayudarnos a difundir la situación y solidarizarse con quienes luchamos contra este Estado genocida y usurero.
FLA
Publicado en Tierra y libertad núm.355 (febrero de 2018)