El 1 de agosto de 2017 Santiago Maldonado se encontraba apoyando una protesta de la comunidad mapuche de Cushamen, en la provincia del Chubut, por la liberación del preso político Facundo Jones Huala. La Gendarmería argentina dispersó la protesta, persiguió a los manifestantes dentro de las tierras de la comunidad hasta llegar a un río, donde pudieron escapar, salvo Santiago.
Miembros de la comunidad aseguran que Santiago fue detenido por la Gendarmería. Desde ese momento estuvo desaparecido durante 77 días hasta que su cuerpo fue encontrado en el río, a 300 metros del lugar donde lograron escapar el resto de los manifestantes.
El Gobierno argentino niega el asesinato y los grandes medios de comunicación amplifican su mensaje asegurando que fue un accidente y que Santiago se ahogó solo.
Es sabido que las fuerzas de seguridad cumplen la función de proteger los intereses de las empresas y los grandes terratenientes de la Patagonia, comandados por este Gobierno de turno. El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación dirigió en persona el operativo de represión.
Cuatro meses después, el 25 de noviembre, otro asesinato perpetrado por la Prefectura argentina, también en la Patagonia, nos da la certeza de lo sucedido a Santiago. Fue asesinado Rafael Nahuel, de 21 años, fusilado por la espalda, cuando intentaba escapar de una nueva represión al pueblo mapuche.
El pueblo mapuche está sufriendo persecución, difamación, asesinatos y cárcel.
Algunos preceptos ancestrales de la cosmovisión mapuche entran en contradicción directa con la lógica del Capital. No reivindican la propiedad privada, sino la comunal. Tampoco quieren un Estado y, sobre todo, cuestionan a aquel que intentó exterminarlos y los esclavizó bajo los símbolos de la patria.
En el 2007 realizaron la primera recuperación de tierras ancestrales, cuyo «dueño» actual es Benetton. A partir de ese momento los conflictos se intensificaron.
Pero esta confrontación directa, que irrita y pone en cuestión la esencia del Estado y el Capital, ya no puede ser afrontada, como en otras épocas, por el gigantesco poder prebendado del Estado. Es entonces cuando comienza a ser utilizada como disciplinamiento general.
Para el Gobierno nacional el pueblo mapuche es solo un juguete, una prueba testigo para atemorizar a toda la población e instaurar un clima de impunidad y represión general. Los grandes medios de comunicación son una pieza fundamental para legitimar la represión e impedir la solidaridad y la resistencia: mienten, difaman instigan al odio.
Lejos de los centros urbanos, con problemas de comunicación y de recursos, la fastuosa operación militar y política en la Patagonia se vuelve sanguinaria y anticipa los planes represivos para el resto de Argentina.
A la represión en el sur debe sumarse la ejercida en la provincia más septentrional, fronteriza con Bolivia: Jujuy. Allí la mayoría de la población es de ascendencia indígena. La represión a los trabajadores de los ingenios azucareros se ha cobrado varios heridos y detenidos durante diciembre, entre los que se encuentra un periodista de medios alternativos. A su vez se encuentra detenida, hace casi dos años, una dirigente social vinculada al Gobierno anterior, junto a otros militantes de su organización, mediante un proceso arbitrario que muestra una clara persecución política.
Mientras en el sur argentino la pelea por la tierra deriva de la necesidad básica de subsistencia de las comunidades mapuches, en el marco nacional los negocios son mucho más suculentos y apetecibles, aunque íntimamente relacionados con aquellos*.
El nuevo Gobierno asumido en diciembre de 2015 inició una política económica de fuerte redistribución del ingreso nacional hacia los sectores más ricos.
Se produjo un incremento de los servicios básicos: gas 200 por cien, luz 400 por cien, agua 300 por cien. Durante el 2016 el poder adquisitivo de los alimentos básicos se redujo un 29 por cien (IndEP-CEPA). Esto se suma a una economía recesiva que va generando despidos en muchas empresas, además de los producidos por los recortes en el presupuesto del Estado.
Se estima que la transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía rondan los 70.000 millones de dólares durante el 2016 (PBI 2016: 500.000 millones de dólares) debido al aumento de los servicios, la condonación de deudas a las empresas y la eximición de impuestos a los terratenientes (Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja y tercer exportador mundial de maíz y biodiésel).
La tasa de pobreza es del 33 por cien de la población (menos de 86 dólares por mes) y de indigencia del 7 por cien (menos de 36 dólares por mes), según datos de organismos oficiales.
Pero sabemos que el capital es voraz y no cesa.
También en la Patagonia, ciudad de Neuquén, 15 días después del asesinato de Rafael Nahuel el Gobierno provincial comenzó a recortar el presupuesto en salud. Ante la protesta sindical la respuesta fue una brutal represión que dejó hospitalizados a muchos trabajadores, incluidos diputados de la oposición.
Tres medidas ocupan la agenda para propiciar el próximo latigazo a los trabajadores: la reforma previsional, la reforma tributaria y la reforma laboral.
La primera fue aprobada el lunes 18 de diciembre por el parlamento nacional, luego de una multitudinaria manifestación que se estima entre 200 y 500 mil trabajadores.
La principal central sindical (CGT, Confederación General del Trabajo) no se movilizó, pero muchos sindicatos de base, adheridos, participaron igual.
La represión fue feroz, con un saldo que superó los 80 detenidos e infinidad de heridos.
En Buenos Aires las fuerzas de represión no han utilizado aún balas de plomo, como sí han hecho en la Patagonia. Se han limitado al uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma, carros hidrantes y garrotes, pero el uso de estos elementos superaron claramente el manual policial de dispersión de multitudes.
Los hechos fueron una muestra del segundo escalón (luego de la muerte de Santiago y Rafael) para generalizar el miedo en todo el territorio, desmovilizar, demostrar impunidad y avanzar hacia el próximo paso. La prensa que cubría los sucesos fue atacada permanentemente con gas y balas de goma y quedaron varios periodistas heridos. Los grandes medios no cubrieron la movilización, solo difamaron los enfrentamientos violentos reclamando sangre y detenciones.
Pero, si bien el Gobierno logró el primer punto de su agenda el 18 de diciembre, unos días antes había tenido que postergar la aprobación de la ley gracias a otra enorme movilización, que obligó al Gobierno no solo a suspenderla, sino a retirar el enorme operativo militar encargado a la Gendarmería, la misma fuerza que asesinó a Santiago Maldonado. De esa jornada aún quedan dos detenidos.
La Gendarmería nacional, fuerza militar encargada de vigilar las fronteras, fue reemplazada por la policía de la ciudad para reprimir el 18 de diciembre. Un paso atrás para el Gobierno, conseguido por la movilización popular, pero a la espera de dar dos hacia adelante.
No cabe duda de que el Gobierno, a cargo de las fuerzas represivas del Estado, quiere saltar a un próximo escalón represivo y alargar su brazo asesino, desde la Patagonia a todos los rincones de resistencia.
Al cierre de este artículo el Ministerio de Seguridad presentó un informe en el que acusa a una «supuesta» organización llamada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) de actos terroristas, y establece vínculos con organizaciones sociales y políticas (entre los que menciona a la Federación Libertaria Argentina).
El informe es un burdo trabajo con datos falsos y tendenciosos, cuyas fuentes son en su mayoría artículos periodísticos, pero presentado con rango ministerial.
El mecanismo de dominio está funcionando al desnudo. El Gobierno dice al oído a los grandes medios de comunicación quiénes deben ser estigmatizados, perseguidos y detenidos (¿o es al revés?). Los medios ablandan a la opinión pública durante un tiempo, el Gobierno mide el impacto y manda a los jueces a reprimir y encarcelar.
Diseñan una sofisticada dictadura.
Los medios de comunicación que no son cómplices directos son arrinconados judicialmente y varios periodistas fueron expulsados bajo clara presión gubernamental. Algunos miembros del principal partido opositor están encarcelados con causas fraudulentas y 11 diputados fueron denunciados penalmente, por el Gobierno, por apoyar las últimas manifestaciones.
Pero, aún con la cantidad de hechos expuestos hasta aquí, todos tienen muy presentes las revueltas del 19 y 20 de diciembre de 2001, saben que el futuro no está comprado, ni diseñado a su gusto, y las movilizaciones gigantescas de diciembre de 2017 muestran una multitud dispuesta a enfrentar.
Por su parte, la FLA se solidariza con el pueblo mapuche, con sus justas intenciones de recuperación de las tierras comunales en manos de empresas y terratenientes, con la libertad de Facundo Jones Huala y de todos los luchadores que están siendo perseguidos.
Juan Iyambae
Publicado en Tierra y libertad núm.354 (enero 2018)
* En la Patagonia los negocios se han vuelto interesantes, no solo para Benetton, que posee 900.000 hectáreas, sino para la explotación minera y petrolera, de ahí la persecución encarnizada al pueblo mapuche.
