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Continúa el esperpento monárquico

Este que sufrimos ya en la futurista fecha de 2026 es el autoproclamado gobierno más progresista de la historia, lo cual dice mucho seguramente de la capacidad que tiene cualquier gobierno para el progreso. La capacidad de este legislativo para aferrarse al poder es tal que uno de sus últimos movimientos ha sido desclasificar los documentos sobre el intento de golpe de Estado de febrero de 1981. La intención era, de cara a la galería, clarificar de una vez por todas qué ocurrió en aquello, quiénes eran los implicados, y bla, bla, bla, aunque habría mucho que decir sobre la selección de lo que se ha querido sacar a la luz. Al parecer, el facherío, que siempre ha visto al antiguo monarca Juan Carlos como un traidor, ha querido seguir involucrándole en la intentona golpista; dicha desclasificación, seguramente por ser su intención principal de cara a ese horror llamado opinión pública, ha terminado por «limpiar» su nombre y restituirle como uno de los héroes de la Transición democrática. ¡Alucinemos, una vez más, con las acciones del gobierno ultramegaprogresista! Al margen de que el emérito estuviera o no implicado en aquello, vamos a presuponer que no, de acuerdo; de hecho, en continuidad con la transacción que fue el paso del franquismo a la democracia, asegurando el chiringuito a los que mandan, resulta dudoso que más allá de cuatro imbéciles la clase dirigente quisiera dar un paso atrás al respecto. Si no hubiera un proceso de clara involución intelectual, si gran parte del personal no tuviera sus capacidades cognitivas mermadas, si la memoria no ejerciera apenas ya su función y la honestidad brillara cada vez más por su ausencia, nos fijaríamos bien en lo que el llamado Juan Carlos I hizo y supone. ¡Vamos allá! Y, por favor, para los bodoques reaccionarios que lean esto, no me creáis a mí, activad las neuronas e investigad un poquito dejando a un lado vuestro lamentable imaginario social y político.

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Coalición de progreso

Son ya dos años de gobierno de la, llamada, coalición del gobierno más progresista de la historia de este inefable país. Tal vez, eso no sea decir mucho. El caso es que, ¿puede decirse que ha habido una verdadera transformación respecto a cuando gobierna la derecha? Veamos. Una de las promesas de los que gobiernan fue la derogación de la reforma laboral, «recuperaremos los derechos laborales arrebatados», aseguraron; incluso, en pleno estado de alarma tras estallar la pandemia del coronavirus, se reafirmaron en ello. Muy pronto, el Partido Socialista se desdijo de aquello, es cierto que sus socios de gobierno clamaron al cielo en alguna ocasión, pero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, acabó declarando que en realidad aquello era inderogable por no sé muy bien qué cuestiones técnicas. Hay quien asegura que lo que dijo Díaz, militante del Partido Comunista, era más falso que Judas, pero a estas alturas ya parece dar un poco igual. A finales del año pasado, llegaron una serie de reformas laborales, pero hay que recordar que prometieron, e incluso firmaron, derogar la reforma laboral del PP en 2012. Sí, son anatema las políticas del PP, pero hay que echar para atrás, hacer un poco de eso tan necesario en este bentido país que es la memoria, y comprobar lo que los gobiernos socialistas de González y Zapataro hicieron con las leyes laborales; todo atado y bien atado para una paulatina precarización del mercado de trabajo, gobiernen unos u otros.

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Cambiarlo todo para no cambiar nada: Podemos, el liberalismo y la inmutabilidad de las leyes

“Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”– El Gatopardo, Giuseppe Tomasi de Lampedusa (1958)

El 1 de julio de 2015 entraba en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como Ley Mordaza– aprobada por la mayoría absoluta con la que contaba entonces el gobierno de Rajoy. Todos los grupos de la oposición recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional, el cual en noviembre de 2020 dictó sentencia diciendo que la mordaza del PP era perfectamente válida, salvo por un punto: el artículo que prohibía grabar imágenes de la policía era inconstitucional, pues suponía una censura previa.

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